Reinaldo Ruiz, Programa de Medio Ambiente, Instituto Igualdad.
En su informe de Agosto de este año, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) clasifica a Chile como un país de alto estrés hídrico, primero en ese grupo ocupando el lugar Nº 18 entre 164 países. Los 17 países que están sobre Chile el Instituto los clasifica en situación de estrés hídrico extremo, y la mayoría se ubican en el medio oriente (Golfo Pérsico y la Península Arábica) a los que se suman la India y Pakistán.
Irónicamente, otras publicaciones observadas en el Instituto Igualdad han clasificado a Chile como un país privilegiado en términos de disponibilidad de agua per cápita, superando en casi nueve veces el promedio mundial. Sin embargo, debido a un conjunto de factores, entre los cuales se mencionan los efectos del cambio climático – que han elevado la isoterma cero alterando la natural acumulación de nieve en la cordillera-, la prolongada sequía y la creciente demanda por su uso, transformaron una situación de privilegio en una de alta vulnerabilidad que amenaza el desarrollo económico y social de hoy y de nuestro futuro cercano. Transitamos entonces de la abundancia a la escasez y lo que hoy realmente enfrenta el país es una crisis.
Las cifras que observamos son elocuentes. Se estima que sobre el 60% de todo lo que el país produce depende del agua, por lo que hasta ahora el objetivo de seguir creciendo agrega aún más presión sobre un recurso que se vuelve más escaso. Las tasas de aumento de la demanda por agua y de crecimiento económico están absolutamente acopladas y crecen casi en paralelo. Para el sector exportador la hidrodependencia probablemente es aún mayor. Entre las regiones de Coquimbo y el Maule que hasta ahora exhiben los mayores déficits de precipitaciones y muy poca acumulación de nieve se producen dos tercios del PIB. El caudal agregado de seis ríos, que son fundamentales para sostener la actividad agrícola en esas regiones (los ríos Choapa, Aconcagua, Maipo, Cachapoal, Teno y el Maule) entre los años 2010 y 2019 registra una disminución de 449m3/s en el mes de diciembre y 220,5m3 en el mes de julio comparado con los caudales medidos durante el período 1961-2010. Estas cifras equivalen a 38,8 y 19,1 millones de m3 menos durante cada día en los meses de Diciembre y Julio respectivamente.
Frente a esta crisis el Gobierno anunció la implementación de un Plan que contempla medidas de corto, mediano y largo plazo. Hasta ahora los detalles del plan no se conocen, excepto que se anuncian medidas que ya se están ejecutando, como la construcción de nuevos embalses, algunos de los cuales se iniciaron en el Gobierno anterior o son iniciativas que se han propuesto anteriormente, como la reutilización de aguas grises y el mejor uso de las aguas tratadas que son evacuadas por las plantas de tratamiento. Estos son elementos positivos del anuncio Presidencial porque se reconoce que la Política Hídrica tiene un fuerte componente de continuidad. Tal vez lo novedoso de la declaración presidencial fue conocer que “estamos colaborando con Holanda, con Israel, vamos a colaborar con China, hemos tenido la colaboración del banco Mundial” para adoptar las mejores tecnologías para aprovechar mejor el agua. Los tres países con los que “estamos colaborando” tienen, respecto del agua, una característica común: han resuelto que el agua, como bien nacional de uso público, debe ser administrado, regulado, y asignado por el Estado, quien además, fija el precio que deben pagar por quienes la usan. Un experto israelita incluso señala que “quizás el sistema hídrico de Israel constituya hoy en día el ejemplo más exitoso de socialismo práctico de todo el mundo” Y en el caso de Holanda, se observa una situación similar. La ley del Agua de 2009 establece el ordenamiento jurídico e institucional para la gestión del agua y la gobernanza se realiza a través de 21 Autoridades Regionales, con amplias facultades para decidir sobre el uso del recurso en sus respectivos territorios, descentralizadas, con plena autonomía financiera y dirigidas por un Consejo cuyos miembros son elegidos democráticamente. Respecto de las empresas sanitarias, el año 2004 el Parlamento Holandés aprobó una ley que prohíbe la participación privada en estas empresas y aunque el Estado las entrega en concesión sólo pueden participar en el proceso empresas públicas, la mayoría de ellas pertenecientes a los municipios. Así es como actualmente Holanda tiene el porcentaje de pérdida de agua más bajo del mundo, sólo un 6% comparado con cerca del 35% que se registra en Chile.
Siempre se ha dicho que las crisis son una oportunidad para realizar los cambios que se requieren. Esta es una crisis que no deberíamos desperdiciar. En el Instituto Igualdad creemos que nuestros principales desafíos, aparte de las inversiones que se requieren, están en primer lugar, en poner al día nuestro ordenamiento jurídico que reconozca que un bien tan esencial para nuestro desarrollo, que no tiene sustituto, no puede transformarse en sí mismo en un bien transable en el mercado y segundo, que necesitamos un nuevo orden institucional que asegure el agua para todos.
