Para el próximo 19 de abril el Instituto Igualdad realizará un seminario nacional e internacional sobre el tema de la reconstrucción del país post terremoto del 27 de febrero, y las alternativas de políticas públicas y de miradas sobre la estrategia de desarrollo del país que se presentan en la actual coyuntura. La actividad se encuentra coordinada con la Comisión de Reconstrucción creada por el Partido Socialista y que encabeza el diputado Carlos Montes y cuenta con el patrocinio de la Fundación Ebert.
Aunque aún no puede considerarse plenamente superada la etapa de emergencia, lo cierto es que comienza a tomar mayor centralidad el tema de la reconstrucción, lo cual implica entrar en un debate sobre el cómo reconstruir, cómo financiarlo, desde que actores institucionales realizarlo, y cual es el rol de la sociedad civil en esta tarea.
Sobre las estrategias y aprendizajes que el manejo de las catástrofes ha dejado en todo el mundo, así como las experiencias de reconstrucción, existe ya una amplia literatura. Chile, a su vez, tiene su propia experiencia histórica y los terremotos de 1939, 1960 y 1985 han marcado puntos de inflexión en su desarrollo. También, es interesante recoger las experiencias más recientes de Tocopilla y Chaitén.
El Plan de reconstrucción debe considerar los problemas derivados del terremoto en su integridad: la destrucción abarca desde sectores productivos (pesca, turismo, agricultura, industria) hasta daños psicosociales, pasando por pérdidas materiales en vivienda, salud y educación.
El proceso de reconstrucción debe ser ampliamente participativo e involucrar a los directamente afectados. De un proceso no participativo se derivan importantes problemas y conflictos.
La reconstrucción debe tener como eje fortalecer las normas y exigencias en materia sísmica –terremoto y maremoto, particularmente de éste último fenómeno sobre el cual presentó el país menos preparación-. El terremoto del 60 significó un verdadero impulso y fortalecimiento a la normativa legal para que la construcción fuera efectivamente antisísmica en Chile. La actual catástrofe debe profundizar la normativa vigente en esa dirección.
En este sentido se debe tener una actitud vigilante con la mirada ultraliberal que en aras de una rápida reconstrucción se intenten generar estímulos que disminuyan las exigencias de construcción, medioambientales o laborales. Se trata de reconstruir un país más seguro y justo, y no uno más precario y que reproduzca las brechas sociales que ha dejado al descubierto esta catástrofe.
En el proceso reconstructivo se necesita un claro rol del Estado, tanto a nivel central como descentralizado (gobiernos regionales y municipios). La tentación ideologizada de intentar crear una reconstrucción llevada adelante por los “privados”, puede generar graves costos de eficiencia y oportunidad para la reconstrucción del país.
En materia de financiamiento todos los sectores deben estar dispuestos a hacer un esfuerzo extraordinario dada la magnitud de la catástrofe. Por lo pronto el endeudamiento interno, el impuesto a las grandes empresas, y un incremento del royalty a la gran minería privada, parecen los medios más idóneos para financiar un proceso de recuperación y reactivación a gran escala como la que el país necesita.
Se debe tener presente que los daños no son solo materiales sino también psicosociales. En este sentido la rápida recuperación de las escuelas, la contención de las familias y de los niños en términos emocionales, son tareas también prioritarias en materia de reconstrucción.
Por último, se debe estar atento a la utilización por parte de la actual administración como “cortada” para incumplimiento programáticos o bien para intentar impulsar políticas liberales que construyan nuevamente un país precario, poco seguro y sin las políticas de “protección social” adecuadas. Constituyen en este sentido señales preocupantes que se intente aprovechar la actual catástrofe para no solo reconstruir hospitales o escuelas vía licitación privada sino que se intente extender ello a la administración futura de estos servicios; o impulsar políticas de flexibilidad laboral que nada dicen relación con la superación de las consecuencias del terremoto; o bien debilitar normas de construcción y urbanismo, medioambientales y laborales, cuando lo que se requiere es construir hacia el futuro un país más seguro y con mayor integración y cohesión social.
somos un pais que ha vivido enreiteradas oportunidades catastrofes de gran magnitud pero no tenemos sitematisads las experiencias,hoy el desafio es contruir un plan de recontruccion de caracter generalque permita con estas lineas la elaboracion de planes comunales con participacion de la comunidad y los diferentes actores que componen la sociedad local,esto porque es la oportunidad para contruir nuevas ciudades inclusivas,equilibradas y sustentables.