Convocatoria a la Conferencia Nacional Sindical Socialista 29-30 y 31 de enero 2015.

El Partido Socialista de Chile y la Nueva Mayoría estamos enfrentados a una coyuntura histórica que es crucial para el país.  Desde la recuperación de la democracia, las fuerzas de centroizquierda dimos una sostenida batalla por consolidar el proceso republicano, remover los enclaves autoritarios, combatir la pobreza, articular una red de protección social y hacer los cambios que permitieran que nuestras instituciones jurídicas estuvieran en consonancia con el cambio cultural de nuestra sociedad, en pro de mayores libertades individuales y colectivas.

Hoy los desafíos son otros. Ha llegado el tiempo de grandes reformas que permitan consolidar una sociedad más igualitaria, que se aleje de la matriz sociopolítica que dejó instalada en el orden constitucional la dictadura, basada en el principio de subsidiariedad –como piedra angular– y en una profunda desconfianza en la soberanía popular y en las mayorías democráticas.

Por esta razón, el programa de gobierno de nuestra compañera Presidenta Michelle Bachelet ha planteado tres reformas estructurales que resulta imperativo materializar. En primer lugar, dotar al país de una nueva Constitución, que nos permita superar la ilegitimidad de origen de la primera y construir una democracia más plena, donde la regla de mayoría pueda ejercerse en plenitud, respetando los derechos de las minorías pero removiendo su capacidad de veto permanente a los cambios; y que nos permita también avanzar en la construcción de un Estado social y democrático de Derecho.

En segundo lugar, una reforma a la educación que nos permita hacer de Chile un país más justo, donde la cuna no determine el futuro de nuestros niños y jóvenes, consolidando prácticamente una sociedad de castas que no es consistente con los principios de una democracia social ni con los parámetros de una sociedad moderna.

En tercer lugar, una reforma tributaria, que ya logramos aprobar, que permitirá recaudar un 4% del PIB para financiar la reforma educacional y profundizar las inversiones sociales que el país requiere para avanzar por el camino de mayor igualdad.

Junto con todo lo anterior, el Partido Socialista y nuestros líderes sindicales hemos planteado, con mucha fuerza, quelas reformas laborales constituyen el cuarto pilar programático del gobierno, pues el actual ordenamiento normativo laboral en materia de derechos colectivos mantiene casi intacta la columna vertebral del Plan Laboral de la dictadura.

A pesar de que, desde inicios de los 90, hemos tenido logros en materia de derechos individuales de los trabajadores, la férrea oposición de la derecha bloqueó todos los cambios que permitieran cambiar el sistema de incentivos que debilita a las organizaciones sindicales, fortalecer la negociación colectiva y ejercer un efectivo derecho a huelga. Llegó por lo tanto la hora de abordar con convicción el desafío de los derechos colectivos.

Todos tenemos conciencia de que, para construir una sociedad más justa, es imperativo crecer. Sin embargo, el dinamismo de nuestra economía no puede fundarse en la desregulación, la conculcación de derechos de los trabajadores y el incumplimiento de los Convenios de la OIT que Chile ha suscrito. Como lo demuestra la gran mayoría de los países desarrollados, el crecimiento y la productividad son complementarios con el desarrollo de los derechos individuales y colectivos del trabajo, no contradictorios, y esa confluencia virtuosa es la que permite un auténtico desarrollo, con inclusión social y mayor igualdad.

En consecuencia, tanto el Partido Socialista como sus dirigentes sociales tenemos que reforzar nuestro compromiso con las reformas laborales consagradas en nuestro programa de gobierno, que constituyen una etapa importante para la consolidación en nuestro país de relaciones laborales modernas y justas, equilibradas, que permitan conciliar mayor justicia distributiva con mayor productividad. De esa manera, a partir de un pacto laboral justo, ambas partes podrán ganar y se generarán las condiciones que funden una auténtica paz social, condición básica para el fomento de la inversión en toda economía.

Junto con lo anterior, el partido, sus dirigentes sindicales y todo su activo social tenemos que avanzar también en una comprensión mayor de los grandes cambios que se han producido en el ámbito laboral en las últimas décadas, con el propósito de aumentar la pertinencia y la efectividad de nuestra política hacia los trabajadores y trabajadoras, que están en el corazón del quehacer de nuestro partido y forman parte de su identidad más profunda.

A este respecto, tenemos que ahondar nuestro entendimiento de las grandes transformaciones que se han operado en el mundo del trabajo en las últimas décadas, las que han debilitado significativamente la figura dominante clásica del empleo asalariado y su correlato: que dicho estatuto era la llave maestra para acceder a la protección social. Así, se ha consolidado una tendencia a la precarización del empleo y a una alta rotación en el mercado de trabajo. En varios países latinoamericanos, ello ha ido de la mano con una fuerte expansión del sector informal de la economía.

