Alfonso De Urresti, senador.
El anuncio del itinerario constituyente del Ejecutivo, ha abierto definitivamente un camino sin retorno para que Chile pueda darse una nueva institucionalidad, fundada en un proceso legítimo y democrático. Con ello la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría comienzan a cumplir uno de sus compromisos fundamentales de campaña: Una nueva Constitución
Chile dejará atrás así una Constitución que no es producto de una adecuada deliberación democrática, sino que además su estructuración contiene una serie de falencias en torno a materias de derechos sociales, civiles y económicos, una estructura de Estado altamente centralizada, sistemas contramayoritarios que facilitan el veto de las minorías e impedimentos que dificultan la representación de las mujeres, de los pueblos originarios y de las regiones.
Quienes hemos sostenido -y seguiremos sosteniendo- que el mejor mecanismo para el diseño de esta nueva carta magna es la Asamblea Constituyente, valoramos que la propuesta del Gobierno considere a ésta como un camino legítimo e institucional, entre otros, y que, al Plebiscito que hemos planteado, se le considere una fórmula válida para dirimir la ruta del cambio constitucional.
Respecto a la propuesta de diálogos, es necesario que ésta ofrezca un modus operandi que permita que la ciudadanía pueda sumarse en forma efectiva, con una metodología que asegure transparencia y que no hayan filtros de entrada de tipo organizacionales o financieros. Sólo así aseguraremos que nadie quede fuera de este relevante proceso republicano.
La nueva Constitución que Chile requiere será producto de un debate participativo y amplio, pero desde nuestro sector debemos estar atentos a sumarnos desde la perspectiva que nuestra democracia tiene debilidades relevantes, factibles de afrontarse en proceso sin una barrera ideológica que niegue las posibilidades de influencia de un determinado sector de la sociedad.
Los medios de comunicación de comunicación por otra parte están llamados a colaborar en este proceso, facilitando que la ciudadanía toda pueda informarse y a través de ellos hacerse parte del debate.
La nueva Constitución que Chile requiere será producto de un debate participativo y amplio, pero desde nuestro sector debemos estar atentos a sumarnos desde la perspectiva que nuestra democracia tiene debilidades relevantes, factibles de afrontarse en proceso sin una barrera ideológica que niegue las posibilidades de influencia de un determinado sector de la sociedad.
En la discusión de cabildos y el debate legislativo, la ciudadanía debe tener la posibilidad de cuestionarse y plantear aspectos tales como la necesaria descentralización territorial de nuestro país, la concepción de desarrollo económico y cómo ella respeta los márgenes de la sustentabilidad medioambiental, el modelo de derechos sociales y cómo éstos garantizan salud, educación y una previsión digna para todas y todos, el estatus de reconocimiento que la institucionalidad debe otorgar a los pueblos originarios, entre otros aspectos.
Nuestro país tiene demandas pendientes en cuyas definiciones políticas la actual democracia jamás ha podido entrar a debatir sus reglas. Ahí está el tema del derecho al agua y una concepción de mercado que ni siquiera incorpora mínimos planteados desde la Asamblea General Naciones Unidas.
Tampoco hemos podido abordar nuevos desafíos que surgen de nuestra actual composición etárea, como es el envejecimiento de nuestra población y la necesidad de asegurar a las chilenas y chilenos una vejez digna; entre otros muchos temas y necesidades que como sociedad hemos estado impedidos de abordar estructuralmente.
Debemos fortalecer la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente y hacer de él una oportunidad para configurar un Chile más democrático e inclusivo, que nos proyecte hacia a un futuro común de desarrollo.