Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CIUDADANO, el día 12 de agosto de 2020.
El Gobierno ha dado reiteradas señales de que está altamente interesado en recuperar cuanto antes los niveles de actividad económica existentes antes de la pandemia, tanto en sus aspectos cuantitativo – niveles de empleo, niveles de producción – como en sus aspectos más estructurales o cualitativos, tales como la ponderación de cada sector productivo en el total de los empleos y en el total de la producción. Está implícito en todo aquello que si se avanza lo suficiente en lo sanitario, y se recuperan inmediatamente después, o en paralelo, los niveles de producción y de actividad económica, se recuperarán también los niveles de empleo. El plan de empleo es casi una y la misma cosa que el plan de reactivación económica.
Tanto desde los sectores de oposición, como desde los gremios ligados al área médica y sanitaria, han surgido voces de alerta que han planteado que no se puede caminar hacia la reactivación económica sin antes abordar a fondo el problema propiamente sanitario. Si esto se hace a medias y en forma acelerada e inconsulta, se tiene una alta posibilidad de que la pandemia vuelva a presentarse en gloria y majestad, en una segunda ola de penetración, con lo cual se perdería tanto lo realizado en términos sanitarios, como lo realizado en términos de reactivación económica, con la consiguiente pérdida de vidas y de recursos nacionales,
Pero hay varios aspectos que complejizan la mera relación secuencial o temporal entre lo sanitario, lo económico y el plan de empleo.
Primero, se visualiza hoy en día que el coronavirus convivirá con la población chilena y con la población mundial durante varios años más, aun cuando la pandemia disminuya en intensidad o en capacidad de penetración. Se necesita, por lo tanto, un plan sanitario de mediano y largo plazo, con un horizonte de dos o más años, después de salir de las cuarentenas. Las fábricas, las escuelas, los estadios, los cines, la vida social, el transporte, los hospitales, los restaurantes, etc., no podrán volver a funcionar tal como antes, como si aquí no hubiera pasado nada. Se necesitan protocolos y normas que prevean esas situaciones y que lidericen el cambio cultural y societal que todo ello implicará, y no seguir vendiendo la idea de que todo volverá a ser como antes.
En segundo lugar, no está en absoluto claro que si se recuperan los niveles de actividad económica se recuperarán los niveles de empleo, nuevamente, como si aquí no hubiera pasado nada. La experiencia mundial, y la experiencia chilena posterior a la crisis del 2008 y 2029, muestran que la reactivación económica post crisis convive durante varios años con tasas de desempleo bastante altas. Ello es así, por cuanto la crisis implica cambios en la estructura de la propiedad, en la concentración del ingreso, en la propiedad de las empresas, en la cantidad de empresas que desaparecen, en la cantidad y calidad de las empresas que sobreviven, o en las empresas que crecen, o en las que se disminuyen su nivel de actividad, o en la innovación tecnológica, o en los incrementos de productividad, o en las normas administrativas, etc, etc.
No es posible, por lo tanto, asumir una relación simple y directa entre reactivación económica y recuperación de los niveles de empleo. Y si ello fuera cierto, eso significa que los programas de mantención del ingreso para los sectores más vulnerables de la población no podrán ser una cosa puntual realizada a mediados del 2020, sino que tendrán que ser programas permanentes, o por lo menos de mediano y de largo plazo, complementados con planes de capacitación, que deben contar, desde hoy, con el financiamiento correspondiente. Todo ello plantea nuevos desafíos al plan de los 12 mil millones de dólares contemplados en el Acta de Entendimiento, y concede importancia a la idea de poner impuestos, aun cuando sean transitorios, al patrimonio de los superricos de este país
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