A partir del accidente del trabajo ocurrido en la Mina San José, y posteriormente en la cobertura del exitoso rescate, se pusieron en debate la búsqueda de falencias y, por tanto, de correcciones en el sistema de protección de la seguridad de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. El Presidente, incluso ha convocado una Comisión para proponer reformas en la materia, tarea difícil para una instancia presidida por una persona que desconoce la materia, sin participación alguna de los organismos fiscalizadores y con la evidente ausencia de los trabajadores en la mesa. Hasta ahora, el silencio de esa comisión ha sido su más importante mensaje.
La tarea de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores y trabajadoras tiene, evidentemente, múltiples aristas, las que podríamos agrupar en tres: prevención de accidentes, papel de los organismos fiscalizadores y mecanismos para que los trabajadores puedan defender por sí mismos sus condiciones de trabajo. Pretendo aquí referirme a la segunda.
Porque de estas tres materias, sin duda, la necesidad de mejorar la fiscalización es la que más fácilmente recorre las mentes, inflama las gargantas y acelera los teclados. Sin embargo resulta ser una dimensión donde se debate muy fácilmente desde el lugar común y donde el rigor no siempre reina en la conversación. Creo por ello relevante referirme a algunos que creo son lugares comunes que tienden a nublar el terreno más que a despejarlo.
Lugar común 1: Faltan fiscalizadores
Siempre faltan fiscalizadores, esto es de Perogrullo. Pero la pregunta es si el suplir esa carencia impactaría de forma importante en la reducción de la accidentabilidad. En lo personal, creo que no. Para muestra, dos botones, a falta de uno: la propia Mina San José, uno de los yacimientos más fiscalizados de la Región, con múltiples suspensiones de faena por parte de la Dirección del Trabajo y Servicio de Salud y con recomendaciones expresas de Sernageomin respecto de su funcionamiento.
Un segundo caso, Tur Bus, empresa que, al igual que todas las del transporte carretero de pasajeros ha sido fiscalizada constantemente durante los últimos diez años por incumplimientos de jornada laboral y que tras el accidente en el Río Tinguiririca en mayo de 2006, fue objeto incluso de una investigación del Ministerio Público, ha seguido teniendo accidentes producto del exceso de jornada de sus conductores, el último en los mismos días en que se rescataba a los mineros desde el fondo de la tierra.
Lugar Común 2: Falta información y educación
De la misma forma que el anterior, siempre es bueno contar con mayor información y educación, pero es evidente, a la luz de los casos más importantes de accidentes laborales en nuestro país, que no ha sido la falta de éstas la causa; sino que una serie de decisiones que se tomaron pasando por encima de normas o recomendaciones conocidas. Es el caso de las intoxicaciones por pesticidas, que abundan durante la temporada de la fruta, próxima a iniciarse, en las cuales los empleadores hacen ingresar temporeras a los fundos sin respetar adecuadamente los períodos de carencia de los tóxicos aplicados. O cuando los buzos mariscadores que ingresan a faenas de mantención salmonera bajan a muchos metros más de profundidad de lo que les permite la norma, su licencia y el sentido común, arriesgándose a la muerte o a severas secuelas por la presión y descompresión. No es falta de información; son decisiones erradas.
Lugar común 3: Hay que tener cuidado con aumentar las restricciones y sanciones porque se afecta a las PYMES
Las PYMES han sido el “escudo humano” predilecto de las grandes empresas a la hora de obstaculizar cualquier reforma que vaya en el sentido de proteger al trabajador. Siempre se les muestra como una criatura indefensa que hay que proteger y a la que hay que tolerarle sus imperfecciones, mientras crece. Esta falacia esconde algunos elementos importantes. En primer lugar, la proporción de faltas laborales es mayor en la gran empresa que en las PYMES; en segundo lugar, las PYMES no son la excepción, son la regla, pues contratan a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en Chile, por tanto, bajar estándares a las PYMES es bajarlo al conjunto del sistema laboral chileno. En tercer lugar, el que no incumple, no debe temer sanción. Finalmente, el principal problema financiero de las PYMES no nace de las multas laborales ni del costo de la mano de obra, sino que del retraso con que el Estado o las grandes empresas les efectúan los pagos, con el agravante de que deben asumir mes a mes el pago de IVA por facturas que no les han sido canceladas.
