El reciente nombramiento de Jorge Nazer como Director de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior expresa la opción del nuevo gobierno por orientar la labor de este organismo público hacia la implementación de estrategias de prevención situacional del delito por sobre otras estrategias de prevención de la delincuencia. Si bien este enfoque no es nuevo en la gestión del Ministerio del Interior, su excesivo protagonismo sería un retroceso en la comprensión del problema delictual, limitaría la acción preventiva y haría aún más conservadora a la actual política criminal.
La designación de Jorge Nazer obedece a su experiencia como creador y gerente de ALTO, empresa dedicada a reducir los robos hormiga que realizan clientes y personal de supermercados, centros comerciales, empresas de servicios básicos, industrias, centros de distribución y otros tipos de empresas. Para tal propósito, como se informa en su página Web, utiliza técnicas y métodos como: el marketing disuasivo y comunicación de resultados, destinado a que clientes y trabajadores se abstengan de consumir artículos destinados a la venta y realizar hurtos en los locales; la persecución penal total, que se refiere a la presentación de querellas contra todos los que realicen hurtos y asistencia a las audiencias; líneas de denuncias, destinadas fundamentalmente a recibir de manera confidencial, vía telefónica o Web, denuncias de empleados sobre conductas irregulares y delitos que cometen otros empleados de la misma empresa; y estudios de seguridad, orientados a la identificación de vulnerabilidades existentes en las empresas.
Las técnicas y métodos utilizados por ALTO se inscriben dentro de la perspectiva de la prevención situacional del delito y de la prevención general, cuyo origen se encuentra en la escuela clásica del derecho penal y en expresiones más modernas y continuadoras de esta escuela como la teoría de la elección racional y la teoría de las actividades rutinarias, en general denominadas teorías del delito.
Entre los principales postulados de estas corrientes de pensamiento se encuentran: la concepción de un hombre racional y libre que pondera los beneficios del acto delictual con los costos de la pena antes de cometer un delito; el efecto preventivo de la pena tanto en quienes reciben los castigos (prevención especial negativa) como en aquellos que pudieran tener la motivación para realizar los delitos castigados (prevención general), la certeza, celeridad y severidad de las penas como factores determinantes de su poder preventivo; y la ausencia de vigilancia y desprotección de los objetos como principales factores explicativo de la decisión de cometer un delito.
Los postulados de la escuela clásica han sido objeto de variadas investigaciones que han demostrado el limitado poder preventivo de las penas, incluida la pena de muerte.
Las teorías del delito y, especialmente, la prevención situacional, han recibido numerosas críticas por parte de la comunidad criminológica por su efecto en el desplazamiento de los delitos, la incapacidad para disminuir la delincuencia de forma duradera y su efectividad acotada a los delitos patrimoniales. Pero quizás la crítica más importante es que las teorías del delito, término utilizado para diferenciarlas de las teorías criminológicas, no aportan explicaciones sobre el por qué la gente delinque sino que sólo de los procesos de toma de decisiones de sujetos previamente motivados para delinquir. Por lo tanto, la prevención situacional actúa sobre la oportunidad y no sobre la motivación, ignorando que la prevención del delito no es sólo una cuestión técnica.
Los enfoques y estrategias criminológicas que se han comentado reducen la explicación de la delincuencia a una cuestión individual y orientan la política criminal a distintas formas de incapacitación penal y de disuasión de delitos principalmente patrimoniales. En este esquema no tienen cabida las políticas destinadas a reducir la población de sujetos motivados a delinquir y la rehabilitación de los infractores. Además, los delitos no patrimoniales como los abusos sexuales, la corrupción o el femicidio tienen menos atención por parte de las autoridades o son abordados a través de medidas más populistas que eficaces.
Los paradigmas criminológicos que subyacen en las decisiones y acciones del nuevo gobierno tienen importantes limitaciones. No por ello se van a dejar de utilizar, pero se debe hacer con sentido de pertinencia en el marco de una comprensión amplia del problema y como parte de un conjunto variado y equilibrado de instrumentos de política destinados al control y prevención del delito. De no ser así, existe el riesgo de que más que un “alto” a la delincuencia se trate sólo un “ceda el paso”. Es decir, una desaceleración momentánea y focalizada de la actividad delictual para constatar la inexistencia de peligros o encontrar la forma de evitarlos y luego continuar su marcha por el camino de lo ilícito.
Taller de Seguridad Ciudadana.
Instituto Igualdad.
