Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARIN (Chile) el día 06 de septiembre de 2020.
Al cierre del año 2019 la deuda bruta del Gobierno Central ascendía a 55.393.169 millones de pesos.
En el transcurso del año 2020 se autorizó al Ejecutivo a endeudarse por un monto adicional máximo de 13 mil millones de dólares. De esa cantidad, a septiembre del presente año, se había efectivamente procedido a contratar nuevo endeudamiento por un monto de 11.784 millones de dólares, lo cual equivale a un 93 % de lo que estaba autorizado.
Con el nuevo endeudamiento contratado en el trascurso del año 2020 la deuda bruta del Gobierno Central alcanza los 65.966.795 millones de pesos. La información oficial es que ese monto de deuda se mantendrá durante el resto del año, y será, por lo tanto, el nivel de deuda con que se cerrará el presente año.
Para el año 2021, el proyecto de ley que el Gobierno ha enviado al Parlamento contempla la autorización para que el Gobierno se endeude hasta por un monto adicional de 20 mil millones de dólares, equivalentes 15.343.060 millones de pesos.
Si esa última cifra de deuda autorizable se hiciera efectiva durante el año 2021, se llegaría a una deuda bruta del Gobierno Central cercana a los 80 mil millones de pesos.
Hay que aclarar, en todo caso, que estas cifras sobre deuda bruta incluyen tanto la deuda interna como externa. Mas, aun, la mayor parte es deuda interna.
Si la deuda contratable durante el próximo año es mayor que la deuda contratada durante el presente año, eso se debe, indudablemente, a que la diferencia entre ingresos y gastos será mayor durante el año que viene. En otras palabras, los gastos del próximo año crecerán más que los ingresos, si tomamos como referencia lo sucedido durante el año 2020.
Los ingresos crecerán más lentamente que los gastos por cuanto el Gobierno, en el proyecto de ley de presupuesto que ha enviado al Parlamento, no incluye nada en materia de reforma tributaria. Si los ingresos crecen un poco, eso se debe a que crece el precio proyectado del cobre y a que se asume un crecimiento del PIB cercano al 5 %, lo cual debería traducirse en mayor recaudación tributaria, sobre todo del IVA. Pero no hay cambios en las tasas de impuesto a la renta a los tramos de más altos ingresos, ni hay nuevos impuestos a las grandes fortunas, ni hay anuncios en materia de poner fin, o de reducir, las exenciones tributarias, para mencionar solo algunas de las opciones posibles en materia de incremento de los ingresos fiscales.
En vez de proponer algo, aun cuando fuera poco, en materia de reforma fiscal, lo que el Ministro Briones ha propuesto es que se conforme una comisión de “expertos” -compuesta mayoritariamente por economistas que comparten la visión conservadora del propio Gobierno – que al cabo de 10 meses presente proposiciones en esta materia. Eso, en la práctica, significa que durante el año 2021 todo seguirá más o menos como hasta ahora, y las posibles reformas tributarias, en el mejor de los casos, solo podrán ser efectivas para año 2022, es decir, para el próximo gobierno, y siempre y cuando las conclusiones de esa comisión de reforma sean aprobadas finalmente por el Parlamento, que es el que tiene autoridad en esta materia. El próximo gobierno debería no solo implementar la reforma tributaria que resulte de todos estos debates – si es que resulta algo – sino que deberá también, en alguna medida, comenzar a pagar intereses y amortizaciones de la elevada deuda con que se encontrará el próximo Gobierno Central.
