En torno a la Leyenda Negra del Estado Docente

Joaquín Fernández Redseca.cl

Cada vez que emerge el debate sobre nuestro modelo educativo se escuchan voces de advertencia,  que nos muestran su preocupación ante una posible vuelta al modelo de políticas educativas previo a las reformas neoliberales.  Se trata de un discurso que apela a una suerte de “leyenda negra” sobre el período del Estado de compromiso, entre las décadas de 1930 y 1970 y que sostiene que los avances en cobertura educativa en el período previo a 1973 fueron escasos, beneficiando a una elite reducida proveniente de sectores mesocráticos y acomodados. Según esta perspectiva, la educación formal solo habría podido masificarse mediante la introducción masiva de los privados al “mercado”, gracias al surgimiento del Estado subsidiario y a los incentivos generados por el  lucro.

Una síntesis de este  punto de vista puede ser encontrado en un texto escrito por Patricia Matte Larraín y Antonio Sancho, el que sostiene que:

“Hasta 1980 el sistema de educacional chileno se caracterizó por una gran intervención estatal que alcanzaba más de un 80% de la matrícula, cuyos establecimientos se administraban en forma centralizada, presentando los mismo problemas de la mayor parte de los sistemas educacionales públicos de todo el mundo: era insuficiente y tenía una baja efectividad en el logro de una calidad de educación proporcional al esfuerzo financiero, y una escasa capacidad para extenderse aún más y absorber a los pobres que aún quedaban fuera del sistema educacional” (Matte y Sancho 101).

Dicha visión, se ha tornado  casi hegemónica, permeando a diversos actores del debate educacional, e incluso muchos que se supondrían “progresistas”. Sin embargo, es un punto de vista con flancos débiles que deben ser puestos en cuestión.

En primer lugar dicha visión peca de provincianismo. Los procesos de crecimiento de la cobertura educacional han sido casi universales, y prácticamente en ningún país se han producido con estados débiles o por la implementación de criterios de política educacional de carácter subsidiario. Quizás una de las pocas excepciones al respecto puede ser la de Holanda, donde una sociedad civil fortalecida cohesionada en torno a la valoración calvinista de la educación formal permitió la temprana reproducción de un modelo educacional altamente descentralizado.

En segundo lugar, sin necesidad de argumentos contrafactuales, se vuelve necesario dar  una mirada a las estadísticas del período. En efecto, durante los años previos al Golpe de Estado de 1973 el sistema educacional chileno estaba viviendo un crecimiento acelerado, el mayor que se hubiese producido en su historia. Este se hacía patente en los ámbitos de la educación básica para adultos, la educación media y la educación universitaria.

En 1955 el porcentaje de cobertura de la educación primaria era de un 95,56%, mientras que en el año 1975 era de un 129,28%. Dicha cifra refleja el espectacular incremento vivido por la educación para adultos. Si en 1955 solo un 24,41% de los adolescentes chilenos tenían acceso a la educación secundaria, en 1975 ya asistían a esta un 50,37%. Mientras en 1955, sólo un 2,44% de los jóvenes accedía a la educación superior en 1975 lo hacía un 11,54%.  Lo que estas cifras nos muestran, es que el aumento más pronunciado de la cobertura educacional se inició antes de la implementación de las reformas neoliberales y la aplicación de criterios subsidiarios a la acción del Estado en el ámbito educacional. Estos datos, que apuntan más bien a la masividad,  se complementan con otros que permiten aproximarnos a la efectividad del proceso educacional. Los años de escolaridad promedio variaron de 3,85 en 1955 a 5,29 en 1975, reflejando una disminución radical en al deserción escolar.

(Braun et al. 237-238 )

Es necesario destacar como este crecimiento de la matrícula se dio en el marco de un sistema educativo predominantemente público, en que el Estado se hizo cargo, especialmente de los sectores más vulnerables, que presentaban más dificultad en su educación. Des este modo, la matrícula básica estatal, que en 1955 alcanzaba  un 69,3%, en 1975 alcanzaba un 82,3% y la matrícula estatal en educación media que en 1955 alcanzaba un 74% en 1975 alcanzaba un 81,2%. En  el ámbito de educación superior, la correlación entre el sector público y privado se mantuvo estable entre mediados de la década de 1950 y 1970 con un participación estatal cercana al 50%.

(Braun et al. 240-241 )

Se vuelve importante recordar, que si bien la educación formal en su conjunto fue fundamentalmente estatal, siempre permitió el ingreso de proyectos privados con una participación relevante. Esta participación incluso fue alentada con una activa  política de subvenciones por parte del Estado. Según investigaciones históricas recientes, dicha política de subvenciones ya venía aplicándose desde la década de 1820. Durante el período previo a la dictadura dicha política se mantuvo (Ossa 2). Un ejemplo esclarecedor al respecto es el de la Sociedad de Instrucción Primaria, institución educativa sin fines de lucro cuyos gastos operacionales fueron costeados casi íntegramente por el Estado. En 1959, un 84,80% de los costos operacionales de la SIP fueron costeados gracias a la subvención estatal, cifras que se mantuvieron a lo largo del período (Hevia, Fernández y Home 326).

En definitiva, podemos sostener con certeza que el modelo educativo chileno del período previo a la Dictadura de Pinochet era predominantemente estatal, pero abierto a los privados con vocación pública, con quienes mantuvo una relación de colaboración. Al mismo tiempo se encontraba en un proceso de crecimiento sin precedentes en la historia de Chile, democratizando el acceso a la educación formal en sus distintos niveles.

Bajo un estuco discursivo de modernización, la coalición gremialista-neoliberal que encabezó las reformas en la dictadura, concretó la vieja aspiración del conservadurismo chileno, proveniente desde la segunda mitad del siglo XIX, de suprimir el Estado docente. Ahora es el momento de retomar la senda histórica abandonada.