Una impericia pocas veces antes vista y una ineptitud mezclada con indolencia en la forma de gobernar ha quedado en evidencia en la reciente alza del gas en Magallanes. Más ampliamente la decisión da cuenta de un criterio centralista de gobernar, que no vela por las particularidades regionales ni por un desarrollo armónico de las regiones, atendiendo las singularidades, necesidades y potencialidades de cada región. Resulta muy poco presentable restarle subsidios a las regiones en el contexto de los cuantiosos recursos gastados en Transantiago, o en los subsidios para la extensión de la línea del Metro, entre otros, y que favorecen el desarrollo de la región metropolitana.
También la medida da cuenta de un enfoque tecnocrático estrecho, que no considera las variables políticas y las consecuencias sociales de ciertas decisiones. Ni tampoco, como lo ha hecho ver el senador Juan Pablo Letelier, las variables geopolíticas implicadas en la región de Magallanes, la cual debe ser siempre mirada bajo la óptica de la soberanía nacional, de las condiciones de aislamiento en que esta se desarrolla, y de su condición de frontera estratégica del país.
Por otro lado, resulta sorprendente la decisión tomada, siendo que se había abierto un camino legislativo para enfrentar el tema de la tarificación del gas en Magallanes. En efecto, el 29 de septiembre del año recién pasado (2010) el Gobierno había entrado al Parlamento un proyecto de ley para establecer las bases y procedimientos de fijación de tarifas de los servicios de gas en la XII Región, Cuando este proyecto daba sus primeros pasos legislativo, y de manera sorpresiva el 28 de diciembre del mismo año, el Directorio de ENAP decretó un alza de más de 16 %.
Hay que mencionar que el proyecto de ley mencionado pretendía corregir la falta de regulación en un servicio público que es monopólico por su naturaleza: la distribución de gas natural a la población. Lo que sucedía hasta ahora es que al no existir una ley que regulara esta materia ENAP fijaba en forma discrecional el valor del gas que entregaba a la distribuidora GASCO y suponemos que la CNE se preocupaba de que el cobro por distribución fuera el correcto, aplicando normas que no son del conocimiento público. Hay que enfatizar a pesar de lo obvio que es, la importancia que todos los servicios públicos básicos tales como agua y electricidad estén regulados por ley, lo que permite que todos conozcan las reglas del juego.
Frente a la conmoción pública creada por el Gobierno en una región de la importancia geopolítica de Magallanes lo más sabio que corresponde hacer ahora es escuchar a la ciudadanía magallánica y suspender el alza, para así volver a centrarse en la tramitación del Proyecto de Ley. El primer efecto será que la ciudadanía y sus organizaciones puedan opinar por los medios regulares que provee el Parlamento. Esto también permitirá conocer los valores a los cuales la estatal entrega el gas a Gasco y la norma que regirá el costo de distribución de esta última.
Para los magallánicos es claro que el gas representa un medio básico de existencia y que impacta en diversas actividades económicas de la región. Las masivas marchas y manifestaciones dan cuenta del amplio y transversal repudio que esta medida ha generado. En las fotos que llegan solo se ven banderas negras y la bandera de Magallanes, prácticamente ninguna bandera chilena. Es claro, que esta medida centralista, inconsulta e insensible, no hará sino fortalecer el siempre latente y fuerte regionalismo magallánico, y reforzar, esta vez más en serio que en broma, aquello de “La república independiente de Magallanes”.
Por último, circula profusamente las declaraciones del Presidente Piñera durante la campaña presidencial, prometiendo mantener el subsidio del gas a Magallanes y no introducir cambios al respecto. Este incumplimiento de campaña no hará sino agravar y profundizar falta de credibilidad y confianza que la ciudadanía expresa frente a la actual administración y hacia mandatario, como lo han constatado las últimas encuestas de opinión, y que está abriendo una fuerte brecha de desconfianza entre la ciudadanía y el actual gobierno. Lo sucedido en Magallanes puede ser un punto de inflexión en esta dirección de la administración Piñera.
