Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile ) el día 18 de agosto de 2020.
Como el calendario constitucional se va poniendo a la orden del día, es bueno reflexionar sobre las razones que existen como para aprobar la idea de caminar hacia la redacción de una nueva constitución. Hay muchas razones, de diferente índole. Aquí van algunas de ellas, cercanas al plano económico.
En el Artículo 1 – que es prácticamente el artículo que enmarca y condiciona todo el resto de la Constitución – cuando se habla de los deberes del Estado, se menciona, como cosa primera, “la seguridad nacional”, seguida de “la protección de la familia” …. y del “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” Un párrafo de esa naturaleza es vago en relación a lo que dice, y es claramente insuficiente debido a lo que no dice.
Según ese artículo, el Estado no tiene entre sus deberes y obligaciones el respetar y hacer respetar los derechos humanos, ni promover el desarrollo social de los chilenos, ni encaminar al país por la senda del desarrollo y el crecimiento económico sustentable, ni preservar los recursos naturales con que cuenta el país, ni asegurar a todos los ciudadanos el gozo real y efectivo del derecho a la salud y a la educación. Nada de eso.
Al restarle al Estado toda responsabilidad en la definición y en el impulso de los grandes derroteros por donde debe transitar el país, se deja explícitamente todo aquello en manos del mercado. Que cada uno haga lo que quiera y lo que pueda, y el Estado no se meterá para nada en ello. Esta es, en su esencia, la base de lo que se ha denominado el rol subsidiario del Estado. El Estado no se mete – más aun, no puede meterse – a asumir ni a orientar las funciones y las acciones que pueden ser asumidas y llevadas adelante por los particulares. Solo se mete en algunas cuestiones que no pueden ser asumidas por las personas naturales y/o jurídicas, como la seguridad nacional, tan presente, desde luego, en la mente de los militares y de sus amigos que redactaron y aprobaron esta constitución. No hay – ni puede haber – nada parecido a un Estado emprendedor, o a un Estado desarrollista, ni aun Estado promotor, ni a ninguna cosa parecida. No hay tampoco plan de desarrollo alguno. Y como el vacío que deja en ese campo el Estado tiene que llenarse de alguna forma, se llena, en cada etapa de la vida nacional, en función de los intereses y de las acciones de quienes tienen el poder económico del país.
Muy en línea con lo mencionado, el Artículo 19 dice explícitamente que “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza”. Es decir, el Estado no tiene autoridad ni para poner un carrito de mote con huesillos, ni emprender ninguna otra acción empresarial. Cero creación y desarrollo de empresas estratégicas. Cero inversiones tan importantes, realizadas antaño, como Huachipato, Enap, Lan o Ferrocarriles del Estado, que permitieron que la economía nacional transitara a estadios nuevos y superiores de desarrollo e industrialización. Cero presencia de planes de desarrollo nacional, que orienten las decisiones y las acciones del Estado y de los demás agentes económicos nacionales. Todo queda hoy en día entregado a las decisiones económicas de los empresarios privados nacionales o extranjeros. Todo lo decide la oferta y la demanda. Esa situación solo sería modificable en casos en que el Parlamento lo permitiese, con quórum calificado, es decir, con el visto bueno de los partidos que representan a los empresarios en el Parlamento. Pero como a estos les falta visión estratégica, no están ni han estado dispuestos a aprobar nada que les saque algún negocio de las manos, ni tampoco a aprobar proyectos que abran paso a los procesos de modernización de la economía que el mundo contemporáneo hoy en día permite y que la sociedad chilena reclama. Nada de eso puede continuar. Es necesario un Estado que asuma, como uno de sus deberes, el desarrollo económico y social del país, y que tenga las atribuciones y las herramientas como para ello.
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