El 10% de las AFP: Sacar las castañas con la mano del gato

Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARíN (Chile) el día 26 de octubre de 2020.

La devolución del 10 % de los fondos acumulados en las AFP permitió que 9 millones 864 mil chilenos pudieran tener un cierto alivio a la grave situación económica y social creada por la pandemia y por la consiguiente caída de los empleos y de los ingresos. Esa medida, aprobada e impuesta por el parlamento – y resistida por el gobierno hasta el último día – significó traspasar a manos de los consumidores un total de 16 mil millones de dólares. Esa es una masa de recursos monetarios sumamente alta, que superó con creces las cantidades que el Gobierno ha entregado a los trabajadores en calidad de transferencias directas por medio sus programas de apoyo tardíos y mezquinos.

Veamos. Según las cifras entregadas por el Gobierno en ocasión de la discusión del presupuesto para el año 2021, el bono covid 19 llegó a 1 millón 528 mil personas, y tuvo un costo total para el gobierno de 132.993 millones de pesos. El Ingreso familiar de Emergencia, IFE, en sus diferentes versiones, alcanzó a 7 millones 664 mil personas, y tuvo un costo total de 1.749.031 millones de pesos. El bono para la clase media, permitió un alivio para 1 millón 663 mil personas y significó un gasto gubernamental de 775.959 millones de pesos.

Esos tres programas, en sus cifras hasta septiembre de este año, sumaban 2.657.983 millones de pesos, lo cual, traducido a dólares llegan a 3.322,4 millones de dólares. Sumando lo poco que se pueda avanzar todavía en esos programas en el mes de octubre, podría decirse que se llega a los 4 mil millones de dólares.  El retiro del 10 % de los fondos acumulados en las AFP significó, como ya dijimos, 16 mil millones de dólares. Casi un 300 % más que los transferidos por la vía de los programas estatales. En otras palabras, los trabajadores de este país financiaron con sus propios ahorros – que aun cundo retenidos seguían y siguen siendo de ellos – las penurias económicas ocasionadas por la pandemia. El Gobierno ha contribuido con poco en esa inmensa tarea.

El retiro del 10 % no significó en absoluto el apocalipsis que el gobierno pronosticaba. El proceso mismo de entrega se realizó con bastante orden y las consecuencias sobre el mercado accionario y cambiario no fueron en absoluto críticas ni caóticas. En cambio, las consecuencias sobre el comercio y sobre la producción de bienes y servicios fueron claramente positivas. Si bien no detuvo ni revirtió la caída del PIB implicó, por lo menos, que su caída no fuera tan violenta. Aminoró los efectos económicos y sociales de la pandemia.  Llevó un socorro a millones de hogares chilenos.

No fue, sin embargo, una medida que diera más recursos a los que tenían más necesidades, sino que los que tenían más ahorros acumulados pudieron obtener más ingresos por la vía del retiro. Eso era inevitable tratándose de una recuperación de los ahorros de cada uno, y no de una transferencia de fondos provenientes de otra fuente. Muchos recibieron poco. Muchos quedaron también sin nada acumulado en sus fondos individuales. Pero fue una medida inevitable, dada la negativa del gobierno a implementar una renta básica universal que llegara a todos los sectores más vulnerables de la población.

¿Qué pasará en lo que queda de este año y en el año que viene? Las razones que dieron origen al retiro del 10 % se mantienen. Hay una inmensa masa de desocupados, que no se visualiza que puedan ser absorbidos prontamente por la eventual recuperación de la economía y que carecen, por lo tanto, de ingresos. Pero un eventual segundo retiro no surtirá los mismos efectos sociales que el primero, pues hay muchos más chilenos que ya no tienen nada que sacar de allí.  Y en el presupuesto del año que viene no parecen haber fondos ni programas expresamente destinados a enfrentar esta situación.

Ya el gobierno capeo el temporal, por una vez, con los fondos de los propios trabajadores, pero no puede seguir eternamente con ese truco. La situación requiere de una reforma tributaria que ponga a los más ricos de este país a tributar más, para aportar a la solución de los problemas de Chile y de todos los chilenos.

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