Lugar común 4: Mayor regulación laboral afecta el empleo
Este aserto, no sólo es de dudosa moralidad si lo aplicamos a aquellas regulaciones que protegen la vida de los trabajadores, sino que no tiene sustento práctico. Los períodos en que se ha incrementado el nivel de protección de la legislación laboral no han implicado reducciones importantes en el empleo, incluso se han verificado crecimientos importantes como la década de los ’90 en nuestro país. La economía productiva sigue dependiendo mucho más de las fluctuaciones comerciales que de los niveles de protección laboral. Es una ecuación que se repite con facilidad pero que finalmente niega la posibilidad de la sociedad de establecer estándares mínimos para el desarrollo de un trabajo decente.
¿Qué hacer?, ¿Por dónde avanzar?
Si asumimos que la mayoría de los casos los accidentes graves y fatales se generan en malas decisiones, la pregunta es qué hacer para desincentivar dichas decisiones. En muchos casos, la gran mayoría de los casos, la información es suficiente. La gran mayoría de los empresarios no desea arriesgar la vida de sus trabajadores, por cierto.
En otros casos, el pasar ocasionalmente por encima de alguna regulación, como por ejemplo la jornada laboral, o la ausencia de elementos de protección personal puede aumentar los factores de accidentabilidad, pero la empresa lo asume como un riesgo frente a una necesidad concreta y puntual. En ese caso la información no basta, pero la fiscalización, la suspensión transitoria de faenas o la multa pueden desincentivar su ocurrencia.
El problema mayor está en aquellas actividades que han constituido la organización del negocio sobre la violación permanente y persistente de la norma laboral. El empresario del transporte que no cuenta con conductores suficientes para mantener sus recorridos y sabe que el negocio se basa en el sobretrabajo de los disponibles; el empresario salmonero que paga poco a la empresa de buzos sabiendo que esta trabajará con mariscadores y no con buzos de profundidad; la Minera San Esteban que, de la mano de Bohn y Kemeny comenzó a horadar los pilares del yacimiento en busca de minerales de fácil extracción.
En ese caso, la multa ni la suspensión son suficientes; porque terminar con el incumplimiento sería echar por tierra la forma en que se organiza el negocio. El incumplimiento está en el centro del negocio.
En este punto tenemos carencias importantes aún en Chile. Los organismos fiscalizadores deben contar con mecanismos expeditos para sancionar la contumacia y la violación sistemática de la norma, mediante una clausura efectiva y expedita (y no con un procedimiento como el actual que se puede llegar a hacer efectivo con más de un año desde que se decretó).
La ley, por su parte, debe avanzar en la atribución de responsabilidades personales a los propietarios de las empresas, las que deben pasar al ámbito criminal en casos de accidentes graves o fatales. No se trata de penalizar todo accidente en la persona del propietario, pero sí de hacerlo severamente cuando se entiende que dicho propietario ha estructurado su negocio en función de la violación de la norma. Hay personas que protagonizan accidentes de tránsito y no pueden conducir nunca más. Asimismo, personas como Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny han demostrado que no debiesen tener la potestad de conducir ni organizar actividades productivas.
