Carlos Navia, Programa de Educación
Sebastián Salazar, Programa Constitucional Instituto Igualdad
La propuesta constitucional en materia educacional va demasiado lejos. Lejos de estándares internacionales; lejos de la tradición constitucional chilena; y muy, muy lejos, de la prudencia política, pues, en tiempos donde se requiere consensos, lo que se hace es constitucionalizar elementos sobre los cuales existe un profundo desacuerdo. Un ejemplo de esto es la constitucionalización del voucher.
Hay no solo distancia en relación a estándares internacionales, sino que también una suerte de contrabando ideológico, ya que, en vez de utilizarse terminología propia de tratados y otros instrumentos de derechos humanos, se prefiere innovar, valiéndose de fórmulas que son funcionales a un ya conocido discurso educativo asociado a sectores de derecha. Así, por ejemplo, que las familias determinen preferentemente el interés superior de hijos y pupilos o que el Estado deba garantizar el financiamiento por estudiante (voucher) en establecimientos estatales y privados. Esto último, por cierto, pareciera encerrar una propuesta de igualdad de trato entre la educación pública y la educación privada, cuestión también problemática y altamente disputada.
Además, la propuesta que surge desde el Consejo Constitucional parece más cercana a la Constitución de 1980 que al resto de la tradición constitucional chilena. Fue la carta del 80, precisamente, la que rompió con una historia constitucional en que el Estado debía dar una atención preferente a la educación pública. Hoy, si bien la propuesta señala que el Estado proveerá educación pública, lo cierto es que no se le da un trato preferente como sí ocurrió con todas las constituciones hasta el quiebre de 1980. En contrapartida, la propuesta constitucional reivindica a la educación privada hasta el punto de configurar una especie de igualdad de trato, yendo todavía más allá de la Constitución creada en dictadura.
En este contexto, resulta preocupante pensar que el texto constitucional se transforme en una base programática para un eventual gobierno de derecha. ¿Qué ocurre si un potencialgobierno, no interesado en fortalecer a la educación pública, es el encargado de implementar un nuevo texto constitucional? El camino quedaría no solo expedito, sino que constitucionalmente legitimado, para iniciar un retroceso hasta esa situación que gatilló las movilizaciones de 2006, cuando estudiantes nos hicieron reaccionar sobre lo descuidada que estaba la educación pública y el nivel de segregación de nuestro sistema educacional.
