Las medidas anunciadas el viernes por el Presidente Piñera están orientadas no sólo al financiamiento de la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto, sino que tienen como objetivo cuadrar la cuenta fiscal de los próximos cuatro años de gobierno. En efecto, además de destinar US$ 8.431 para la reconstrucción establece US$11.631 para financiar otros gastos sociales.
El paquete de medidas considera un sostenido crecimiento del PIB, reasignaciones presupuestarias, ley de donaciones, venta de activos prescindibles, endeudamiento fiscal y una reforma tributaria. Veamos someramente cada uno de estos puntos.
El crecimiento del PIB este año se colocará por debajo del 4%, pero el próximo año seguramente estará por sobre el 6%, como efecto del impulso fiscal del plan de reconstrucción. Habrá que esperar entonces ver que pasa con el crecimiento en el bienio 2012-13, para verificar si se cumple (o no) la promesa de que el país crezca al ritmo del 6% en el cuatrienio. Las apuestas están abiertas.
En reasignaciones presupuestarias, el Gobierno está en su perfecto derecho de proponerlas. No obstante lo anterior, esto debiera hacerse sin menoscabar los programas sociales que estén bien evaluados. En efecto, existen holguras en el presupuesto de defensa y la ley especial de la FFAA que perfectamente podrían ser mejor utilizados para apoyar el desarrollo del país.
La ley de donaciones aparece con fuerza en los anuncios gubernamentales, a pesar de su escaso impacto en el total, apenas un 1,5%. Este tema requiere de un análisis más fino del que hasta ahora se ha hecho. Sobre todo habrá que ver cuales son los impactos que pudiera tener una ley de donaciones sobre una eventual elusión tributaria en el impuesto de primera categoría y también en el impuesto a la herencia.
La venta de activos prescindibles, pasa por una definición de que se entiende por este tipo de activos. En realidad quedan muy pocos activos en poder del Estado y su privatización en estos momentos sería muy contraproducente. Dejando de lado CODELCO, ENAP y BancoEstado, queda todavía la posibilidad de enajenar las acciones de las Sanitarias y de la Zofri. En ambos casos se trata de empresas públicas que están generando utilidades y que han permitido una mejor regulación del propio sector. ¿Porqué entonces privatizarlas?
El endeudamiento fiscal, ciertamente es lo más apropiado para atacar el tema del financiamiento a la reconstrucción. Se trata de recursos que el país puede perfectamente obtener a través de una emisión de bonos de Tesorería a 10 años plazo y que las AFP estarán interesadas para invertir como un instrumento de renta fija. También existe la posibilidad de ofrecer un bono soberano, pero sus efectos sobre el tipo de cambio lo hacen desaconsejable.
En los temas tributarios se plantea aumentar el impuesto de primera categoría a las grandes empresas del 17% al 20% el 2011, para luego bajarlo al 18,5% el 2012 y volver al 17% el 2013. También se propone aumentar el Royalty en forma voluntaria a las mineras para los próximos dos años y aumentar en forma transitoria las contribuciones de las propiedades que tengan una tasación superior a $97 millones.
No caben dudas que estas últimas medidas entusiasman al mundo progresista que lucha por un país más justo y por una mejor distribución del ingreso. De frente a los problemas estructurales de nuestro desarrollo, aquí la pregunta entonces es porque son impuestos transitorios y no permanentes. Sin duda, allí deberá estar un eje central de la discusión que parlamentaria y política que se viene.
