Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 07 de abril de 2021.
Todos los tratados comerciales internacionales pueden ser denunciados por uno u otro de los países originalmente firmantes.
Denunciar, en el lenguaje jurídico y diplomático de estos textos, significa lo que en buen romance llamaríamos desahuciar, salirse de allí, dejar de reconocer como una obligación lo que se ha establecido en esos tratados o renunciar a los deberes y derechos que se habían establecido previamente. A diferencia de las otras leyes y normas de derecho que nos rigen en cuanto ciudadanos, que son obligatorias, nos gusten o no, estos cuerpos jurídicos que son parte del derecho internacional pueden dejar de serlo, por lo menos para aquella parte que decida no seguir rigiéndose por los mismos.
Pero si bien jurídicamente no hay problema en denunciar un tratado de libre comercio, sus consecuencias económicas hacen que esa opción no sea muy atrayente. Veamos porqué.
Ningún país firma un tratado comercial o tratado de libre comercio a menos que tenga la sospecha fundada de que eso le permitirá aumentar sus exportaciones hacia los otros países con los cuales está firmando ese acuerdo. Cada país, basado en los datos disponibles en materia de comercio exterior, proyecta hacia adelante lo que puede suceder si firma ese tratado comercial, y solo firma si está convencido de que con eso conseguirá determinados objetivos que se visualizan como positivos para él. Nadie lo obliga a firmar. Se trata de decisiones libres y soberanas y, por lo general, bien informadas.
Pero, ¿que se persigue al firmar un tratado de este tipo? Por lo general se trata de aumentar sus exportaciones hacia los otros países firmantes. Pero no las exportaciones en general o las exportaciones de cualquier cosa, sino de las exportaciones de aquellos productos en los cuales el país tiene ventajas competitivas. En el caso de Chile, los tratados que se han firmado han pretendido aumentar las exportaciones de productos mineros, marinos, forestales, frutales o productos altamente relacionados con aquellos bienes primarios. Si las cosas se dan bien, lo más probable es que esos objetivos se vean coronados por el éxito. Las exportaciones de aquellos bienes efectivamente aumentan, con lo cual aumenta la producción y las ventas de aquellos productos, y los propietarios y productores locales se sienten felices y contentos con ello, pues han aumentado sus negocios y sus ganancias, y el país en su conjunto se siente satisfecho porque ese aumento de exportaciones tiene consecuencias positivas sobre las finanzas públicas del país.
¿Se puede echar marcha atrás y denunciar un tratado de ese tipo, que ya esté unos cuantos años en funcionamiento? Si, se puede, pero eso implica que los otros países firmantes dejan de otorgarle, al país que se retira, los beneficios o facilidades que había conseguido ganar al ser parte de este tratado. El país pierde parte de esos mercados, o vuelve a la situación que enfrentaba antes de la firma del tratado. La producción y las exportaciones bajan, los ingresos de divisas al país disminuyen, los beneficiados de antes se sienten perjudicados y sus ganancias disminuyen.
Si se quiere pasar a producir otras cosas y vincularse con el mundo por la vía de exportar otro tipo de productos, no es fácil denunciar de la noche a la mañana los tratados existentes, pues eso tiene costos en el corto plazo y la opción alternativa se demora varios años en construirse y en empezar a dar sus frutos. Pero es necesario no seguir ayudando a tejer la red que nos ata y nos atrapa en la situación primario exportadora. El tránsito de la actual situación a otra con más autonomía nacional y mayor desarrollo tecnológico requiere de mucha sabiduría, pero tiene que empezar en algún momento. Quizás hay que empezar por no seguir firmando tratados de la misma especie, tales como el TPP11
