Por Iván Borcoski González, Programa Municipal Instituto Igualdad
Después de una persistente lucha demandando una mejor y más justa redistribución de los ingresos para un mejor funcionamiento de las municipalidades en Chile, y luego de diversos acercamientos entre las autoridades comunales y el poder Ejecutivo, el gobierno anunció hace algunos meses que estudia modificaciones al Fondo Común Municipal, principal medio de financiamiento de los 345 municipios existentes a lo largo del territorio nacional.
Recientemente, en medio de la crisis, uno de los anuncios del Ejecutivo parecen
una buena noticia, toda vez que, los problemas de financiamiento municipal son estructurales y tienen que ver con que las principales recaudaciones que las corporaciones comunales realizan son, en su mayoría, a través del pago de contribuciones de bienes raíces y permisos de circulación, ingresos que en la mayoría de las municipalidades son escasos, ya que son justamente en aquellas comunas donde sus habitantes necesitan más atenciones y servicios municipales, donde menos se recauda por ambos conceptos.
Si comparamos la realidad de las comunas con mayores recursos y aquellas de menos ingresos, nos damos cuenta que, en comunas populares, por ejemplo, el parque automotriz es menor y más antiguo que el existente en comunas con altos ingresos donde las familias tienen al menos 2 vehículos. De igual modo, los ingresos por concepto de impuesto territorial es inmensamente menor en las comunas de bajos ingresos, ya que en ellas hay un gran número de viviendas sociales, las cuales se encuentran -por ley- exentas del pago de contribuciones de bienes raíces.
Comunas como El Bosque, a modo de ejemplo, tienen más del 70% de sus viviendas exentas del pago de contribuciones, siendo muy menor los ingresos que su municipio genera por dicho concepto.
En suma, donde hay más carencias, hay menor cantidad de ingresos propios. Por eso decimos que el problema del financiamiento municipal es estructural y para resolverlo no basta con modificar un instrumento como el FCM, hay que ir más allá.
Sin embargo, hay que reivindicar el rol del FCM en su carácter de fondo de ecualización de las finanzas municipales, que como instrumento nace en 1979 cuando se publica la Ley de Rentas Municipales, la cual es parte de una reforma del Estado que comienza a darle más atribuciones a los municipios, es especial en materia de políticas sociales. Apenas dos años después, en 1981, los municipios ya tenían bajo su administración la educación pública y la salud primaria.
Entonces, el Estado debe asumir que los municipios de hoy, no son los mismos municipios de finales del siglo XX. El municipio de los años 80, por ejemplo, realizaba en promedio, 5 o 6 tareas, distando mucho del centenar de funciones que hoy deben cumplir, producto de la absorción de responsabilidades que se le han dado, debido a la puesta en marcha de proyecto impulsados por el propio Ejecutivo, muchos de ellos sin entregar financiamiento para el cumplimiento del cometido. Dos ejemplos de leyes aprobadas en el último tiempo sin el debido financiamiento y que deberán ser cubiertas a plenitud por las municipalidades son la recientemente implementada Ley Cholito (mascotas), y la Ley de Plantas Municipales.
Como dato, en el caso de la salud primaria, son al menos 120 mil millones de pesos anuales los que las municipalidades destinan para que el sistema logre mantenerse, y en educación aportan cerca de 200 mil millones por año, todo esto cubierto completamente por fondos propios, recursos que –perfectamente- podrían ser utilizados para construir canchas, plazas, áreas verdes o diversas iniciativas municipales.
Todo esto explica la urgente necesidad de una reforma constitucional que asegure que toda nueva función o tarea que se le entregue a los municipios, esté debidamente financiada. Esto aparece en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades pero si no está refrendado en la Constitución Política, seguirá siendo letra muerta y los municipios seguirán pagando la cuenta de las desigualdades de nuestro país.
Volviendo al FCM, la diferencia entre el municipio más rico y el más carenciado es de 22 veces presupuestariamente, disparidad que baja a 4 veces aplicando la ecualización del mencionado Fondo.
Por otro lado hay que transparentar cifras. Se nos dijo desde el Estado Central que las exenciones establecidas por decisiones de ese nivel, eran compensadas pero nunca se hablaba de cifras. Según nuestros datos, lo que dejan de percibir los municipios por exenciones en el pago del impuesto territorial, se acercan a los 600 mil millones de pesos, siendo las “compensaciones” del orden de los 50 mil millones de pesos. Es decir, las “compensaciones” no alcanzan al 9%, algo totalmente irrisorio.
Es momento de pensar otros instrumentos de financiamiento. Hay que abrirse a la puesta en marcha, por ejemplo, de un Fondo de Desarrollo Local para zonas carenciadas y rezagadas; como también debe pensarse en el sentido que tiene el aporte fiscal al FCM, considerando que este aporte puede ser ingreso de recursos para acercarse a un «promedio de inversión municipal por habitante», aceptable, y que pueda combatir las enormes diferencias que existen en los presupuestos de los municipios. Esto no requiere nuevos impuestos como algunos pudieran pensar. Lo que se requiere es una redistribución de determinadas recaudaciones. A modo de ejemplo tenemos el Impuesto al Valor Agregado, IVA, que constituye alrededor del 60% del financiamiento del gasto público en el país. Nos preguntamos, si los municipios realizan hoy casi 100 funciones y el presupuesto desconcentrado en las administraciones locales no alcanza al 15%, no es hora de ser coherentes y entregar más financiamiento a las corporaciones municipales que cargan con múltiples tareas para enfrentar las desigualdades de Chile? Sumemos un antecedente en la misma línea. De acuerdo a nuestros estudios , los municipios del país pagan anualmente cerca de 250 mil millones de pesos por el IVA de los diversos bienes y servicios que utilizan, pero a diferencia de un privado, no pueden descargarlo. Es decir, esos 250 mil millones no los recupera el municipio. Una alternativa es que con una parte de esos recursos se podría desarrollar un fondo de fortalecimiento para aquellos municipios más carenciados y desarrollar programas de fortalecimiento similares a los que exitosamente realizó la SUBDERE a fines de los 90.
En suma, debemos ser capaces de construir un gran acuerdo nacional para reducir la desigualdad, donde la formulación de un nuevo sistema de financiamiento municipal, no sólo nos lleve a la discusión de una nueva Ley de Rentas Municipales, sino que además permita de una vez por todas debatir sobre mecanismos de redistribución del poder, permitiendo que la descentralización y la autonomía de las administraciones locales comience a ser una realidad, algo que desde el municipalismo consideramos elemental para cimentar las bases de un país desarrollado.
