Artículo de Sergio Arancibia
Publicado en la edición digital de EL CLARÍN (Chile) el día 14 de julio de 2020.
Después varios días de expectación el Gobierno dio finalmente a conocer su esperada oferta en materia de apoyo a los sectores medios de la población. El que lo haga pocas horas antes de que el proyecto de retiro parcial de los fondos de cada afiliado en las AFP sea discutido en el Parlamento, muestra claramente que es un proyecto tardío, de última hora, motivado más por la coyuntura política – deterioro acelerado de la gobernanza – más que por razones verdaderamente económicas y sociales. Pero, además, es un proyecto mezquino, que no llega al grueso de la población eventualmente beneficiada, que llega con fondos muy modestos, y que genera en última instancia un grado mayor de endeudamiento de la población que acceda a esos beneficios.
Uno de los elementos componentes del proyecto que cometamos es un bono, es decir una transferencia directa, en dinero, a la población, que sería de 500 mil pesos, para todas las personas que cumplan, en primer lugar, el requisito de estar ganando antes de la presente crisis, un ingreso igual o superior a los 500 mil pesos, y menor al millón y medio. Todos los que se ubican en ese tramo de ingresos suman, según el Sistema de Impuestos Internos, aproximadamente 2.1 millones de ciudadanos. Esa es la cobertura máxima de este proyecto. Si se le compara con el proyecto de retiro parcial de los fondos acumulados en las AFP hay que recordar que éste último beneficiaría a aproximadamente a los 11 millones de afiliados. Pero esa no es el único requisito del nuevo proyecto gubernamental : también hay que demostrar – al momento de hacer la solicitud correspondiente – que han presentado una “caída significativa“ en sus ingresos para poder acceder a ese bono.
Pongamos un ejemplo: si una pareja ganaba cada uno 450 mil pesos, no les tocó el IFE y tampoco les tocará este bono de última hora. Esa pareja estaba ganando de conjunto 900 mil pesos mensuales, pero como el bono es personal, ninguno de los dos lo recibirá, estén desempleados o no. Esa es una de las primeras y más importantes críticas a este proyecto: la limitación en la cobertura. Si el ingreso era más de un millón y medio de pesos mensuales, el bono que se recibiría sería menor, aun cuando el discurso presidencial no indica cuanto menor. Y si gana más de dos millones, este asunto no es con él.
En lo que respecta al préstamo -que también forma parte del paquete reciente – hay que demostrar que los ingresos del solicitante han caído, y entonces el gobierno concederá crédito hasta por un 70 % de esa caída de los ingresos. Pero eso es un crédito, que hay que pagarlo en algún momento de la vida. El que entre en ese carril sale de la crisis – si es que sale – más endeudado que hoy. La perspectiva de que le condonen la deuda al cabo de un cierto tiempo es altamente ilusoria. Si le descuentan el 5 % de su salario para pagar ese crédito, en un par de años lo paga sobradamente a menos que siga cesante.
La alternativa de poder echar mano a los fondos acumulados en las AFP es más rápida, más desburocratizada, genera más ingreso a cada ciudadano, tiene mayor cobertura, y no genera deuda. Pero la porfía del Gobierno no tiene como objetivo beneficiar mucho o poco a los sectores medios. Lo que realmente le importa se tratar proteger a todo trance a las AFP, que son el riñón del sistema financiero nacional, y que aun cuando con esta medida no se modifica en sus aspectos más sustantivos, se modifica en algo, y para ellos, algo ya es mucho.
