El pasado 17 de junio se realizó en la sede del Senado de Santiago el seminario organizado por el Instituto Igualdad sobre el recién publicado estudio del PNUD denominado “Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo”. La actividad concentró a diversos expositores entre ellos a Marcela Rios, Andrés Palma, Alfredo Joignant, entre otros.
Muchas gracias.
Palabras de la Presidenta del Senado Isabel Allende.
Agradezco esta invitación que me ha hecho el Instituto Igualdad, a través de su presidente, el ex Senador Camilo Escalona para comentar la publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, titulada AUDITORÍA A LA DEMOCRACIA. Más y mejor democracia para un Chile Inclusivo.
Nunca en la historia la democracia estuvo tan extendida y legitimada como en la actualidad. Sin embargo, pese a ello los ideales que están en la base de los regímenes democráticos, como la igualdad y el control de los gobiernos, están lejos de ser alcanzados y asegurados.
Los Estados enfrentan desafíos, entre los que se cuentan su debilidad para garantizar con igualdad los derechos y condiciones de vida de sus habitantes; crisis económicas de alcance global; tensión respecto de la rendición de cuentas y la toma de decisiones; y distanciamiento entre la ciudadanía y sus instituciones representativas.
En el presente, los debates y preocupaciones en torno a la democracia en América Latina están centrados en la forma y el fondo del sistema democrático, con amenazas al equilibrio de poderes en sistemas crecientemente presidencialistas, calidad y expansión de mecanismos institucionales, eficacia de los regímenes democráticos para enfrentar las preocupaciones y demandas ciudadanas en una región marcada por la desigualdad.
El debate en Chile está en similares condiciones. En las últimas décadas, nuestro país ha evidenciado una mejoría sostenida en el índice de Desarrollo Humano. Desde 1990 el país ha mostrado buenos resultados macroeconómicos, la duplicación del ingreso per cápita, bajas tasas de desempleo y niveles relativamente elevados de inversión y emprendimiento.
La adhesión normativa al ideal democrático como la mejor forma de gobierno posible se encuentra cada vez más extendida en Chile. No obstante, la satisfacción con el funcionamiento efectivo de la democracia y, sobre todo, con los actores e instituciones que hacen posible su funcionamiento, encuentra cuestionamientos a su legitimidad de origen. Se ha instalado definitivamente la necesidad de revisar la propia Constitución.
Entendemos la democracia en una doble dimensión: la Democracia Electoral, como la serie de procedimientos e instituciones que permite elecciones libres y justas refrendadas por la ciudadanía para acceder al poder, y la Democracia de Ciudadanía como un concepto integral que implica la protección y reconocimiento del amplio abanico de derechos humanos que hacen posible el ejercicio pleno de la ciudadanía.
La democracia es un ideal y un fin en sí mismo, pero también es un medio para alcanzar el desarrollo, pues a través del diálogo político, de la participación en la toma de decisiones y la resolución de conflictos por medio de procedimientos establecidos y legitimados, genera condiciones que permiten asegurar la permanente expansión de capacidades y oportunidades para el desarrollo de las personas.
En consecuencia, la evaluación que realiza este informe, busca observar áreas relacionadas con el funcionamiento del régimen con foco en las y los ciudadanos, y en las posibilidades que tienen de ejercer efectivamente sus derechos en condiciones de igualdad.
El Informe sobre el estado de la democracia en Chile y sus desafíos para asegurar inclusión, a nadie puede dejar tranquilo y menos conforme. Se trata de un documento sólido, muy bien estructurado, claro en su lenguaje, y muy pedagógico en sus explicaciones, cuestión que siempre se agradece y aprecia.
Un trabajo transversal a través de un diagnóstico que busca promover iniciativas concretas de parte de las instituciones democráticas, y que da cuenta de un cuestionamiento en diversas áreas, entre otras el sistema binominal, la falta de representatividad y discriminación que sufren las mujeres, los pueblos originarios, y las minorías sexuales, fundamentalmente.
Es una investigación seria porque se realiza en torno al funcionamiento de nuestra institucionalidad y de nuestra naciente democracia, abarcando prácticamente todo el periodo desde la recuperación de la democracia en el año 1990 hasta nuestros días, lo cual permite comparar y analizar el comportamiento de las instituciones democráticas y de sus actores con los efectos y consecuencias producidas por tales comportamientos tanto en el propio sistema como en la ciudadanía.
Es responsable, porque con objetividad, rigurosidad e independencia analiza el conjunto de hechos, datos y normativa seleccionada para establecer sus hipótesis de trabajo y levantar sus conclusiones, para luego someterlas a la consideración de instituciones y organismos de diversas orientaciones políticas e ideológicas dedicadas a la investigación o a la generación de pensamiento crítico y propositivo.
