Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MOSTRADOR día 29 de enero de 2022.
Con relación a la eventual creación de nuevas empresas públicas hay sectores que postulan que eso es enteramente aceptable, pero siempre y cuando se trate de empresas que compitan de igual a igual – con las misma reglas y objetivos – que las empresas privadas.
Ese punto de vista tiene de positivo que las empresas publicas dejan de ser consideradas como intrínsecamente perversas – o como la antesala del comunismo – lo cual es indudablemente un cambio de actitud con relación a posiciones mantenidas por esos mismos sectores en tiempos no muy lejanos. Sin embargo, esa posición no es tan liberal y pragmática como parece.
Si por “empresa” entendemos toda agrupación humana encaminada a la generación de bienes o servicios, entonces todas las instituciones públicas encaminadas a proveer servicios públicos, tales como salud y educación, deberían ser “empresas” que tengan los mismos deberes y derechos y los mismos objetivos que las empresas privadas de la misma naturaleza. Es decir, tendrían que vender sus servicios en el mercado y tratar de obtener con ello la mayor ganancia posible. Podrían existir, por ejemplo, clínicas públicas, pero siempre que funcionaran igualito que las clínicas privadas, buscando el mayor lucro posible para sus propietarios. Cualquier situación diferente constituiría una competencia desleal. Lo mismo podría decirse de los establecimientos educacionales, desde las salas cuna hasta la educación universitaria.
Pero de lo que se trata con nuevas empresas que presten servicios públicos es precisamente sacar esos servicios del campo de los servicios mercantiles y colocarlos en el campo de los derechos sociales, que deben ser proveídos a los ciudadanos con independencia de su nivel de ingresos y de su capacidad de compra el mercado.
Pero el problema no termina allí. En empresas que producen bienes o servicio que son y seguirán siendo bienes y servicios mercantiles, el estado puede y debe intervenir en casos en que en esos mercados imperen monopolios u oligopolios, que exhiben un alto control del mercado – y que incluso caen en colusión – y pueden por esa vía obtener ganancias extraordinarias que salen de los ingresos del conjunto de la sociedad. La intervención del estado, puede asumir la forma de crear nuevas empresas cuya presencia en esos mercados altere el control de estos por partes de las empresas primeras, con claro beneficio para el conjunto de la población. Eso implicaría también, mayor transparencia y mayor información sobre el funcionamiento de esos mercados. Hay desde luego otras medidas de política económica que pueden poner fin a esos beneficios monopólicos u oligopólicos, como es la imposición de tributos específicos o de precios de venta máximos. La creación de nuevas empresas es solo una medida dentro del campo de lo posible, y hay que analizar en cada caso cual es la medida más conveniente. La creación de empresa estatales no es la medida única y siempre válida para eficientizar el mercado, pero tampoco se pueden descartar.
Cabe mencionar, además, que hay ocasiones en que las empresas públicas se crean también por y para hacer lo que las empresas privadas no quieren o no pueden hacer. En inversiones nuevas, que requieren gran volumen de capital y son de larga maduración, y/o en empresa de alta significación regional, hay riesgos que las empresas privadas no quieren o no pueden correr, aun cuando gozarían de los efectos directos e indirectos que la existencia de esas empresas públicas pudiesen generar. Así ha sucedido en el pasado con empresas como el acero, la electrificación o el transporte aéreo o ferroviario. Se trata se empresas que abren paso al desarrollo del país y de las empresas privadas.
En síntesis, la creación de empresas públicas no es el fruto de una obsesión o de un principio estatista válido para todo tiempo lugar, ni forman parte de una competencia para mostrar cuan radical y avanzado se es en el campo de la política económica. La eventual creación de nuevas empresas públicas es una herramienta de política económica que debe estar en manos del ejecutivo, y que puede ser usada para los fines estratégicos, regionales, regulatorios, medio ambientales, sociales, económicos, redistributivos, etc., que el estado se proponga, al igual como se utilizan todas y cada una de las herramientas de política económica. La empresa privada no tiene entre sus objetivos fundamentales el servir a una determinada política económica, y debe regirse por derechos, deberes y protocolos diferentes.
Por lo tanto, la aparente liberalidad de los que aceptan hoy en día las empresas públicas, pero con una serie de condiciones que anulan su especificidad y sus objetivos precisamente públicos, lejos de ser una manifestación de apertura y de pragmatismo, es más bien una trampa conducente a limitar la acción económica del estado.
