Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 12 de marzo del 2021.
Parece haber cierto consenso nacional en que es necesario proporcionar a los sectores más golpeados por la crisis alguna suerte de transferencia de efectivo para sostener sus niveles básicos de consumo y de vida. Esta no es una necesidad que naciera en los meses recientes de 2021, sino que es una necesidad que se generó ya en el año recién pasado y que se capeó olímpicamente por parte del gobierno mediante los retiros de fondos de las AFP. Fueron esos retiros los que proporcionaron cierto respiro a millones de chilenos y los que permitieron, al mismo tiempo, que la economía no decreciera en forma más alarmante aun, pues el golpe de demanda implícito en esos retiros significó un estímulo sustantivo al consumo y a la producción.
Pero la vida sigue, los fondos retirados de las AFP ya se gastaron y la pobreza y la cesantía todavía siguen vigentes para millones de compatriotas, a pesar de la esperada reactivación. El impacto positivo de los retiros de fondos ya pasó. Ahora, o los beneficiados encuentran trabajo, o vuelven a caer en el pozo anterior a los retiros.
Frente esa situación hay varias alternativas en el tapete. Una es la del gobierno, que trata de seguir con transferencias focalizadas, de corta duración, de escaso significado cuantitativo, a las cuales se accede mediante trámites y solicitudes burocráticas, e incluso con carácter de préstamo para algunos sectores.
La oposición se nuclea fundamentalmente con la idea de establecer alguna forma de ingreso básico de emergencia, que sea masivo, más sustantivo, con escasos trámites administrativos y financiado por la vía de fondos fiscales. También, como segunda opción, si es que primera no logra vencer la negativa del gobierno, se plantea un tercer retiro de fondos de las AFP, que es altamente probable que enfrente el rechazo del tribunal constitucional y de los partidos de gobierno. Esta es una alternativa que implica, igual que los otros dos retiros, que los trabajadores tienen que recurrir y sacrificar sus propios activos, que el gobierno salga piola y que las AFP retrocedan levemente en la cantidad de fondos que manejan y de los cuales se lucran. También, obviamente, disminuyen los fondos que las AFP prestan generosamente a los grandes grupos económicos nacionales, y que le otorgan a éstos poder y riqueza.
Ahora ha surgido otra opción, por boca del alcalde Lavín, que ha ganado rápidamente el apoyo de la alcaldesa Matthei. En pocas palabras esta última proposición apunta a que los trabajadores del país puedan realizar retiros no de las AFP sino de la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC, que es una empresa privada, que pertenece a cuatro AFP – Provida, Capital, Cuprum y Planvital – y que maneja los fondos que los trabajadores y el Gobierno aportan para cubrir diferentes prestaciones sociales, pero fundamentalmente los auxilios o seguros de cesantía. Esta proposición se inscribe también dentro de la idea de que los trabajadores deben rascarse y solucionar sus problemas actuales con sus propias uñas. Los trabajadores actualmente afiliados a la AFC son aproximadamente 10 millones y los fondos allí acumulados bordean los 12 mil millones de dólares, lo cual significa que si se sacan 6 o 7 millones de dólares ese fondo queda con bastante pocos activos que manejar. Con eso las 4 AFP dueñas hoy en día del negocio pierden una parte importante de una buena torta, pero mantienen intacto el negocio más grande, que son los fondos de las AFP propiamente tales.
Los trabajadores que se beneficien con los retiros de la AFC quedan en una situación más vulnerable frente a la posibilidad de la cesantía. Pero, tal como se están dando las cosas hoy en día, deben elegir entre esa situación, o quedar en una situación más vulnerable frente a su eventual futura jubilación, en caso de que el retiro se haga desde las AFP. Hay que elegir, por lo tanto, qué duele menos: la cesantía sin apoyos o la jubilación que no alcance para nada. Se trata de una disyuntiva terrible en la cual los trabajadores pueden y deben sobrevivir en el presente – lo cual siempre es una opción que nadie puede rechazar – pero que no ofrece ninguna posibilidad de ganar a mediano plazo.
