El agua se ha transformado en un bien público cada vez más decisivo y estratégico para Chile y para el mundo. Por ello, constituye un grave error para los intereses nacionales y para el futuro de las nuevas generaciones disminuir o eliminar la presencia del Estado en la propiedad y administración del agua en nuestro país. Por el contrario, hacia el futuro se debe promover como política aumentar la presencia y soberanía del Estado de Chile sobre este vital y estratégico bien que es el agua.
La participación del Estado en las sanitarias ha permitido constituir un modelo de negocios que favoreció, en un determinado momento, un aumento significativo de la cobertura del agua potable en nuestro país y dar un gran salto en el tratamiento de las aguas servidas. Por otro lado, la participación del Estado significó recaudar para el fisco recursos por más de 100 millones de dólares anuales, con los cuales se financió programas de innovación y apoyo a pequeñas y medianas empresas. La privatización de las acciones del Estado significará el fin de estos programas de CORFO, lo que afectará de manera directa a cerca de 10 mil empresas.
Por otra parte, el procedimiento de enajenación directa anunciada por el Gobierno de las acciones del Estado en la sanitarias, las que alcanzan un 35%, es abiertamente a nuestro juicio inconstitucional y puede llegar a configurar un fraude a la ley, toda vez que las acciones de CORFO o del fisco son bienes del Estado, y por lo tanto solo pueden ser enajenados previa autorización de una ley como lo dispone el artículo 63 Nº10 de la Constitución.
Se debe tener presente que la infracción a la ley y a la Constitución es fuente de responsabilidad constitucional, administrativa y civil de quienes participen de una decisión de esa naturaleza.
No solo el mundo político sino también la ciudadanía debe organizarse y movilizarse el rechazo a la privatización del agua, en defensa de la participación del Estado en las empresas sanitarias, y por la construcción de una Política Nacional de Aguas y Servicios sanitarios, que permita recuperar soberanía sobre este bien público básico y estratégico para Chile.
A continuación se reproducen tres trabajos sobre este tema. Uno correspondientes al PAL-Igualdad sobre los efectos sobre la actividad de Corfo de esta decisión y otro artículo del ex presidente Lagos publicado en quintopoder.cl. Por su parte el Programa de Constitución, Legislación y Justicia se encuentra elaborando un informe sobre la inconstitucionalidad de este esta iniciativa.
Ex presidente Ricardo Lagos en Elquintopoder.cl
PAL – IGUALDAD
Efectos de la enajenación de acciones de empresas sanitarias sobre la actividad de CORFO
Se ha divulgado a través de la prensa que el actual gobierno estaría evaluando la enajenación de las acciones que Corfo posee en las principales empresas sanitarias en el país (Aguas Andina, Esval y Essbio), como una forma de agregar recursos a la reconstrucción post terremoto. El escoger esta fuente de financiamiento tiene dos efectos. El primero, el abandono de los directorios de las empresas sanitarias con la consiguiente pérdida de incidencia en decisiones clave de empresas estratégicas del país. El segundo, la supresión de la principal fuente de financiamiento permanente de la actividad de fomento de Corfo y sus instituciones asociadas. Esta minuta se referirá fundamentalmente al segundo punto.
En la actualidad Corfo es propietario de acciones de las compañías Aguas Andina S.A., Esval S.A y Essbio S.A. Como resultado de esta participación Corfo recibe anualmente dividendos, los que en conjunto significaron ingresos por un total cercano a los $ 60.000 millones durante el año 2009.
En los últimos años la actividad de Corfo de promoción de la competitividad de la economía chilena (incluyendo Innova Chile) se ha financiado en más de un 75% con sus ingresos propios, los que provienen de los dividendos de sus empresas, los intereses de sus depósitos y los intereses de sus préstamos. La diferencia proviene de aportes fiscales, siendo el principal componente el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).
Los ingresos de Corfo por efectos de dividendos de empresas sanitarias son utilizados integralmente en el financiamiento de su actividad de fomento productivo. En el año 2009 estos ingresos corrientes financiaros un 35% de los gastos corrientes de la organización, que incluyen no sólo sus gastos operacionales sino también un importante volumen de subsidios a las empresas en los campos de innovación, calidad y productividad, y atracción de inversiones y becas de educación superior. Asimismo estos recursos contribuyen al financiamiento basal de Sercotec, Fundación Chile, el Comité de Producción Limpia, entre otros.
La venta de acciones de las empresas sanitarias provocará por lo tanto una merma permanente en la fuente de financiamiento principal de la actividad de Corfo pudiendo traducirse en que más de 10 mil empresas por año -fundamentalmente pequeñas y medianas- dejen de recibir apoyo para implementar sus procesos de modernización productiva, que se retrase el urgente proceso de adopción de prácticas innovativas en la empresa chilena o que deje de llegar a Chile un contingente importante de empresas internacionales que requieren de apoyo en su fase de instalación.
Resulta por lo tanto esencial conocer como el nuevo gobierno garantizará en el futuro el financiamiento de las actividades de Corfo. Una alternativa es el sustituir el capital accionario de Corfo por fondos frescos de volumen equivalente a ser depositados en el mercado de capitales y cuyos retornos reemplacen el flujo de dividendos perdidos. En consideración a los problemas cambiarios, se puede pensar en una transferencia de fondos soberanos denominados en dólares a Corfo.
Si el gobierno no explica cómo se financiará en el futuro la actividad de Corfo o si argumenta que lo hará a través de los fondos generales de la nación, sembrará una real incertidumbre acerca de la continuidad de la actividad de fomento productivo para miles de empresas y también de la continuidad de proyectos específicos que hoy están en operación. Ello por cuanto es conocido que aquellos esfuerzos públicos cuyos resultados maduran en el largo plazo, tienden a ser castigados en los procesos presupuestarios frente a iniciativas con resultados en el corto plazo.
PAL – IGUALDAD
A continuación una Minuta legislativa del Instituto Igualdad elaborada hace unos meses acerca de la insconstitucionalidad de privatizar y enajenar bienes públicos y empresas del Estado, sin la presentación de una Ley y su respectiva discusión en el Poder Legislativo. Descargar minuta aquí.
