Felipe Enero Segovia en Cooperativa
¿Qué tienen en común países de diversos continentes, regiones y caracteres culturales-religiosos, como Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Francia, Italia, Japón, Namibia, Portugal, España, Sudáfrica, Túnez y Turquía, por nombrar algunos?
Pues han consagrado el derecho a voto de sus expatriados en las elecciones de autoridades unipersonales y cuerpos colegiados, como es el caso del parlamento.
Entre las razones, cabe nombrar la comprensión de los lazos históricos, culturales y afectivos. También el derecho a decidir sobre las políticas públicas que afectan directamente a sus familiares y bienes en territorio nacional.
En algunos casos el sufrimiento causado por conflictos bélicos, el terrorismo de Estado o el llamado exilio económico. A su vez, la irremplazable contribución de sus expatriados al desarrollo nacional mediante las remesas, la cooperación, el fortalecimiento de la imagen internacional del país, la intensificación del comercio y las inversiones.
En este marco, existen casos destacados como Portugal, nación que posee una especie de parlamento consultivo de la comunidad en el exterior (Conselho das Comunidades Portuguesas), para representar oficialmente los intereses de sus conciudadanos en el mundo.
También, es destacable el caso de una de las asambleas constituyentes más recientes, como es la de Túnez en 2011, en la cual se conformó un distrito exterior que tuvo la potestad de escoger a 18 representantes de un total de 217.
Lamentablemente, en Chile los avances hacia la plena consagración de derechos políticos de la comunidad en el exterior han sido altamente desfasados.
De acuerdo a las últimas cifras entregadas por el SERVEL, cerca de 59.526 compatriotas en el exterior tendremos derecho a voto en el plebiscito constitucional del 25 de octubre.
Sin duda el derecho a voto de estas miles de personas, obtenido gracias a la reforma constitucional de 2014 durante el mandato de Michelle Bachelet, constituye una conquista histórica que costó décadas de ardua organización, sensibilización, lobby y movilización social, bajo el contexto adverso de la distancia, la espuria Constitución Política vigente, senadores designados, el errado cálculo electoral de sectores conservadores, el sistema binominal y quórum supra-mayoritarios.
No obstante esta conquista histórica, la cifra de ciudadanos inscritos para votar en el extranjero se aleja bastante de las más de 857.000 chilenas y chilenos residentes en los 5 continentes, incluyendo a sus descendientes.
Considerando solo el padrón oficial cercano a los 400.000 ciudadanos habilitados para su inscripción electoral en el exterior, más del 80% de nuestros compatriotas han visto restringidos sus derechos políticos, por acción u omisión, ya sea por una Constitución Política espuria que prohíbe el derecho a sufragio a los connacionales que no han tenido avecindamiento continuo en el territorio (lo cual afecta principalmente a descendientes), o ya sea por procedimientos de inscripción y votación que dificultan la participación.
Por ejemplo, son miles los que en calidad de jubilados, con problemas de movilidad reducida, recursos escasos, por razones laborales o familiares, se ven imposibilitados de costear un viaje de cientos e incluso miles de kilómetros, con el valor de varias decenas o cientos de dólares sin considerar los costos de alojamiento, para acudir a su Embajada o Consulado más cercano en función de solicitar su clave única y ejercer su sufragio.
Por otro lado, al calor de los acontecimientos en Chile y el mundo, la reforma electoral de 2014 ha quedado anticuada, ya que solo faculta a ejercer el derecho en las elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales.
Es decir, existe una exclusión en los procesos de toma de decisión que resultarán claves para la definición de las futuras políticas públicas de reconstrucción, el desarrollo de las regiones y localidades donde residen nuestras familias o donde proyectamos residir a futuro, e incluso, la definición del marco constitucional que probablemente regirá nuestro país por varias décadas, sino quizás siglos. Hablamos de las elecciones de convencionales constituyentes, de autoridades regionales y municipales, así como las elecciones parlamentarias de 2021.
Por otra parte, a propósito de la pandemia son miles los compatriotas que yacen en países en Estado de Emergencia, o bien, en localidades que han implementado medidas para salvaguardar la salud de sus ciudadanos mediante rigurosas restricciones a la movilidad, el cierre perimetral de ciudades, la prohibición de aglomeraciones y la promoción del distanciamiento físico.
Considerando este escenario, resulta urgente acelerar la tramitación de diversos proyectos, así como la adopción de medidas que permitan la consagración efectiva y plena del derecho a voto de la comunidad en el exterior.
Por ejemplo, acelerando la tramitación de la moción parlamentaria impulsada por las Senadoras Allende, Muñoz y Provoste, así como los Senadores De Urresti y Elizalde, la cual crearía un distrito exterior con dos escaños en vista a la elección de convencionales constituyentes del 11 de abril de 2021.
A su vez, en función de implementar una elección segura conforme a los estándares adoptados por otros países, sería pertinente aumentar la cantidad de mesas y recintos electorales en el exterior, incluyendo espacios abiertos o edificaciones con óptimos sistemas de ventilación. Por otra parte, será necesario realizar prontas gestiones con los gobiernos extranjeros, para facilitar permisos especiales a nuestros connacionales que se encuentran en territorios con restricciones a la movilidad.
Por último, sería pertinente establecer la posibilidad del voto por correspondencia para aquellos ciudadanos que así lo requieran, considerando un probable escenario de rebrote pandémico que implicaría la adopción de nuevos Estados de Emergencia, escenario altamente probable en Europa a partir de octubre y en todo el mundo hasta que no se invente una vacuna efectiva.
Como se indica al inicio del artículo, existen múltiples razones para otorgar el derecho pleno al voto de la comunidad de chilenas y chilenos en el exterior.
No obstante, resulta necesario señalar que la rica experiencia de vida de nuestros compatriotas en otras tierras, tanto en países en vías de desarrollo, así como en aquellos con Estados de Bienestar altamente desarrollados, con una gobernabilidad democrática basada en cuerpos colegiados y el diálogo social, o en países difíciles de encasillar en lo “occidental liberal democrático” pero con formidables políticas de innovación, ciencia y tecnología, podría ser clave para alcanzar un nuevo pacto social y reconstruir el país tras la nefasta gestión del Gobierno gerencial y los catastróficos impactos del covid-19.
