Por Francisco Javier Díaz
Dos semanas han transcurrido desde el estallido social que ha remecido al país entero. Se trata de una quincena que quedará grabada para siempre en la historia de nuestro país. Chile ha vuelto a las páginas de los diarios de todo el mundo. Siguen las manifestaciones y la próxima semana seguramente se incrementarán. Miles de cabildos se autoconvocan en todo Chile. Los medios continúan con especiales de conversación y reflexión. La violencia y los saqueos, lamentablemente, tampoco cesan, y copan la pauta televisiva. El transporte es un dolor de cabeza para millones de santiaguinos. Las regiones se movilizan como nunca antes. En suma, la normalidad chilena se ha visto trastocada.
Todo, salvo la normalidad del modelo.
Porque el gobierno insiste en su estrategia inicial y no abrir compuerta alguna para cambios de fondo. Si algún sector del empresariado afloja; si sectores de RN se muestran dispuestos; Piñera no cederá. El Presidente se erige como el último defensor del modelo constitucional.
El gobierno mantiene la estrategia que fijó en los primeros días, después de la sorpresa y las chambonadas de las horas iniciales. Eso significa no ceder en ninguna propuesta de fondo e intentar dirigir la mirada hacia los violentistas (como saquean, como destruyen, como perjudican a las PYMES, como perjudicaron el transporte) y hacia la llamada “agenda social”. A la gente, dicen, no le interesa la “agenda política”, sino que solo la agenda social.
Pero la agenda social, a su vez, no es más que un breve listado de medidas absolutamente insuficientes, e incluso, aun más regresivas que lo que ya proponía el gobierno antes del estallido. A pesar de tener el agua al cuello, el Presidente sigue jugando al póker, y busca mantener su reforma de pensiones (que consolida el sistema de cuentas individuales) y su reforma tributaria (que rebaja la carga a los más ricos). En ingreso mínimo, propone una suerte de negative income tax de cargo fiscal, sin que las empresas hagan esfuerzo alguno. En remedios, un seguro para engrosar aún más la billetera de las cadenas de farmacias, que nada, nada bueno hacen por el país, salvo esquilmar a la gente que necesita remedios. Y así con las demás medidas.
Entonces, la estrategia es apostar por el cansancio y división del movimiento, y no ceder un centímetro en materia de políticas públicas.
Nada le importa que la discusión constitucional se tome la palabra, ni que la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, y gran parte de la academia, los Colegios Profesionales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil promuevan dicho cambio.
El gobierno apuesta por seguir adelante, ganar tiempo, que el desorden se le vuelva a su favor, y organizar un proceso de diálogo tan insulso como mentiroso (como ya lo empezó a hacer la Ministra Cubillos).
El Presidente Piñera es el último dique de defensa del modelo, y todo indica que prefiere incluso otro estallido a permitir una salida consensuada.
Ya lo ha dicho: no habrá reforma constitucional. Nada de pacto social.
De ahí que sea tan importante hoy que la oposición y la ciudadanía enfrente unida la gran demanda que se debe levantar en este momento: plebiscito para reformar la Constitución.
Todo el resto es accesorio. Sería un error histórico que la oposición se pierda en el marasmo legislativo de las medidas sociales del gobierno, y sería un error estratégico caer en el maximalismo de la destitución.
La salida democrática a la crisis de legitimidad que viven las instituciones y la salida jurídica a los problemas sociales de fondo que viven los chilenos, ambas salidas, son el plebiscito constitucional.
Ordenada la ciudadanía en ese objetivo, su desarrollo queda en manos del Presidente Piñera. De él depende arriesgar su mandato y su posición en la historia por defender un modelo constitucional que no entrega certezas ni confianzas a los chilenos. Juega con fuego el Presidente. Si desea afirmar el modelo, el modelo puede terminar hundiéndolo a él.
