Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 13 de enero de 2021.
La necesidad de que los derechos sociales no estén solo mencionados en la nueva constitución, sino que también estén claramente garantizados, es una preocupación legítima que recorre los debates constitucionales que sacuden hoy en día al país.
El diagnóstico de la situación actual, en lo sustantivo, apunta a que el Estado chileno asegura la existencia y el funcionamiento de mercados en los cuales se transan los bienes y/o servicios que son – o deberían ser- parte fundamental de los derechos sociales, tales como la educación, la salud o la previsión social. Cada ciudadano, de acuerdo a su poder adquisitivo, puede participar en esos mercados y comprar muchos o pocos de los bienes y servicios que allí se transan, y comprar los de buena calidad o los de mala calidad, según sea su nivel de ingreso y de consumo. El Estado asume la responsabilidad de que esos mercados existan, pero no asume la responsabilidad de que los bienes y servicios correspondientes lleguen en forma oportuna y en la calidad requerida, a toda la población, con independencia de su nivel de ingresos.
La aspiración actual, que se visualiza como mayoritaria, es que esos bienes y servicios dejen de constituir mercancías, y pasen efectivamente a ser derechos, que deben ser proveídos por el Estado a todos los ciudadanos en forma segura, oportuna y de buena calidad, en correspondencia con el nivel de posibilidades que abra el nivel de desarrollo económico alcanzado por el país.
Para caminar en la vía de concretar esa aspiración hay varias condiciones que deben darse. La primera de ellas, es que la provisión de esos bienes, para todos los ciudadanos, pase a ser un deber constitucional del Estado chileno. Eso es una cuestión absolutamente necesaria, aun cuando claramente no sea suficiente. El que eso pueda quedar establecido en la nueva carta fundamental hace que pueda pasar a ser un principio rector de la política y de las leyes que se aprueben en los tiempos futuros, pero aun así, sería iluso pensar que solo con eso su concreción queda asegurada.
Otra cuestión necesaria es que el Gobierno chileno tenga los recursos económicos como para ir sosteniendo e incrementando la cantidad y la calidad de la provisión de esos derechos sociales. Eso no sucederá por un mero golpe de buena voluntad. Se necesitan más recursos fiscales. Por ello, si no se introducen reformas sustantivas en el sistema tributario, de modo de superar el escaso 20 % del PIB que representa hoy en día el ingreso fiscal, no habrá avances en la provisión de más y mejor salud, educación y previsión social. Y aumentar la recaudación fiscal, entre otras cosas, pasa por luchar activamente contra la evasión y la elusión fiscal, por establecer tributos a las grandes fortunas, elevar el royalty a las empresas mineras, y por poner a las empresas a tributar con independencia del tributo que pesa sobre las ganancias distribuidas a sus accionistas.
En tercer lugar, se necesitan reformas institucionales que permitan incrementar la participación y el poder de la ciudadanía, de modo de que sus demandas permeabilicen en forma permanente e institucionalizada al aparato del Estado. Una medida en ese sentido la constituye el referéndum que permita que la ciudadanía eventualmente revoque el mandato de alcaldes, concejales o parlamentarios que no sean buenos defensores de los intereses y de los derechos de los ciudadanos. También a nivel municipal, regional y nacional es bueno que existan consejos económico sociales, donde participen representantes de las organizaciones sociales, y donde estas puedan hacer valer sus demandas y sus derechos. Además, la participación ciudadana debe plasmarse en la existencia de consejos asesores y consultivos en la mayoría de los ministerios, para que se canalicen las demandas y las aspiraciones de la ciudadanía y de sus organizaciones sociales.
Por último – pero jamás lo menos importante – en una mención no exhaustiva de elementos, la organización y la movilización social y política de la ciudadanía es un elemento indispensable para conseguir que la letra y el espíritu de la constitución y de las leyes efectivamente se hagan realidad en el país y en cada una de sus regiones y municipios. Sin un pueblo activo, organizado y movilizado no hay cambios sociales relevantes que se puedan garantizar en el país.
