Los resultados finales de la encuesta CASEN, más allá del manejo y manipulación realizado por el gobierno, son convergentes con el conjunto de recientes datos de América Latina – Chile incluido- aportados por el PNUD y la CEPAL: la desigualdad sigue siendo la característica dominante en la región, aunque en los últimos cinco años países como Chile, Brasil, Uruguay y Venezuela hayan mejorado en forma importante sus indicadores en esa materia, así como los referidos a la pobreza. Para muchos, CEPAL dixit, ha llegado la hora de la igualdad en la región, la más desigual del planeta. O, mejor dicho, de hacer frente a la desigualdad lacerante en países hasta ahora favorecidos por el boom mundial de las materias primas.
Después varios hechos ocurridos a nivel nacional han confirmado ese diagnóstico, con toda la fuerza de las contradicciones que se mantienen vivas en el tejido social nacional: el derrumbe en la mina San Esteban y la fortuita escapada con vida de 33 de nuestros valerosos trabajadores mineros; la muerte de otros seis mineros en un inexplicado accidente en la ex empresa estatal SOQUIMICH, propiedad desde 1974 de quien fuera yerno de Pinochet y del cual la prensa escrita y la TV no han dicho casi nada; el hasta ahora frustrado y tardío intento de los legisladores de la Concertación por imponerle a la derecha un royalty medianamente justo y que deje en el país una parte más significativa de los 16 mil millones de dólares de utilidades que las empresas transnacionales han remesado en promedio al exterior durante los últimos cinco años y, finalmente por ahora, la irrupción en la agenda pública de la huelga de hambre de comuneros mapuches- después de más de dos meses de silenciamiento total por parte de la mayoría de los medios de comunicación- que luchan por dos reivindicaciones elementales en el sistema universal de los derechos humanos: la derogación de la jurisdicción militar en el juzgamiento de civiles y una revisión a fondo de nuestra anacrónica legislación antiterrorista, que gracias a sus aberrantes imperfecciones jurídicas- celosamente blindadas por la derecha en el Congreso durante 20 años- ha podido ser aplicada, tanto por el gobierno actual como por el anterior, a los comuneros mapuches que luchan como pueblo por sus reivindicaciones históricas, hoy reconocidas a nivel internacional para todos los pueblos indígenas.
La confluencia de todos estos hechos amenaza restarle brillo a las celebraciones del Bicentenario, a los ojos angustiados del gobierno de la derecha, que se ve a sí mismo como el actor principal de una nueva refundación de nuestro país, tras el proceso refundacional que la dictadura militar aseveró haber realizado. Para las fuerzas políticas de centro y de izquierda existentes o en formación, los movimientos sociales de antiguo y de nuevo cuño y para millones de jóvenes que empezarán recién a partir de 2010 a hacer oír su voz en la decisión de los grandes problemas nacionales, el Bicentenario marcará un punto de inflexión, el inicio de una encrucijada histórica que les obligará a todos a revisar su arsenal ideológico, adecuarlo a los desafíos visibles de los nuevos tiempos, reformular sus programas y estrategias, recomponer sus fuerzas o bien organizarlas por primera vez para responder a la gran interrogante: ¿ seremos capaces en la siguiente década de combinar desarrollo sustentable con justicia social e inclusión, colocando a nuestro país en el sitial de los países desarrollados?. Esa gran tarea histórica debe tener como sujetos a los trabajadores, los movimientos y fuerzas sociales de todo tipo y los partidos de centro y de izquierda de nuestro país, en una alianza como la que la Concertación formó para democratizar Chile, sacar a su población de la postración humana , material y social en la que se encontraba y recuperar su prestigio en el concierto internacional . Y esa no es una tarea que se plantee seriamente ni que pueda realizar la derecha chilena. Esa es una tarea que sólo pueden realizar las fuerzas de izquierda y centroizquierda de nuestro país, a condición de que vuelvan a ponerse a la altura de este nuevo desafío histórico, similar al que enfrentaron con éxito a partir del plebiscito de 1988.