Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARIN (Chile) el día 27 de abril de 2020
Los economistas se han acostumbrado – y de paso han acostumbrado a toda la población – a medir el buen o mal desempeño económico de un país por la vía de ese indicador denominado Producto Interno Bruto, o PIB. En términos sencillos el PIB mide o pretende medir – el total de ingresos que reciben todos los propietarios de factores productivos en el país. En otras palabras, mide el total de salarios o de remuneraciones que recibió el factor trabajo más el total de ingresos que recibió el factor capital, todo ello medido en un período de tiempo determinado, por ejemplo, durante un año.
Si el PIB de un país como Chile fueran, por ejemplo, 380 mil millones de dólares, y el país tuviera una población total de 19 millones de habitantes, entonces se podría decir que, en promedio, cada chileno recibe en el año un ingreso equivalente a 20 mil dólares. Eso sería lo que se denomina el ingreso per cápita. Si todo el ingreso se repartiera en forma absolutamente igualitaria, cada ciudadano del país debería recibir esa cantidad de ingreso en el año que se está analizando. En la realidad de las cosas, como el ingreso no está igualitariamente repartido – ni en Chile ni en ningún otros país conocido – hay algunos que reciben muy poco, por ejemplo, la mitad de esa cantidad, o menos, y otros que reciben el doble o el triple de la misma.
Si en un año de buen funcionamiento de la economía el PIB aumenta, por ejemplo, en un 5 %, eso debería significar – siempre dentro de nuestro supuesto de que la torta está repartida en partes iguales, – un 5 % más de ingresos para cada habitante del país. Pero si el ingreso de algunos se mantiene en su mismo nivel, mientras el ingreso de unos pocos aumenta en un 10% o un 20 %, entonces la distribución del ingreso se estaría haciendo cada vez peor.
Todo esto viene a cuento, por cuanto todos los pronósticos de los organismos nacionales y extranjeros indican que Chile tendrá este año 2020 una baja en su PIB que puede llegar incluso a un 10 %. Utilicemos esa cifra, para seguir con el ejemplo. ¿Significa esto que cada ciudadano del país va a recibir un 10 % menos de ingreso que lo que recibió el año anterior? Si eso sucediera la distribución del ingreso seguirá siendo la misma, buena, mala o reguleque. Los pobres y los ricos, disminuirían su ingreso en un 10 %. Pero las cosas no son así.
A un trabajador que queda cesante – con derecho a subsidio de cesantía y todo – se le pagará el primer mes un 70 % del salario que estaba recibiendo, y al segundo mes se le rebajará más aún ese porcentaje. Es decir, perderá un 30 % o más de su ingreso anterior. El que quedó cesante en forma total y absoluta, porque no tenía contrato de trabajo alguno, recibirá en el mejor de los casos, el subsidio que el Gobierno ha decidido otorgar, que será menor que el salario mínimo.
¿Y que pasará con los sectores de altos ingresos? ¿Reducirán su ingreso en un 10 %? Lo más probable es que no presenten disminución alguna de sus ingresos, e incluso pueden que los aumenten en esta situación de crisis. Pero aun cuando reduzcan su ingreso en un 10 %, ese porcentaje no significará que sus niveles de consumo y sus condiciones de vida se verán comprometidos. Seguirán consumiendo lo mismo, y manteniendo su ritmo de vida habitual.
Pero para los sectores de bajos ingresos – los que reciben el salario mínimo, o los millones de chilenos que ya eran pobres o extremadamente pobres antes de la presente crisis – una rebaja del 10%, del 30 % o del 100% en sus ingresos, les significa la diferencia entre la vida y la muerte.
Si el peso de la crisis se repartiera por igual, todos deberían tener una baja de 10 %, con lo cual la distribución del ingreso previamente existente se mantendría igual, en términos relativos.
Si el peso de la crisis se repartiera con un criterio de justicia social y de redistribución del ingreso, los sectores de menores ingresos no deberían tener disminución alguna de sus ingresos, y los sectores adinerados tener una disminución de 20 % o 30 % o más.
Pero si los pobres quedan con reducciones altas de sus ingresos, y los ricos se quedan más o menos igual que antes, entonces estamos frente a una tremenda injusticia social que profundiza una ya mala distribución del ingreso, y frente a la cual es lícito desarrollar todas las acciones de rechazo y de defensa que sean posibles.