Y es desafiante, porque las sugerencias y orientaciones que surgen de sus rigurosos análisis y nutridas conclusiones interpelan en forma directa a toda la clase política y a los actores que en los últimos 24 años hemos contribuido con dedicación y energía a desarrollar nuestra institucionalidad y a construir nuestra democracia.
Además, porque en forma inequívoca nos entrega claves acerca de aquellos aspectos de nuestra institucionalidad que pueden llegar a poner en peligro la legitimidad y la estabilidad de nuestra democracia, y que por lo mismo deben concitar nuestro interés y demandar nuestra mayor dedicación y entrega.Entonces es razonable preguntarnos si nuestro sistema democrático y nuestra actual institucionalidad contribuyen efectivamente al desarrollo de sujetos sociales, y por tanto, a la conformación de un nuevo tipo de ciudadanía.
Cada uno de nosotros, en el ámbito de su competencia y de su responsabilidad particular, tiene que dar respuesta a éstas y otras interrogantes.
En el actual contexto socio político que vive el país con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la coalición Nueva Mayoría, creo que debemos asumir con mayor decisión y compromiso los desafíos que nos plantea el Informe Auditoría a la Democracia e impulsar, tanto desde el Ejecutivo como en el Parlamento, un conjunto de iniciativas que permitan reformar nuestra actual institucionalidad mediante la aprobación de una nueva carta fundamental; mejorar la calidad de la democracia a través del fortalecimiento de la participación de la ciudadanía y contribuir al desarrollo integral de nuestros compatriotas por intermedio de la implementación de políticas públicas inclusivas que progresivamente superen las desigualdades generadas por el Estado Subsidiario heredado de la dictadura.
(Los desafíos para la democracia en Chile)
La “Auditoría a la Democracia: Más y mejor democracia para un Chile inclusivo”, del PNUD, nos plantea siete desafíos que a mi juicio son ineludibles para el futuro de nuestra democracia, y que requieren de un diseño político integral que conjugue la voluntad política, la coordinación de actores involucrados y los tiempos disponibles.
1.- Legitimar la democracia para mantener la gobernabilidad:
La creciente desafección y distanciamiento de la ciudadanía respecto de la democracia y de sus instituciones tienden a restar legitimidad a la democracia y a generar cuestionamientos a la gobernabilidad. En este sentido, la clave es recomponer la confianza en las instituciones, construyendo agendas con legitimidad social y política, con participación regular de la sociedad civil organizada, a través de mecanismos vinculantes, que aseguren la gobernabilidad y la cohesión social.
2.- Enfrentar la otra desigualdad:
Requerimos enfrentar la desigualdad multidimensional que cruza a la sociedad chilena, y que se manifiesta en una desigualdad material y espacial, en el límite del ejercicio de los derechos civiles y políticos, en la exclusión de los espacios de poder y en no poder disfrutar de los derechos sociales y económicos en igualdad de trato y dignidad.
Para enfrentar este desafío se requiere que el Ejecutivo y el Parlamento doten de mayores atribuciones y facultades fiscalizadoras a organismos cuya función sea resguardar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que transmitan una clara señal a la ciudadanía respecto del tratamiento en igualdad de condiciones y que exista la institucionalidad para demandar su cumplimiento en caso de arbitrariedades, abusos y discriminaciones.
3.- Incorporar a los ciudadanos y las ciudadanas a la democracia a través de una participación efectiva:
Existen escasos e insuficientes espacios de participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones respecto de los asuntos públicos, lo que tiende a debilitar la institucionalidad democrática y a transformarla en una estructura anquilosada, vacía y poco dúctil.
El reto es fomentar una participación ciudadana efectiva y vinculante, fortaleciendo y construyendo espacios de inclusión e involucramiento ciudadanos en todos los asuntos públicos, adecuando y fortaleciendo la actual y escasa normativa sobre participación ciudadana para incorporar una dimensión más social a las políticas públicas.
4.- Mejorar la calidad de la representación:
La representación política en nuestro país es uno de los elementos de la actual institucionalidad que presenta los mayores déficits democráticos ante la ciudadanía. El sistema electoral binominal en la práctica excluye y discrimina a segmentos sociales y políticos importantes del país, dejándolos sin representación y sin presencia formal para expresar sus legítimos intereses.
Recientemente el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de reforma del sistema binominal que busca modificarlo e introducir equilibrio, justicia y equidad al sistema de representación política. Además, considera la incorporación de mecanismos de cuotas para promover la participación política de las mujeres, y romper las barreras de entrada de las listas de los partidos políticos, la imposibilidad de contar con recursos propios para las campañas y la discriminación que suelen darse en las condiciones laborales desiguales que normalmente enfrentan las mujeres.
