Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 09 de diciembre de 2020.
Datos recientes indican que el 50 % de los apoderados de los colegios privados están en situación de mora en lo que dice relación con el pago de sus mensualidades. Esa fue una de las razones para que el Parlamento aprobara una ley que prohíbe que dichos establecimientos educacionales les nieguen la matrícula a los niños cuyos padres o apoderados se encuentren en esa situación. De no mediar una ley de ese tipo el país se arriesgaba a que la mitad de los escolares no pudieran matricularse, lo cual sería una situación obviamente caótica tanto desde el punto de vista educacional como social.
No solo la clase alta recurre a la educación privada. Una parte importante de las clases medias – como quiera que sea que definamos a ese heterogéneo estamento social – aspira a que sus hijos estudien en un colegio privado, aun cuando tengan que pagar por ello, existiendo la posibilidad de la educación pública gratuita. La racionalidad que está detrás de esta actitud dice relación con la calidad de la educación, con el prestigio y el relacionamiento social, con la posibilidad de sacar más altos puntajes en las futuras pruebas de acceso a la universidad y, en general, con la posibilidad de que a sus hijos les vaya mejor en la vida si inician su trayectoria educacional y formativa en un colegio privado. Podríamos decir que la educación en colegios privados ha pasado a ser uno de los iconos o de las aspiraciones de la clase media chilena.
¿Por qué no han pagado entonces una o más de las cuotas que los colegios privados les imponen? La hipótesis más creíble es que alguien en la familia ha perdido el trabajo, en forma parcial o definitiva, y eso ha reducido los ingresos disponibles para el pago de las mensualidades escolares, y para una serie de otras necesidades habituales en la vida de esa familia.
Este dato creemos que tiene un común denominador con otra noticia reciente: más de dos millones de trabajadores ya no tienen fondos acumulados en las AFP, pues en la primera oportunidad de retiro sacaron todos sus haberes. Pero lo interesante de esta noticia, es que no todos esos dos millones de chilenos viven en Puente Alto ni en Huechuraba, o en otras de las comunas más empobrecidas y populosas del Gran Santiago. Las dos comunas donde más chilenos pasaron a la categoría de cero activos en las AFP fueron Providencia y Santiago. En Providencia quedaron sin activos en las AFP 53 mil trabajadores, lo cual implica que el 21.5% de los trabajadores de esa comuna quedaron con saldo cero. En la comuna de Santiago la cantidad fue de 153 mil trabajadores, lo cual representan el 20.8 de los trabajadores de esa comuna.
Estos dos antecedentes -que obviamente no constituyen datos suficientes como para una tesis sobre acabada sobre las capas medias – nos muestran, sin embargo, la vulnerabilidad de estos sectores. Aquellos varios millones de chilenos que lograron salir de la pobreza a lo largo de los últimos 30 años, se han quedado en un limbo en que es muy fácil volver a la situación anterior – gracias a una enfermedad de un hijo o del jefe de hogar, o a una cesantía que se prolongue durante varios meses, por ejemplo – y es muy difícil acceder a los grandes símbolos de las clases medias, tales como la casa propia, el auto y el hijo en colegio privado.
Los sectores más vulnerables de la población – cualesquiera que sean los criterios que definan a estos estamentos – han sido y deben seguir siendo los beneficiarios que merecen la mayor atención del Estado, en la actual situación de crisis sanitaria, económica, social e institucional – pero no hay que de quedarse ahí. Hay sectores no pobres – o medios, como se les quiera llamar – que no solo son tan víctimas de la actual situación como cualquier otro, sino que también sufren la fragilidad estructural del sistema, y que merecen, desde un punto de vista de solidaridad y de justicia social, que se canalicen hacia ellos políticas y apoyos estatales específicos y concretos.
