María Isabel Díaz
Doctora en Educación
Ex Subsecretaria Educación Parvularia
A todas y todos los que tienen profundos y verdaderos compromisos por el desarrollo que ha logrado la educación parvularia en nuestro país, les escribo esta carta que busca hacer un llamado a observar con atención las decisiones estructurales que se estan adoptando en este nivel educativo, además en el contexto de la más compleja crisis sanitaria que se está viviendo en nuestro país.
En primer lugar, debemos poner de relieve el esfuerzo y la lucha de grandes educadoras que, en el transcurso de décadas, lograron que este primer nivel educativo se constituya en un referente internacional, alcanzando un destacado reconocimiento en América Latina, así como en Europa se considera a Finlandia o Suecia, de acuerdo a lo que afirman importantes investigadoras de nuestro país, en una reciente publicación sobre políticas públicas, tomando como base reportes de organismos internacionales.
La construcción de esta ruta, que logra posicionar a este nivel educativo en la agenda pública en las distintas dimensiones que comprometen una educación integral, sostiene como principio que el Estado debe garantizar el derecho fundamental a una educación pública de calidad para todos los niños y niñas.
Así el desarrollo de la educación parvularia en nuestro país, con este mandato irrenunciable respecto al rol público, durante los últimos 40 años pudo resguardar que la provisión mixta se desarrollará en el marco de un derecho social, instalando mecanismos de protección con reglas claras y consistentes para que todas las salas cunas y jardines infantiles que reciben recursos basales del Estado fueran efectivamente gratuitos, sin fines de lucro y sin copago, lo que, como se sabe, no sucedió en el nivel escolar, teniendo como resultado que la educación pública escolar ha estado en riesgo de desaparecer.
Con esa convicción, en los últimos años hubo notables avances en el fortalecimiento de la institucionalidad, la cobertura y la calidad de la educación parvularia pública. Es claro que persisten desafíos principales impostergables, entre ellos lograr equiparar el financiamiento de la red de jardines infantiles. Una tarea que debe ser enfrentada en forma decidida y sin vacilaciones y por cierto desde una mirada sistémica, pero en ningun caso puede implicar que se deban sacrificar los principios y rasgos históricos de la educación parvularia chilena, orientados fundamentalmente a expandir y consolidar la educación pública.
Hoy en el año 2020, estamos en un escenario adverso y con una gran amenaza para la educación parvularia. Se ha presentado un proyecto de ley que pregona el aumento de recursos para los jardines más vulnerables y la cobertura universal, pero lo que en realidad hace es modificar el sistema de financiamiento, creando una subvención a la demanda, en función a la asistencia efectiva de los niños y niñas de entre 2 y 4 años y que además se extiende a todos los establecimientos escolares.
De esta forma, el derrotero de este proyecto de ley es que la educación parvularia chilena se transforme en un peligroso experimento mundial, creando un sistema de educación inicial orientado por dinámicas de mercado que mediante incentivos hacen competir a los establecimientos y cuyas consecuencias nefastas en el sistema escolar han sido ampliamente evaluadas y comentadas en cientos de publicaciones científicas. Por otra parte, instala otro experimento en el diseño de políticas, bastante único a nivel de los países de la OCDE: se trata de fomentar el ingreso de los niños a los 2 años a los colegios, generando una serie de complejos efectos en el sistema.
El ejecutivo ha insistido en los debates en que este proyecto tiene la voluntad de fortalecer la educación pública. Sin embargo, el contrasentido, y así lo reconocen las propias autoridades, está en que no existe ningún articulado que exprese efectivamente que habrá un tratamiento diferenciado o privilegiado hacia establecimientos escolares públicos, aquellos que pudieran acceder a abrir nuevas dependencias para la educación parvularia. De esta forma se abandona el principio de que la educación pública cumple un valor social superior y que por tanto merece un trato distinto, especialmente cuando concierne a la primera infancia.
Los parlamentarios de oposición han solicitado evidencias de estas medidas, pero el ejecutivo no cuenta con estudios comparados que permitan sostener que este tipo de financiamiento, de expansión de cobertura e ingreso de los niños a los 2 años a los colegios sean politicas reconocidas y validadas a nivel internacional.
Por supuesto, nadie podría estar en contra de que los jardines infantiles que se encuentran en situaciones de desigualdad reciban más financiamiento, como se ha tratado de instalar en los debates del proyecto de ley. Nadie se opone a la expansión de la cobertura en esos grupos de niños y tampoco nadie se niega a que ingresen nuevos recursos para mejorar las condiciones de los jardines. Al contrario, la critica estructural es que el modelo que impulsa esta iniciativa terminará por aniquilar los jardines infantiles públicos que tendrán que competir bajo la ley del más fuerte. En efecto, un financiamiento a través del subsidio a la demanda, además con mecanismo de subvención por asistencia, no asegura un piso mínimo para el funcionamiento de los jardines infantiles. Experiencia de ello tenemos en forma abundante en el mundo escolar.
A pesar de la contingencia y el rechazo mayoritario del sector de educación, continúa la tramitación con suma urgencia del proyecto. Es así que el miércoles 18 de marzo de 2020, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ocurrió un hecho, muy triste, por supuesto, y paradójico: se aprobó el artículo que crea el sistema de subvenciones para financiar la Educación Parvularia -esto es lo penoso- pero a la vez se rechazó otro artículo que crea la subvención base (valor unitario mensual por párvulo de la subvención), generando un proyecto incoherente.
Es muy probable que esta contradicción pudiera explicarse en la incomprensión de la real dimensión de este proyecto de ley, la introducción de la lógica de subvención, históricamente inexistente en el nivel, fijando prácticas que ponen en riesgo el despliegue de la educación parvularia, desventajas que se han comprobado en otros niveles educativos.
Es cierto que hay un repertorio extenso de omisiones en el desarrollo de la educación parvularia, no sólo legislativo sino cultural y de sentido común, pero hoy ya parece instalado que se trata de una etapa fundamental en la trayectoria educativo de los seres humanos. Este relativamente nuevo convencimiento contrasta con ese repertorio de invisibilización y rezago y, también quizas, muchos actores en la historia de este proyecto de ley hayan quedado cegados -ojalá que sólo momentáneamente- con una oferta de más recursos para los jardines vulnerables, sin que quede meridianamente claro que no les van a llegar a todos, que no serán permanentes porque no todos podrán cumplir con los requisitos, que no se podrá asegurar un monto mínimo para el funcionamiento de los jardines infantiles (depende de la asistencia de niños entre 2 y 4 años) y que además ingresaran los colegios y escuelas a competir por nuevos cupos al sistema.
En este nuevo escenario político y social, las y los parlamentarios deberán discernir si quieren reproducir y re-validar un sistema de financiamiento que ha probado ser desde hace 40 años, excluyente y reproductor de desigualdades en las escuelas y que ahora inexplicablemente se quieren trasladar esos efectos sistémicos del mercado a la educación parvularia.
Tenemos la esperanza y el optimismo -propio de los educadores- de que este obligado receso nacional, mundial, debiera servirnos para reflexionar y poner las políticas educativas en perspectiva, particularmente cuando tenemos ad portas decisiones sobre una nueva constitución para nuestro país.
