Senador Alfonso Durresti
La necesidad de que Chile tenga una nueva Constitución se ha hecho cada vez más evidente. Nuestra actual carta magna no es el producto de una adecuada deliberación democrática y ello le resta legitimidad. Pero ella no sólo tiene un vicio de origen, además en su estructuración se verifican una serie de falencias en torno a materias de derechos sociales, civiles y económicos, una estructura de Estado altamente centralizada, sistemas contramayoritarios que facilitan el veto de las minorías e impedimentos que dificultan la representación de las mujeres, de los pobres, de los pueblos originarios y de las regiones.
En definitiva, esta no es sólo una Constitución con severos déficit de legitimidad. Además, es una mala regla para fijar la convivencia democrática que se merece nuestro país. Por todo ello debemos cambiarla.
El consenso frente a la necesidad de una nueva Constitución ha crecido a pasos agigantados. De acuerdo a los datos del Informe de Desarrollo Humano 2015 del PNUD (”Los tiempos de la politización”), un 67% de la población quiere cambios profundos en la Constitución. El mismo PNUD ha dado a conocer datos de su Encuesta Desarrollo Humano 2013, donde se explicita que el 72% considera “muy importante” cambiar la Constitución.
Ello ha redundando en que, con matices más o matices menos, entre los partidos y movimientos políticos, hoy existe un amplio acuerdo (que uno puede visualizar desde sectores como Evopoli y Renovación Nacional hasta la movimientos de izquierda extraparlamentarios, pasando por toda la Nueva Mayoría) de que Chile requiere un cambio constitucional profundo.
Donde no tenemos acuerdo en el mundo político, es respecto al mecanismo o metodología con que se debe realizar el diseño de la nueva Constitución. Ello a pesar de que los datos indican que la ciudadanía prefiere un mecanismo que radique la decisión del cambio constitucional en sí misma1.
Debemos reconocer que la confianza de las chilenas y los chilenos en sus instituciones democráticas se ha visto profundamente dañada, sobre todo luego de que se hiciera evidente la impresentable relación que existe en nuestro país entre política y dinero. Hoy justamente la manera de recuperar confianzas frente a la crisis que vivimos, pasa por incorporar a la ciudadanía al proceso de diseño de las nuevas reglas y normas que tendrá nuestra nueva Constitución.
Quienes estamos por una Asamblea Constituyente, creemos que este es el mecanismo que asegura de mejor manera la participación de la ciudadanía en el diseño institucional. La concurrencia vinculante de la ciudadanía a un nuevo pacto institucional, asegurará la adhesión al mismo y la legitimidad que Chile requiere para avanzar en su desarrollo. Necesitamos, todas y todos juntos, hacer frente a la baja de la participación electoral, al descrédito de las instituciones y al desprestigio de algunas prácticas políticas.
Además, asegurar a la ciudadanía el acceso a la deliberación de los contenidos, coloca a esta en una mejor posición para instalar en el nuevo texto constitucional, una mejor protección de los derechos fundamentales, que equilibre la relación existente entre privilegiados y los más débiles.
Por otro lado, una AC entrega la posibilidad a las regiones de incidir de manera mucho más relevante en el diseño y el ordenamiento territorial y administrativo del país, pues el proceso posibilita el debate sobre la organización del Estado.
Creo firmemente que hoy Chile tiene la oportunidad de resolver el problema del cambio constitucional en un marco de convivencia cívica e institucional. 54 diputadas y diputados han presentado un proyecto que otorga facultades al Ejecutivo para convocar a un plebiscito. No todos tenemos que estar de acuerdo en una Asamblea Constituyente. Tener diversas visiones respecto al mecanismo óptimo de diseño de la nueva Constitución es legítimo y enriquece el debate. Pero sin lugar a dudas, ello debe ser resuelto por la misma ciudadanía. En definitiva, se trata de que sea el pueblo el que pueda manifestarse.
1 Los datos de la encuesta Lapop 2012 indican que un sustantivo 89% prefiere que la misma ciudadanía decida las reformas constitucionales versus un 11% que se inclina porque dicha decisión radique en el Congreso.