Dr. Sergio Arancibia
El gobierno norteamericano, encabezado por el presidente Biden, acaba de hacer aprobar en el senado un ambicioso plan en materia de investigación y desarrollo encaminado fundamentalmente a hacer frente a la competencia con China. Dicho plan contempla un monto de 250 mil millones de dólares de los cuales 50 mil millones están destinados a posibilitar que el Departamento de Comercio subvencione el desarrollo y la producción de semiconductores, que se supone son una pieza fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica y varias otras ramas ligadas con la producción civil y militar. También el plan incluye la prohibición para comprar algunos productos en el mercado chino, tal como los drones de uso civil o militar.
Es interesante rescatar de dicho plan el hecho de que la competencia con China se intente radicar, en última instancia, en el campo científico y tecnológico, asumiendo implícita o explícitamente que lo comercial, lo financiero e incluso lo militar, dependen de lo primero.
Es el desarrollo tecnológico de China el que le ha llevado a tener un liderato mundial en materia de exportaciones, lo cual, a su vez, le genera inmensas reservas internacionales y una capacidad financiera que facilita su expansión política y económica a nivel planetario. Todo parece indicar que lo que determina hoy en día, en última instancia, el poderío de las naciones y su peso en la política internacional, depende de su dominio en el campo científico técnico.
Todo este plan del presidente Biden induce a pensar que tanto la política industrial como la política en el campo científico y tecnológico no se pueden dejar sujetas meramente a lo que mandaten las libres fuerzas del mercado, sino que todo ello exige decisiones gubernamentales, intervenciones explicitas de los mercado y apoyos y subvenciones directas que se correspondan con las metas que se asuman en relación a la economía o la seguridad del país. Uno puede pensar que el incentivar la producción de semiconductores es una buena o una mala política en el campo de la competencia con China, pero no se le puede negar a un país como Estados Unidos el derecho a tener políticas al respecto y a tomar las medidas que sean consecuentes con las mismas. Se trata, en el fondo, de una forma de conducir y administrar un país que no tiene nada que ver con la teoría y la práctica del neoliberalismo, doctrina esta que limita al estado, en el mejor de los casos, a un rol meramente normativo, pero sin capacidad de acciones más directas en el plano de la economía.
Todo esto es de interés para el resto del mundo, y para Chile en particular, por cuanto pareciera que aquí no se termina de entender el rol que juega la investigación científico técnica. Por un lado, hay un alto grado de dispersión en los esfuerzos que se hacen en el campo de la investigación y el desarrollo, de modo tal que no se puede visualizar con claridad si existe realmente una política que oriente y presida esos esfuerzos. Se tiende más bien a dejar que cada uno de los agentes que de una u otra forma tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico definan sus propias prioridades, aun cuando utilicen fondos públicos para concretar sus decisiones. Una actitud de esa naturaleza es tributaria de la concepción neoliberal en la cual es el mercado el que tiene la alta misión de asignar los recursos y establecer prioridades.
En segundo lugar, los recursos que como país se destinan a la investigación y desarrollo son cuantitativamente modestos, de acuerdo con los indicadores internacionales que existen en esta materia. La OCDE destina en promedio, a esos efectos, el 2.34 % de su PTB, mientras que nosotros solo destinamos el 0.36 %. Es posible y deseable que esos recursos, como proporción del presupuesto anual o del PTB del país, aumenten. En la práctica la investigación científica y tecnológica deviene en algo así como la cenicienta en lo que a reparto de los fondos públicos se refiere. Cuando hay que restringir fondos, los recortes que tienen menos dolientes son los destinados a la investigación científica.
En tercer lugar, los indicadores que se utilizan más corrientemente para evaluar la calidad de la investigación científica no toman en cuenta el impacto de esos nuevos conocimientos sobre el entorno económico y social. Se prioriza como indicador de los méritos y calidades de la investigación – y de los organismos e instituciones que la cobijan – la cantidad de artículos publicados en revistas científicas nacionales o internacional, con lo cual las grandes demandas que la sociedad puede hacerle a sus científicos quedan en segundo lugar.
También influye en esta falta de imbricación entre la oferta científica y las demandas de la sociedad, una cierta lectura equivocada y timorata de los convenios internacionales firmados y ratificados por Chile, en particular los acuerdos de carácter multilateral que nos vinculan con la Organización Mundial de Comercio. Se tiende a pensar que los acuerdos de la OMC prohíben cualquier tipo de subsidio o de subvención a los productos manufacturados que se transan en el comercio internacional. Basado en ello, se piensa que ponernos a subsidiar a alguna empresa o sector, aun cuando sea por la vía indirecta de la investigación científica, puede ser objeto de sanciones en el ámbito internacional. Pero eso no es así. Esos acuerdos dejan un margen de juego bastante amplio como para que los países apoyen a sus industrias prioritarias, y la mayoría de los países, incluido desde luego Estados Unidos, aprovechan intensamente esos grados de libertad. Desgraciadamente, entre nosotros han imperado mucho la tendencia a ser más papistas que el papa, y a no hacer nada que huela a subsidios o subvenciones.
Los subsidios o subvenciones que están prohibidas en función de los acuerdos de la OMC son aquellas que causan daño a una rama de producción de otro país miembro de la OMC y las que causan perjuicio grave a los intereses de otro país miembro. Y entre aquellos subsidios que causan perjuicio grave se mencionan expresamente los que implican subvenciones que van más allá del 5 % del valor del producto subsidiado, las que cubren pérdidas de explotación, las que implican condonación de deudas y las que están encaminadas a desplazar u obstaculizar las importaciones desde otro país miembro.
Pero se omiten explícitamente del campo de lo prohibido “la asistencia para actividades de investigación realizadas por empresas o por instituciones de enseñanza superior, si la asistencia cubre no más del 75 % de los costos de las actividades de investigación industrial” (Capítulo 8.2.a del acuerdo sobre Subvenciones). Lo acordado no puede ser más claro. En el campo de la subvención a la investigación universitaria encaminada llenar necesidades industriales, hay un amplio campo de acción por la vía universitaria. Así ha sido siempre en los Estados Unidos, y no por casualidad ni por equivocación ellos firmaron ese acuerdo de la OMC que les deja las manos libres para hacer lo que siempre han hecho. Lo que llama la atención, por lo tanto, en los planes del presidente Biden, es el monto de lo que se destina a subvencionar la investigación y el desarrollo, y la explicitación de que para ellos los semiconductores son la prioridad nacional fundamental.
En síntesis, los ejemplos y los acuerdos internacionales nos permitirían avanzar mucho más rápido y en forma más certera, en el campo de la investigación científica – que es un área donde se definen las supremacías y los poderes en el mundo contemporáneo – y desde donde se podría aportar mucho a nuestras necesidades en el campo de lo marino, de lo minero, de lo forestal, de lo frutícola y de otros campos de nuestras potencialidades productivas. Pero lo primero es tener estrategias de desarrollo nacional y, en ese contexto, tener estrategias de desarrollo científico y tecnológico.