En consecuencia, estamos obligados a pensar nuestra acción en ese nuevo contexto, con una mirada más integral de las distintas categorías de trabajadores y las políticas específicas que ellos necesitan, tanto en términos laborales como en términos de protección social.

No obstante lo anterior, tanto como sea posible, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para fortalecer el peso específico del empleo asalariado por sobre las figuras precarias o atípicas. Ello, básicamente, porque esta figura contractual clásica es la que permite conciliar de mejor manera las dimensiones que, en su articulación, logran satisfacer lo que la OIT llama Trabajo Decente. Así, es la figura del empleo asalariado la que con mayor probabilidad permite garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, la protección social y el acceso a la negociación colectiva, conciliando todo esto con un adecuado dinamismo de la economía.

Además, debemos incidir para que en nuestro país el empleo permita acceder a salarios dignos, pues no es posible que una franja significativa de nuestros trabajadores y trabajadoras perciban salarios que los ubican por debajo o muy cerca de la línea de pobreza; y otra franja importante reciba salarios que nos les permiten cubrir todas sus necesidades, en el marco de una sociedad donde la salud, la previsión social y la educación son, en parte muy significativa, de responsabilidad individual. Esto último, dicho sea de paso, es otro de los factores que hace imperativa la reforma educacional.

Por último, el partido, sus dirigentes sindicales y todo su activo social tenemos que estar en mejores condiciones para intervenir con solvencia en los debates y en la lucha ideológica que ya está en curso y se incrementará a medida que avance el proyecto de reformas laborales en el Congreso. No hay que olvidar que Chile fue uno de los países donde se implementaron con mayor profundidad las concepciones neoliberales, las que impregnaron fuertemente nuestro marco normativo laboral. Desde esa perspectiva, existe una profunda desconfianza hacia los sindicatos, los que son concebidos como monopolios o grupos de presión que, con su acción, hacen subir los salarios por sobre su nivel de “equilibrio natural”, perjudicando con ello a los más pobres.  Esa mirada configura la matriz del Plan Laboral y a partir de ella los intelectuales y la prensa de derecha procuran construir sentido común y –lo que es muy importante en la coyuntura actual– generar oposición o limitar las reformas laborales.

Esa misma concepción es la que concibe todo derecho laboral como una “rigidez” que entorpece la capacidad del mercado para generar mayores niveles de empleo. La actitud correlativa de la ortodoxia neoliberal es abogar por la abolición de esas “rigideces”, lo que han podido hacer con cierta facilidad, como es obvio, bajo regímenes autoritarios. No debemos olvidar que, bajo esa lógica, fue abolida por la dictadura toda una historia de derechos laborales conseguidos por décadas de lucha sindical y política en Chile. Esa misma lógica, llevada a su extremo, implica como idea matriz –jamás expresada crudamente, porque es políticamente incorrecta– que sería necesario abolir todo derecho laboral, pues cada uno de ellos implica una intervención estatal que impide el libre y fluido funcionamiento del mercado.

Tenemos pues que estar preparados, tanto en lo social como en lo ideológico, para defender las reformas y para demostrar por qué el fortalecimiento de los derechos colectivos no sólo nos permitirá saldar una cuenta con los trabajadores y trabajadoras del país, sino generar condiciones para la profundización de las lógicas colaborativas entre trabajadores y empleadores, dentro de un marco normativo más equilibrado y justo. Eso es lo que una sociedad democrática y una economía moderna requieren.

Hacemos pues un vehemente llamado, a todos los compañeros y compañeras, a sumarse y participar de nuestra Conferencia Nacional Sindical.

Ha llegado el momento que esperamos por tantos años y por el que no hemos dejado de luchar.    Ha llegado la hora de las reformas laborales, para hacer de Chile un país más justo, construyendo esa justicia desde la raíz más profunda donde se genera la riqueza.

COMISIÓN ORGANIZADORA

Rodrigo Angulo, Secretario Nacional de Frentes Sociales

Raúl Díaz, Secretario Nacional DENAS

Arturo Martínez, Secretario General CUT

Ana Bell,  Vicepresidenta de la Mujer CUT

Georgina Cortes, Salud

Fernando Ochoa, Brigada Profesores Socialistas

Leandro Cortéz, CONSFECOVE

Julia Requena, Presidenta Junji

Silvia Aguilar, Salud

José Galaz, Cut

Arlette Gay, Dirigente triputalantes Lan

Manuel Jiménez, Exonerados

Alfonso Guerra, Asesor Sindical

Cristian Rubio, Sec. Organización Dirección Metropolitana PS

Carmen Gloria Allende C.