En los últimos años la presencia de mujeres en nuestro Parlamento no ha logrado superar el 16%, ubicándose por debajo del promedio regional de América Latina que alcanza a un 22,3% y claramente más lejos del 25% que señala la OCDE.
Desde las elecciones parlamentarias de 1989, el porcentaje de senadoras ha pasado de un 5,8% a un 15,78% en el año 2014. En tanto, la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados ha aumentado de un 2,6% a un 15,83%, en igual periodo.
5.- Partidos políticos para una democracia de ciudadanía:
Los partidos políticos son instituciones fundamentales en el desarrollo y el funcionamiento de la democracia y requerimos que sean programáticos, inclusivos y transparentes, con una mayor democracia en su funcionamiento interno, y con capacidad para abrirse a las nuevas generaciones, a la incorporación paritaria de las mujeres, y haciéndose cargo de las problemáticas de los pueblos originarios, de las minorías sexuales, entre otros.
Tenemos que impulsar iniciativas de ley que busquen fortalecer el sistema de partidos, representativos e intérpretes de visiones de la sociedad, que agregan y articulan intereses, se materializan en proyectos programáticos, y permitan recomponer su relación con la sociedad civil.
6.- Recomponer la valoración y la legitimidad de la política:
El ejercicio de la actividad política constituye el núcleo y la esencia de todo sistema democrático. El diálogo fraterno y la amistad cívica son el vehículo que facilita y permite la resolución racional de conflictos, y la construcción de acuerdos políticos estables al interior de una sociedad.
Junto con las reformas al Sistema Binominal, requerimos establecer mecanismos para la selección y nominación de las personas que ocupen cargos públicos, como regular las reelecciones y establecer períodos limitados; además, recuperar el carácter de servicio público del ejercicio de la política y su dimensión ética.
Asimismo, requerimos impulsar un proceso de debate constituyente participativo y de cara a la ciudadanía, que se transforme en un catalizador para el encuentro entre actores políticos y sociales, instituciones y ciudadanos, disminuyendo las desconfianzas y fortaleciendo la legitimidad democrática.7.- Más y mejor democracia:
El diseño y las prácticas de funcionamiento democrático deben reconocer a la ciudadanía como la depositaria de la soberanía y el poder, con reglas del juego que sean reconocidas como legítimas por todas y todos.
La democracia es el único sistema de gobierno que asegura y garantiza un pleno estado de derecho y el equilibrio de poderes entre las distintas instituciones que conforman los Estados nacionales modernos. Por esa razón, nuestra democracia debe adaptarse a los cambios y transformaciones que experimentan los ciudadanos que le dan vida.
Amigas y amigos:
Creo que en nuestro país existe la madurez cívica suficiente como para iniciar una discusión seria acerca del régimen político más adecuado a nuestra realidad. Necesitamos un cambio de régimen político que redistribuya el poder y que establezca contrapesos institucionales que resguarden la integridad de la nación, el equilibrio de nuestro territorio y la inclusión de nuestra ciudadanía.
Para asumir en forma responsable los desafíos planteados por el PNUD es preciso establecer mayores niveles de coordinación política entre los partidos que forman parte de la Nueva Mayoría; mayor coordinación entre el Ejecutivo y el Parlamento, en el sentido de desarrollar con tiempo un trabajo pre-legislativo; y, considerar también la participación de la ciudadanía en el proceso de formulación de proyectos de ley y de políticas públicas.
Finalizo citando el Informe del PNUD, que refiriéndose al malestar de la ciudadanía nos dice lo siguiente:
“El malestar, tal y como se observa a lo largo de este informe, no puede ser entendido hoy como un rechazo al régimen de gobierno. Por el contrario, el desafío en el mediano y largo plazo es por más y mejor democracia. Una democracia cuyo diseño institucional y prácticas de funcionamiento reconozcan a las y los ciudadanos como portadores últimos de la soberanía y poder. Una democracia cuyas reglas del juego sean percibidas como legítimas por todos y todas, y cuya discusión haya permitido que los intereses y visiones de amplios sectores de la ciudadanía fueran considerados e incluidos”.
En conclusión, la democracia ha llegado para quedarse pues su valoración ha crecido fuertemente en todo el mundo. Las dictaduras ya no son tolerables en el concierto internacional.
La democracia es al mismo tiempo un ideal a perseguir y un instrumento perfectible. Una herramienta eficaz para la construcción de mundos más amables, más humanos, más acogedores.