Finalmente, se requiere la condena de los pares. Los empresarios y sus gremios señalan en voz baja su rechazo a quienes tienen prácticas de violación de la norma laboral extremadamente evidentes, pero nunca condenan dichas prácticas en público. De la misma forma en que el país echó de menos una voz fuerte de la Cámara Chilena de la Construcción frente a las negligencias de algunos de sus asociados que tuvieron consecuencias directas el 27 de febrero, echamos de menos también un pronunciamiento de los distintos gremios de la minería respecto a la Minera San Esteban y sus dueños. Los mismos que nos decían todo el día “Cuídate, la riqueza de Chile eres tú… un mensaje de los mineros de Chile”, no han tenido la fuerza necesaria para marcar la raya que separe a quienes sufren accidentes propios de la peligrosidad de la faena extractiva, de los que los provocan con su estrategia de negocio. Especialmente silente ha estado la Sociedad Nacional de Minería, que agrupa a la pequeña y mediana.
Si el debate sobre la seguridad laboral llega a puerto y tiene mejor destino que las promesas presidenciales sobre el multirut, creo fundamental avanzar en esta distinción y buscar los mecanismos para que la acción del fiscalizador tenga efectos distintos en ambos casos. La verdadera distinción no es entonces por tamaño de la empresa ni por actividad, sino entre quienes desean cumplir la norma y quienes abiertamente se organizan para vulnerarlas.
Felipe Ossandón
Programa Laboral Instituto Igualdad
Se debe exigir responsabilidades penales a los dueños de las empresas cuando ocurren accidentes como los de la mina san jose, si se trata solo de multas los empresarios terminan incorporando los riesgos laborales a la estructura de costo de su empresa.
Cristián Cuevas:
“Golborne trató de separar a los mineros de sus sindicatosâ€
Hugo Mery
El sindicalista de 40 años, con formación universitaria de trabajador social, atribuyó la “invisibilidad†de los sindicatos en el rescate de los 33 trabajadores atrapados a un intento del gobierno y los empresarios de aislar a los mineros y sus familiares de los dirigentes, incluso de la misma mina San José. Encabezó esta actitud- según Cuevas- el propio ministro de MinerÃa, Laurence Golborne, a quien acusa, además, de convertirse en “el primer lobbysta†de las transnacionales, con sus indicaciones a la normativa medioambiental por los relaves.
Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y encargado de Conflictos de la CUT, Cristián Cuevas casi no figuró en el proceso de búsqueda y rescate de los mineros de San José.
El sindicalista de 40 años, con formación universitaria de trabajador social, atribuye esta “invisibilidad†a un intento del gobierno y los empresarios de aislar a los mineros y sus familiares de los dirigentes, incluso de la misma mina San José.
Encabezó esta actitud- según Cuevas- el propio ministro de MinerÃa, Laurence Golborne, a quien acusa, además, de convertirse en “el primer lobbysta†de las transnacionales, con sus indicaciones a la normativa medioambiental por los relaves. Del aprovechamiento de “los 33†y el olvido de “los 333â€, pero también de los movimientos sociales en el paÃs y de la cultura de la impunidad en que se cimentó Chile habló en la siguiente entrevista.
En la evaluación de lo ocurrido en la mina San José han surgido voces que culpan a los propios trabajadores por aceptar las condiciones inadecuadas en que se desarrollaban las faenas…
Eso lo dijo un señor del Instituto Libertad y Desarrollo. Lo que pasa es que los dueños de minas no tienen una polÃtica de seguridad en el trabajo, y si la tienen no la implementan. Hay también una relación fáctica con las mutuales, las que permiten la vulneración de los derechos labores. Y existe, además, el desconocimiento de los trabajadores de esos derechos y los impedimentos de los empresarios para que desarrollen sus organizaciones sindicales. Cuando ellas existen –aunque débiles e insuficientes-, acuden a mil artimañas para desarticularlas. El multi Rut es sólo una de ellas.
En este cuadro, los trabajadores se ven obligados a aceptar las condiciones que se le imponen, llevados por una situación de necesidad.
¿Y es por ese estado de necesidad que los mineros de la San José y sus familiares aceptaron ser parte del reality show del rescate?
