El país ha sido conmovido por un amplio y contundente movimiento ciudadano, reclamando por cambios de fondo en nuestro sistema educativo. Como oposición hemos escuchado esta demanda y entendemos que su motivación no se limita a la obtención de aportes financieros de corto plazo, ni a la realización de reformas legales que hagan cambios menores en la educación. Lo que ha expresado la movilización ciudadana es la aspiración a un cambio en las bases de la educación chilena y en los valores que la inspiran. Se pide un ordenamiento coherente con la definición de la educación como derecho y como bien público y, en consecuencia, un fortalecimiento del papel del Estado en su aseguramiento. Se demanda, además, una regulación que contenga la proliferación de la lógica de los negocios y del lucro en la educación y que revitalice el papel de la educación pública tanto a nivel escolar como superior. La fragilidad de la educación pública se ha transformado en el síntoma más visible de la débil presencia del Estado en la educación y revertirla es uno de los objetivos más anhelados por este movimiento ciudadano.
