Chile es un país profundamente desigual y su sistema educacional es una de las peores expresiones de esa realidad. Avanzar hacia una educación pública de calidad para todos y todas se constituye en un imperativo moral que debe tomar forma en un sistema educacional público, gratuito y de calidad como base del desarrollo de la humanidad.
Bajo este diagnóstico, durante el gobierno anterior se promovió y aprobó la Ley de Inclusión Escolar que tenía por objeto garantizar un sistema educacional más igualitario, poniendo fin al lucro, al copago y la selección en la educación básica y media. De la misma manera se inició un proceso de fortalecimiento de la educación pública traspasando los colegios municipales a la administración de los Servicios Locales.
Sin embargo, durante estos últimos dos años ha estado en tela de juicio la implementación y ejecución de la legislación educacional aprobada durante el gobierno anterior, a consecuencia de una decisión deliberada del gobierno actual de sabotear el funcionamiento del sistema educacional.
En los próximos días, los parlamentarios/as enfrentan el reto de defender la implementación de una de las reformas más relevantes del pasado gobierno encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, consensuada durante un proceso democrático en el Congreso Nacional, que concluyó en un conjunto de leyes de fortalecimiento de la Educación Pública. Este desafío se medirá en el destino que le den los parlamentarios y las parlamentarias a la acusación constitucional contra la Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
El texto de la acusación constitucional pone en evidencia las graves faltas a la Constitución y las leyes que ha infringido la Ministra de Educación, lo cual coarta las oportunidades de formación y desarrollo de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
La falta de ejecución de las leyes de educación aprobadas durante el gobierno anterior ponen en peligro los primeros pasos de un modelo educativo con acento en la calidad como valor sistémico, y en el acceso pleno como imperativo para que todos/s los/as jóvenes y estudiantes reciban una educación pública y de calidad, sin distinción de su origen socio económico o su lugar de nacimiento.
Lo más relevante de esta discusión es preocuparse del fondo del problema. Es inaceptable que en nuestro país la calidad de la educación siga dependiendo de la capacidad de pago de los padres: la calidad de educación no debe depender de la capacidad socioeconómica de los hogares. A su vez, el sistema educacional debe ser fuente de integración social y no la reproducción de la desigualdad.
Por tanto, si el gobierno actual tuviera una real preocupación por solucionar la problemática de fondo y mejorar la calidad del sistema educacional fuera realmente la prioridad de la cartera que encabeza la Ministra Cubillos no estaríamos frente a los evidentes abandonos al deber de respetar y ejecutar las leyes; ni se habría convertido a este Ministerio en una trinchera personal, ideologizada y no dialogante, dañando con ello a todo el sector de educación. Urge, por el bien de Chile, corregir el rumbo y que el Gobierno asuma que el Ministerio de Educación no es una agencia de propaganda, sino que debe estar concentrado en elevar la calidad, equidad e inclusión del conjunto del sistema educacional chileno, conforme lo señalan la Constitución y las leyes.
