A sólo un mes de nuestra editorial pasada pareciera haber transcurrido un calendario completo. No era imaginable hace treinta días atrás que la creciente y transversal demanda ciudadana por una nueva Constitución gestada desde el pueblo podría ser una posibilidad real facilitada por el mundo político.
La arrolladora fuerza social de la demanda por una nueva carta fundamental que sustente el pacto democrático de un Chile postneoliberal se impuso y logró lo que parecía una fantasía afiebrada sólo un par de meses atrás: un acuerdo suscrito por la mayor parte de las fuerzas políticas para plebiscitar en abril del 2020 la adhesión a una nueva Constitución y consultar sobre su mecanismo, optando entre dos alternativas, sea una Convención Constituyente con todos sus integrantes electos (equivalente a una Asamblea Constituyente) o por una Convención Constituyente mixta, compuesta en partes iguales por ciudadanos electos y parlamentarios en ejercicio.
Un plebiscito de entrada, que le entrega a la ciudadanía el poder de decidir democráticamente si quiere o no una nueva Constitución y cómo quiere que ésta se redacte. Pero no sólo eso, sino además un plebiscito posterior para someter a consideración del pueblo el texto emanado de la constituyente.
El acuerdo político alcanzado en el Congreso conectó con la realidad y ratificó un proceso constituyente que, de facto, la sociedad había iniciado y mantiene con múltiples cabildos y diálogos ciudadanos en todo el territorio nacional y al que además se sumarán consultas comunales en la mayor parte de los municipios del país. El 15 de diciembre, los alcaldes abrirán las urnas en sus municipios para que la ciudadanía anticipe su pronunciamiento por una nueva Constitución, su preferencia por el tipo de Convención Constituyente y, además, defina sus prioridades sociales para así conformar una plataforma de agenda social nacida también democráticamente desde la base.
Tenemos de la mano el proceso constituyente para redefinir el pacto político democrático chileno que nos regirá para al menos una parte considerable del siglo veintiuno, mancomunado con una agenda social prioritaria, tanto para las urgencias de quienes mayoritariamente están afectados en sus condiciones y calidad de vida inmediatas, como para profundizar reformas estructurales que están a la base de nuestras desigualdades y que limitan la conformación de una sociedad de derechos. La misma que debe constituirse en eje central de la nueva Constitución, consagrando un Estado Social de Derecho, con precisiones explícitas de los derechos que deberán ser garantizados constitucionalmente para asegurar una sociedad cohesionada.
Nuevo pacto constitucional que redefina cómo se distribuye el poder y su expresión institucional, por una parte, y reformas sociales hacia una ciudadanía titular de derechos, eliminando las desigualdades arbitrarias que hoy segregan a nuestra sociedad, por otra parte, son insuficientes sin un renovado y exigente pacto fiscal que, habiendo avanzado en el anterior gobierno de Bachelet -y cuyo intento de retrotraerlo por el actual gobierno de Piñera fue frenado gracias al estallido social-, hoy requiere ser profundizado.
Estos tres frentes –nueva Constitución, reformas sociales y pacto fiscal- que comprometen el ejercicio de la política y la calidad de su ejercicio, no son el resultado de textos académicos que han abundado en la materia, de intelectuales que han aportado al debate nacional, ni de dirigentes lúcidos que han orientado su quehacer, sino el fruto de una impresionante repolitización de la ciudadanía que, en menos de dos meses, ha hecho de estas demandas su conversación cotidiana, levantando propuestas que el sistema político debe hacer suyas para relegitimarse.
En cuanto a la primera, reconociendo la contundente conquista democrática del proceso constituyente que se logró con un amplio acuerdo político que todos debemos defender y asegurar que se materialice según el itinerario comprometido, debe legitimarse con una alta participación en el plebiscito y con amplia representatividad en la constituyente que se elija: paridad de hombres y mujeres, representación de los pueblos indígenas y la garantía de que la elegibilidad no se restrinja a los militantes partidarios que son hoy una minoría en el país, y que la condición de ciudadanos independientes no sea una limitación para representarse.
En cuanto a la segunda, la agenda social no puede construirse sin la participación activa de las propias organizaciones sociales, territoriales y sindicales, sin la colaboración activa de movimientos que han alimentado la movilización social permanente de jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, y sin el apoyo insustituible de centenares de organizaciones no gubernamentales cuya trayectoria habla de un compromiso solidario con los más desprotegidos, aquellos que no tienen más poder que su voz y su capacidad de expresarse en calles y plazas. La agenda social debe incluir con gran centralidad una pendiente agenda laboral que se haga cargo de la generación de empleos de calidad, así como de la inequidad distributiva en los ingresos del trabajo.
En cuanto a la tercera dimensión, el pacto fiscal, es una condición ineludible del nuevo trato político y social, tanto por la exigencia de contar con recursos permanentes para los que serán compromisos permanentes de ejercicio de derechos sociales (sobre todo en salud, pensiones y educación), como por la necesaria redistribución de la riqueza para avanzar en justicia social, base de la paz social a la que tanto se apela. El pacto fiscal va a exigir el mayor de los esfuerzos de quienes mas tienen para aportar a la nueva sociedad que se aspira y en la que podamos dirimir los conflictos por la vía pacífica.
La violencia es el resultado de una desigual distribución del poder político, económico y social que por demasiado tiempo -tan intolerablemente largo que estalló- ha permitido privilegios para unos pocos a costa de los abusos a los más.
Si tenemos convicción de que ésta es la base de la actual violencia y que la salida de ella exige una lucidez y generosidad política que se haga cargo de hacer posible el proceso constituyente, la implementación de una agenda social inmediata y de reformas estructurales, con un pacto fiscal que aumente la carga tributaria y su progresividad, entonces podremos abordar aquella otra violencia delictiva que amenaza las vidas cotidianas de la ciudadanía sin caer, como ahora está haciendo el gobierno, en pirotecnia y populismo penal.
Quienes mejor sintetizan esta mirada son, una vez más, las mujeres. A partir del colectivo Las Tesis, no solo en Chile sino alrededor del mundo, millares y millares de mujeres, jóvenes y mayores, interpelan al poder, denuncian el abuso y exigen trato igualitario con la fuerza de las ideas, de la música, de la voz, sin alzar un arma ni un puño. Reponen el sentido de las protestas sociales con un dedo mientras entonan el himno contra ese violador en tu camino, y nos recuerdan aquel otro dedo que se levantó contra el dictador Pinochet y que permitió que transitáramos de la dictadura a la democracia con la fuerza de un lápiz en la papeleta de las urnas.
Las mujeres con ese dedo interpelan al poder por un nuevo trato y un nuevo orden justo ante la violencia, la desigualdad y la indignidad.