Es más complejo que eso. Estos compañeros son instrumentalizados y objeto del blanqueo de la industria minera. No se señala que ahà hay un drama de trabajadores muy pobres, con mucha vulneración de sus derechos, pero no se usa el episodio para poner en movimiento en una nueva situación laboral.
Los medios de comunicación exprimen al máximo el morbo y por el rating hacen que esto se transforme en un producto, olvidando que son seres humanos trastrocados en sus valores y dignidad. Los patrones y el gobierno trataron de aislar a los lÃderes sindicales de la empresa, Javier Castillo y Evelyn Olmos, de las familias y de los trabajadores y de cortar el cordón entre ellos, para apropiarse ilegÃtimamente de los atrapados, a partir de una ayuda material y social que el movimiento sindical no puede darles. Evelyn Olmos fue al hospital y le dijeron: â€Â¡No los vimos a ustedes!â€, pero ella y los otros dirigentes estuvieron todos los dÃas, fueron aislados y no pudieron tener contacto con sus representados. Yo estuve varias veces en la mina y pude ver como desde el ministro Golborne para abajo invisibilizaron a los sindicalistas.
¿Cuál fue la actitud de los familiares de los trabajadores?
Algunos trataron de generar un vÃnculo, pero fueron los menos. La facilitación del diputado Carmona permitió hacer algunos contactos.
Lo destaca porque es de su partido. Pero, ¿y los otros parlamentarios, como la senadora Isabel Allende?
Lo digo porque fue asÃ. Ese impedimento no deberÃa darse en un Estado democrático. Fácticamente convierte a la democracia en un ghetto de espacios restringidos, no deberÃamos tener esa situación. SÃ, la senadora Isabel Allende estuvo, como los parlamentarios Robles, Prokurica y Vilches, cada uno trabajando para su propio rebaño o para su propia agenda. Hay que saber diferenciar entre ellos. El diputado Vilches pudo estar allÃ, pero a la hora de legislar ¿qué hizo con ese impuestito que llaman royalty? Vilches tiene acciones en la mediana y pequeña minerÃa y debiera inhabilitarse para votar en el royalty.
-El propio ministro de MinerÃa se convierte en gran lobbysta de las trasnacionales al introducir indicaciones a las normativas que rigen las polÃticas medioambientales en relación con los relaves.
¿Las grandes compañÃas aportaron financieramente o sólo prestaron o arrendaron sus recursos?
El gran esfuerzo fue de Codelco; los rescatistas en su mayorÃa pertenecÃan a esa compañÃa estatal y los trabajadores que ayudaron eran de la misma mina. Las empresas privadas aparecen siempre como las que financian: hacen negocio con el drama. Controlan el Parlamento y financian a sus miembros para que vayan a Shangai, como lo hizo Aguas Andinas; practican la polÃtica del buen vecino en su entorno y comparten en apariencia la lucha de grupos identitarios, cooptando permanentemente los movimientos sociales, para controlar la polÃtica. La Escondida financia Santiago a Mil, patrocinando a actores de la cultura que no pueden crear libremente ni desarrollar su intelecto y capacidades, a fin de crear una nueva estética para las próximas generaciones. Algunos sobreviven en espacios de independencia, a través de la autogestión. Con perseverancia se enfrentan, muy precariamente, a los monopolios de las comunicaciones.
En este contestatario discurso contra la cultura dominante, ¿cómo encajan los anuncios de Piñera sobre un “nuevo trato laboral y el “new chilean way�
Cuando Piñera plantea que las cosas se hicieron en la San José “a la chilena†está reconociendo las capacidades de los trabajadores y los técnicos del paÃs, pero trata de generar un énfasis algo distinto en la eficiencia. ¿Qué cosa es la eficiencia? Poner a disposición todos los variados recursos nacionales nos parece saludable, pero no es la realidad de todos los dÃas en todas partes.
