Rubens Francois I., economista
Nadie puede dejar de valorar el contenido del documento resultante de las conversaciones que ha liderado el gobierno con diversos actores económicos, sociales y políticos para arribar a un Pacto Fiscal, tras el rechazo de reforma tributaria presentada al país por el presidente Boric.
Sin embargo, su armado es de un formato que se centra en el corto plazo y a la vez con un tinte de quedar congelado por años. Es decir, si ese acuerdo pretende fijar los parámetros de lo que necesita efectivamente el país para enfrentar el incierto y complejo panorama de su futuro y del propio planeta lo más probable es que sea un ejercicio necesario, pero no suficiente.
En efecto, si un Pacto Fiscal se plantea sin un diagnóstico compartido de la situación actual y futura del país con la máxima amplitud posible de actores y escenarios posibles, las bases y prioridades que contenga pueden tener un comienzo con un lastre difícil de soltar en el futuro.
El principal problema que enfrenta el país es que con los actuales recursos de que dispone el estado no logra cubrir permanentemente los compromisos más urgentes que se arrastran del pasado. La pobreza y la desigualdad de oportunidades en la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y el alto grado de delincuencia y violencia que presenta el país son solo la parte más urgente para resolver. La plataforma societal que se requiere abarca importantes cambios que implica echar a andar sin pausa nuevos megaproyectos que no se reflejan en este Pacto Fiscal y que se refieren al diseño de una “Política Fiscal para la resiliencia y la descarbonización”, según un reciente informe del BID de febrero de este año, como aporte al diálogo de políticas para enfrentar los desastres provocados por el cambio climático y válido para las consecuencias de terremotos de gran magnitud.
Un pacto Fiscal exitoso además de sustentarse en un diagnóstico compartido ampliamente debe tener como marco general un modelo de desarrollo que sitúe razonablemente los roles de los principales actores en la economía y los objetivos que cada uno de ellos intenta lograr en una estrategia común en un plazo que combine atender las urgencias y lo más importante. El modelo debe definir con certeza que la economía debe construirse sobre pilares donde no se puede desconocer la presencia de un estado articulador y regulador, un mercado competitivo, un empresariado comprometido con un desarrollo sostenible, inclusivo y verde, como también un sector laboral con capacidad de participar activamente en su desarrollo integral y receptor de beneficios conforme sea su productividad, creatividad y su aporte a la creación de riqueza.
Sin embargo, la economía no se puede concebir sin democracia y sin una Constitución que consagre los principios democráticos, los derechos humanos, el bienestar de toda la población y el respeto a la vida y cuidado del planeta. Estos valores constituyen en nuestro país un pilar fundamental para definir los roles de los actores e instituciones que configuran la sociedad. La resiliencia de la sociedad se construye con una economía resiliente y un orden institucional con la capacidad de adaptarse a los cambios que resultan de fenómenos exógenos o endógenos a la acción de los habitantes de un país.
En el citado informe del BID se dice que “con el fin de enfrentar la crisis climática se requiere un gasto en la provisión de servicios de infraestructura de entre 2% y 8% del PIB, y un gasto para atender diversos desafíos sociales de entre 5% y 11% del PIB. Estas estimaciones indican que se deberá alinear entre 7% y 19% del PIB anual con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La mayoría de este esfuerzo consistirá en redirigir los flujos de recursos existentes y establecer nuevas prioridades de inversión favoreciendo las infraestructuras resilientes, bajas en carbono y las que hagan uso del capital natural”.
Un pacto fiscal que ignore lo expuesto anteriormente tendrá corta vida y será un avance parcial e insuficiente al aplazar el impulso que necesita Chile para un desarrollo sostenible y justo lo que puede llevar al país a un escenario de descontento e inestabilidad social de características similares a la que vivió en octubre de 2019.
