Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 30 de octubre de 2020.
La estructura tributaria es una de las columnas fundamentales que caracterizan a una sociedad. Ella muestra en forma inequívoca las tareas que la sociedad decide asumir en forma colectiva y cuales quedan relegadas al campo de lo privado. Por medio de los tributos – necesariamente diferenciados – se le impone, a cada ciudadano, la contribución que este debe dar para sostener la carga de las tareas colectivas o sociales que la sociedad le ha encomendado al Estado. En otras palabras, podríamos decir que la estructura tributaria pone en evidencia la naturaleza más íntima del contrato o del pacto social que sostiene a una sociedad como un sistema unificado.
Pero, además, en los tiempos modernos, los sistemas tributarios se constituyen en instrumentos imprescindibles para efectos de que los gobernantes lleven adelante diferentes políticas en materias económicas, sociales o políticas. El sistema tributario permite, por ejemplo, redistribuir ingresos dentro de la sociedad, mediante el viejo mecanismo de cobrarle impuestos a algunos – a los más ricos – y canalizarlos, en forma de ingresos o de bienes y servicios, a manos de los sectores de menores ingresos.
Es ya una norma universalmente aceptada, aun cuando no siempre respetada, que los sectores de más elevados ingresos deben aportar más, por la vía de los tributos – en monto y porcentaje de sus ingresos – que aquellos que tienen poco. Pero eso no es un mandato divino ni una ley de la naturaleza, sino un pacto o un contrato social que goza de suficiente aceptación.
En Chile, hoy en día, el sistema tributario se caracteriza por que la sociedad reclama del Estado una mayor y mejor prestación de servicios, que no pueden ser debidamente financiados con la estructura actual de los tributos recaudables por medio del sistema tributario existente. Una situación de este tipo tiene pocas opciones: o se reducen las tareas y responsabilidades que se le encomiendan al Estado, o se aumentan los recursos de que el Estado puede disponer para llevar adelante esas tareas.
El Gobierno actual, en el presupuesto que envió al Parlamento, no incluye ninguna medida conducente a modificar la estructura tributaria. Los tipos y las tasas de impuestos existentes continúan iguales, a pesar de que la realidad reclama un incremento de los gastos, para efectos de reactivación económica y de apoyo social.
Frente a ello el Gobierno ha constituido una comisión de “técnicos”, en alta medida afines a sus criterios económicos y políticos, que estudiará durante 10 meses la situación tributaria y hará proposiciones al respecto. Pero esa comisión no parece ser muy representativa de las fuerzas políticas, económicas ni sociales existentes en el país, ni es un órgano encargado por nadie para buscar pactos o consensos en materia tributaria, ni tiene ninguna capacidad resolutiva, ni sustituye al Parlamento en su capacidad de tomar decisiones sobre esas materias. El que tiene que decidir sobre esas materias es el Parlamento, por iniciativa o proposición del Presidente de la República.
El artículo 65 de la actual constitución establece categóricamente que “corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión”. Es decir, la comisión mencionada se tomará 10 meses en hacer sus proposiciones, las cuales serán analizadas y aceptadas total o parcialmente por el Presidente, el cual en base a ello enviará un proyecto de ley al Parlamento, el cual se tomará su tiempo en analizarlo. No parece haber mucho apuro, por lo tanto, en llegar a un nuevo pacto social en materia tributaria. Mientras tanto, se habrá elegido e instalado una Convención Constituyente que deberá decidir, soberanamente, que principios y directrices de carácter tributario introduce en la nueva constitución y, además, estará en desarrollo – al menos en sus inicios – una campaña presidencial que obviamente incorporará temas tributarios en sus programas de gobierno alternativos.
En síntesis, el Gobierno actual no coloca el tema tributario en el órgano estatal al que le corresponde discutir y decidir al respecto, ni dialoga con los interlocutores que corresponde, ni manifiesta prisa alguna en todo esto. Toda esta operación se parece bastante a una pérdida de tiempo.
