Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 16 de septiembre de 2020.
En la teoría económica se postula que los mercados perfectos conducen a situaciones de máxima y óptima utilización de todos los factores productivos y, por lo tanto, la producción y la felicidad que esta genera serían las máximas concebibles. Pero esos mercados perfectos suponen que todos los agentes productivos que en ellos participan son iguales en su poder de mercado y en las tecnologías que todos conocen y dominan. Ningún agente -y sea consumidor o productor – económico pesa más que otro. Es un mundo maravilloso de iguales. Si ese mundo existiese realmente valdría la pena defenderlo y cuidarlo.
Pero la teoría y la práctica de muchos años y de muchos países ha establecido con meridiana claridad que aun cuando se parta de una situación cercana a la de competencia perfecta, la propia e implacable dinámica de la competencia capitalista lleva a la concentración y centralización del capital o, en otras palabras, a la conformación de monopolios, de oligopolios o de empresas con alto poder de mercado. Estos fenómenos no son casuales y eventuales, sino que están en el ADN de la competencia capitalista. Aun cuando se parta de una situación en que las unidades de producción son todas chicas e igualitas, la puesta en marcha de ese modelo genera necesariamente la diferenciación, la heterogeneidad y el distinto poder tecnológico y de mercado de unas y de otras. Y eso genera una mala distribución del ingreso e ineficiencias en materia de producción.
Por ello, en muchos países – que nada tienen de socialistas, sino que son sumamente capitalistas – se han establecido leyes antimonopolios, las cuales tratan de evitar la centralización del capital y de las decisiones económicas y políticas en pocas manos. Pero en la constitución actual que nos rige no se dice nada respecto a la necesidad de establecer medidas antimonopolios o contra el elevado poder de mercado de algunas empresas. Nada, tampoco, desde luego, sobre la necesidad de que el Estado regule y actúe, mediante diferentes mecanismos de política económica, para contrarrestar los efectos más negativos de ese proceso de monopolización.
En la actual constitución se establece, en su artículo 19, que todos los ciudadanos tienen “el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional”. Pero resulta que una vez que la economía nacional se haya dominada por grandes grupos económicos que ostentan un gran poder sobre el mercado y sobre la política nacional -como es el caso de Chile- los ciudadanos que quieran establecerse en una actividad económica dominada por alguno de esos grandes grupos, no pueden hacerlo. Ese derecho les está negado a los que llegan segundos. Las puertas de entrada están cerradas. La competencia ha llevado, curiosamente, a que la competencia se reduzca o se elimine por completo como consecuencia de sí misma. El precepto constitucional así redactado, en el sentido de que todos tienen el mismo derecho, se convierte en un mito o en un chiste de mal gusto, que es necesario corregir en la redacción de la futura constitución.
