Por decisión de los presidentes de la Concertación se constituyó un equipo técnico asesor para evaluar las distintas implicancias que tiene la propuesta del gobierno de enajenar la participación que aun mantiene el estado en las empresas sanitarias. Para ello se reunió en el Instituto Igualdad el pasado 29 de diciembre un equipo de trabajo.
En el equipo asesor participan el abogado y presidente del CED Gonzalo García, el abogado y secretario general del PPD Samuel Donoso, el ex subsecretario Jaime Arellano, Jorge Claisser del centro Comunidad y Democracia, y por el instituto Igualdad el economista Juan Carlos Scapinni, y el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga.
En la primera reunión de trabajo se analizó las distintas aristas de esta injustificada política, tanto desde el punto de vista económico como por la pérdida de un control público sobre un bien estratégico para el país como es el agua. Se analizó su impacto en las políticas de Corfo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que se financian con los ingresos que deja al estado su participación en estas empresas. También se evaluó la juridicidad de esta política y el actual marco regulatorio.
Entre las primeras medidas se acordó realizar un exhaustivo seguimiento a las decisiones adoptadas por el ejecutivo y Corfo para llevar adelante una decisión de esta naturaleza.
