Artículo de Sergio Arancibia publicado en las páginas digitales de EL MOSTRADOR el día 03 de enero de 2024.
Lo que en las estadísticas económicas chilenas se identifica como trabajadores informales suman, en el trimestre agosto-octubre de 2023, un total de 2.4409.048 personas. Ello corresponde al 27 % de la fuerza de trabajo, lo cual convierte el problema de la informalidad no solo en un problema económico, sino en un problema social de primera magnitud.
La definición de trabajo informal utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas reconoce como tal a “las unidades económicas que carecen de registro en el Servicio de Impuestos Internos, y que carecen de una contabilidad con la cual se pueda a separar los ingresos del hogar y los gastos del negocio”. En esta categoría económico-social se incluyen, por lo tanto, no solo a las personas que venden todo tipo de bienes en las veredas de las calles de mayor circulación, sino también a una cantidad importante de trabajadores por cuenta propia – tales como artesanos, pintores, mecánicos, trabajadores domésticos, jardineros, vigilantes de carros, la señora que hace y comercializa tortas en su casa, o que hace algunas actividades de costura, etc. También se incluye a muchas pymes que no tienen registro en el SII, pero que realizan una actividad productiva o comercial sostenida, útil y reconocida socialmente, sobre todo a nivel de barrio o de población, y que contratan trabajadores en forma permanente, que también se incluyen dentro del sector informal.
Las unidades económicas informales, al no estar registrados en el SII, no hacen aportes tributarios a las arcas fiscales. Formalizarlos aparece, por lo tanto, como una medida que incrementaría los ingresos fiscales. Reducir la informalidad, a su vez, incrementaría las ventas, los ingresos y las ganancias de los sectores formales, que sí tributan, y por lo tanto, se aumentarían los ingresos tributarios percibidos por el estado, siempre que se acepte que estos últimos no escabullen sus responsabilidades fiscales. Se trata, sin duda, de una argumentación simple y clara. Pero equivocada.
Poner el problema de la informalidad en el terreno de las necesidades fiscales, es una forma errónea de abordar y de intentar solucionar dicho problema. Eso implica no analizar en absoluto cuales son las causas que llevan al 27 % de la población – uno de cada cuatro trabajadores – a refugiarse en la informalidad, ni analizar los beneficios sociales que se generan tanto para el que ofrece bienes y servicios en la informalidad como para quienes compran dichos bienes y servicios, que son también una parte importante de la población. Para que el sector informal exista y se reproduzca se necesita de dos personas – como para bailar el tango – una que compre y otra que venda.
Todas estas reflexiones vienen al caso, pues la Cámara de Diputados acaba de aprobar y dejar listo para convertirse en ley, un proyecto que establece un límite de 3 mil dólares a las importaciones anuales que se pueden realizar por particulares no inscritos en el SII. Con esa medida se pretende limitar las importaciones realizadas a través de los sistemas de courrier, o de puerta a puerta, y hacer que todas esas compras pasen por las aduanas pagando todos los impuestos y aranceles que correspondan. Esa es una medida que lleva a que todas las mercancías importadas destinadas a ser comercializadas internamente queden sujetas a las mismas normas en su ingreso al país, además de ser una medida que probablemente implicará mayores ingresos para el fisco. Pero nadie puede suponer que con eso ni la informalidad, ni los poderes facticos que la rodean, quedan heridos de muerte. En última instancia, la informalidad existe porque el sistema formal no es capaz de absorber a los nuevos contingentes que buscan incorporarse al mercado del trabajo. En otras palabras, las causas fundamentales de la informalidad son la insuficiencia de la inversión, de la creación de empleos y del crecimiento económico, y la inexistencia de mecanismos institucionales que prolonguen la educación y la capacitación de la juventud.
Las medidas encaminadas a dificultar la presencia de la informalidad terminan afectando, molestando o reprimiendo a los afectados, y ganándose su enemistad, pero no eliminándolos. Y si – en un caso hipotético – los eliminaran, se crearían dos millones adicionales de desocupados a los que ya existen hoy en día. El problema de la informalidad debe enfrentarse, en resumen, con una óptica no solo económica, sino también social y política.