Para ir a “un nuevo trato laboral†hay que partir ratificando el convenio 151 sobre salud y seguridad en el trabajo acordado en Ginebra en 1981, y el 176 sobre seguridad en la minerÃa, además del convenio 8798 sobre libertad sindical y negociación colectiva. Algunos parlamentarios han negado sus votos favorables, mientras se agudizan conflictos en Monticello, Fasa y el hospital de Puerto Montt. Necesitamos saber sus nombres, para representárselo cuando vayan a sus regiones a hacer discursos sobre el “nuevo trato laboralâ€.
Creemos que es un anuncio mediático, lo que necesitamos es una nueva actitud, una cultura que no ponga el lucro por sobre la dignidad humana, y en eso no se avanza con anuncios gubernamentales, sino con el desarrollo del movimiento sindical.
El año 2007 alcanzó gran resonancia el movimiento de los trabajadores subcontratados del cobre que usted lideró ¿Qué avance hubo desde entonces hasta ahora?
La huelga de los subcontratados del cobre es parte de un proceso de acumulación de fuerza que puso en la agenda la situación del 70 por ciento de los trabajadores de esa industria, y que alcanza una cifra similar a nivel de la actividad nacional, especialmente en las grandes empresas y en industrias como la del salmón. Un tema que estaba invisibilizado lo recogió la Iglesia Católica al plantear el obispo Goic un â€salario éticoâ€.
¿Cuánto se ha avanzado orgánicamente? Son procesos lentos, pero también dinámicos, que van construyendo esta nueva emergencia sindical, jalonada con muertes como la del compañero Rodrigo Cisternas, de la industria forestal. En Agrosur los trabajadores también trataron de adelantarse. Pero el gran capital no sólo deteriora el medio ambiente, sino también aplasta el movimiento sindical e impide –con una estructura que abarba también a los medios de comunicación- que la gente se sienta convocada a formar parte de un gran movimiento social.
En la próxima década se van a ver los frutos y un nuevo contingente de dirigentes sindicales se va a hacer cargo de reemplazar –con un cierto choque- el sindicalismo corporativista que ha estado conduciendo por años el movimiento sindical.
Con los anuncios legislativos de la ministra Merino y los homenajes a los mineros pasa colada la situación de los 361 trabajadores de la empresa afectada. ¿Qué se hará para evitar la impunidad respecto de los dueños de la mina?
La ministra Merino generó un comité de expertos, en una puesta en escena más, con declaraciones que se diluyen en cuestiones semánticas, en vez de normar la distribución del ingreso y el cumplimiento por las mutuales de un servicio de formación y capacitación de los trabajadores en seguridad en el empleo y negociación colectiva.
El caso de los más de 300 empleados que quedaron en el aire debe ser resuelto polÃticamente. No me vengan con cuestiones administrativas y de ContralorÃa. Lo de Camarones no se resolvió en forma leguleya y frente a la huelga de hambre de los mapuches se actuó finalmente con voluntad polÃtica.
Entonces, ¿el gobierno no está actuando con la misma eficiencia en el rescate de los 333 trabajadores?
Está actuando torpemente, se va en una defensa leguleya que no hace sentido a los trabajadores que se han quedado sin sus “chirlitosâ€, como llamamos a las indemnizaciones. Basta que libere recursos de la Enami y no quiere hacerlo.
Pero eso significa que el Estado pague por la irresponsabilidad de los dueños…
Debe haber una normativa para que los empleadores que incumplan, que no tengan un comportamiento civilizado y pongan en riesgo la vida de sus empleados reciban una sanción ejemplarizadora.
Este paÃs se ha construido sobre cimientos de impunidad, que ha favorecido incluso al Presidente de la República. Recuérdese el caso del Banco de Talca. Este es un paÃs que vive de las apariencias del reality show, donde no sólo se hace figurar a los mineros atrapados y luego rescatados, sino que también concurren a él las autoridades y los dirigentes polÃticos. Ahora se prometió al mundo hacer las cosas a la chilena, pero esto se puede convertir en un boomerang.