- Los atentados recientes resaltan la necesidad de fortalecer la investigación criminal que realizan las policías, mejorando la calidad de las pericias científicas y forenses, y de las pruebas que son sometidas al escrutinio de los tribunales de justicia.
Los recientes atentados explosivos a carabineros de una comisaría de la Región Metropolitana y el intento de una acción similar contra un ex ministro de Estado, han generado una serie de reacciones oportunistas por parte del gobierno, que no se condicen con la gravedad de los hechos, ni con su reiteración. En el Instituto Igualdad pensamos que mezclar peras con manzanas, no ayuda a visualizar los problemas de fondo que estos atentados revelan. Lo que hizo el Presidente al asociar los hechos relativos al envío de bombas, con su urgencia por aprobar las modificaciones a la ley antiterrorista, además de su mala idea de involucrar a las FFAA en el control del narcotráfico, e incluso con el programa Calle Segura, no es más que escabullir el problema de fondo.
Aún no hay resultados de las investigaciones de tres de los cuatro atentados acontecidos desde hace cinco años, nada se sabe de los responsables, ni menos de sus motivaciones o coordinaciones. Ni un solo antecedente sobre el atentado al ex presidente de Codelco, Oscar Landerretche, autoadjudicado por el mismo grupo de nombre extravagante que se ha atribuido el ataque de principios de año en Vicuña Mackenna, hiriendo a dos transeúntes. Tampoco hay información acerca de la carta-bomba que recibió recientemente el presidente del metro Louis de Grange. Solo el caso de la bomba en el subcentro de Escuela Militar ha terminado con los autores identificados y condenados.
La más grave y urgente conclusión de estos hechos es la escasa capacidad investigativa de las policías. La escuálida efectividad de la indagación policial también se grafica en la cantidad de causas por delitos comunes que se archivan por falta de antecedentes respecto de los autores, muchos de ellos cerrados antes de cumplir con estándares básicos de investigación criminal en materia de primeras diligencias, toma de declaración, interrogación testigos y levantamiento de pruebas forenses; por citar algunas. De este modo, casi el 90% de las causas por robos, incluyendo robo a la vivienda y robo con intimidación, son archivadas o se decide no perseverar porque la investigación (inexistente) no logra identificar los potenciales imputados. Este porcentaje es de 76% en el caso de delitos sexuales y de 26% en el caso de homicidios; este último con una tasa de sentencia definitiva condenatoria de sólo 50%.
La inefectividad del sistema de persecución penal es quizás una de las principales causas de la pérdida de credibilidad y legitimidad del sistema de justicia. Adicionalmente, la incapacidad investigativa de la persecución penal reduce drásticamente los costos y riesgos asociados a la comisión de delitos, sean estos comunes o terroristas, aumentando, por un lado la sensación de impunidad y, por otro, el sentimiento de vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Las cifras de tasa de denuncias y porcentaje de personas que estima que denunciar el delito vivido es inconducente, dan cuenta de la pérdida de confianza en el sistema de persecución penal.
Pese a los anuncios hechos por el gobierno respecto de una profunda reforma policial, ninguna de sus iniciativas apunta a resolver uno de los puntos críticos del problema: la capacidad investigativa de las policías, que no se condice con el nivel de desarrollo y requerimientos actuales del país. La reforma y modernización de las policías es una urgencia y la necesidad de mejorar la investigación criminal fue establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad convocado por el propio gobierno. Sin embargo, pese a las grandes declaraciones, poco se ha avanzado en esas materias, prefiriendo el gobierno quedarse en anuncios de medidas efectistas y de dudosa efectividad, que esquivan los problemas de fondo en materia de seguridad pública.
Volviendo al caso de los sobres-bombas, perfectamente podrían ser sancionados por la actual ley antiterrorista. El punto está en los déficits de investigación que aún no logra identificar a los responsables de hechos anteriores ni producir las pruebas concomitantes. Lo anterior es un síntoma más de la precariedad de la investigación criminal y de las pericias científicas realizadas para la producción de pruebas por parte de nuestras policías.
La mejor manera de prevenir futuros hechos, especialmente los de este tipo, es esclareciendo los hechos pasados y sancionando a sus responsables. Por tanto, más que centrar la discusión en la reforma y fortalecimiento del sistema de inteligencia, los atentados recientes resaltan la necesidad de fortalecer la investigación criminal que realizan las policías, mejorando la calidad de las pericias científicas y forenses, y de las pruebas que son sometidas al escrutinio de los tribunales de justicia. Esto es parte de la tarea aún pendiente de modernizar nuestras instituciones policiales, en la perspectiva de adecuarlas a las necesidades y desafíos del Chile democrático de hoy.
