Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 10 de marzo de 2021
Según la Encuesta Casen – que es el mayor compendio de antecedentes sociales y económicos con que se cuenta en el país – lo rural se define como aquel espacio y aquella población que vive en grupos poblacionales de 2.000 personas o menos. Es una definición que se ha hecho objeto de críticas y de intentos de modificación, pero hasta el día de hoy es la definición que impera en las estadísticas nacionales.
Según esa fuente, el 12,7 % de la población del país reside en zonas rurales. No implica ello que se dedican directamente a la actividad agrícola o ganadera, sino que viven en un espacio cultural y laboral en que esas actividades son predominantes y le imprimen su dinámica y su impronta a todo su entorno. Ese porcentaje, válido a nivel nacional, se presenta con niveles mucho más altos en Maule (32.4 %) Araucanía (32.2 %), Los Ríos (31.5 %) y Ñuble (29.4%). El 52.68% de la población total rural son mujeres y el 47.50% restante son hombres.
El 36.8 % de la población rural se ubica, de acuerdo a su nivel de ingreso, en el 20% más pobre del país, es decir, en el quintil 1.
El 72.2 % de los jefes de hogar de las zonas rurales no tiene educación media completa, y el 37.4% se ubica dentro de los niveles de pobreza multidimensional, magnitudes ambas muy superiores a la media nacional.
Pero si las condiciones sociales y económicas en los espacios rurales son peores que en los espacios urbanos, la condición de la mujer dentro de los espacios rurales es peor que la de los hombres. Por un lado, las mujeres no solo se hacen cargo de las tareas domésticas y el cuidado de niños y adultos mayores, al igual que en la ciudad, sino que, además, la mujer rural debe hacerse cargo de muchas de las actividades del proceso de producción agrícola o pecuaria. Todo esto último, desde luego, en forma no remunerada. Y cuando llevan adelante actividades remuneradas, sobre todo en forma estacional, lo hacen con bajos salarios y sin contratos ni cotizaciones previsionales.
La pobreza rural debe ser un capítulo especial en el contexto de las políticas públicas encaminadas a luchar contra la pobreza, contra la informalidad laboral y contra la mala distribución del ingreso. La pobreza rural femenina, a su vez, debe ser objeto de una triple atención – por ser pobres, por ser mujeres y por ser rurales – que son todas circunstancias que empujan hacia la marginación y discriminación.
