Una catástrofe de las proporciones de lo ocurrido el pasado sábado en la madrugada en Chile es de tal magnitud -se habla de un terremoto que está entre los seis eventos más grandes de este tipo en el mundo- que marca un abrupto cambio de la agenda del país, de sus prioridades, y del sentido de Estado e interés nacional que debe imperar en el comportamiento de todas las instituciones, de la ciudadanía y de los líderes de gobierno y oposición en estas difíciles horas.
En este momento la prioridad debe ser ir en ayuda de manera eficiente a las personas que se han visto afectadas de manera directa por la tragedia, sea por la pérdida de vidas humanas, daños materiales, o por la carencia aún de servicios básicos vitales para la población.
La catástrofe ha golpeado con especial fuerza a las regiones de Maule y Bío-Bío , y también de manera significativa a la región Metropolitana y V región, en un movimiento sísmico que se hizo sentir en una extensión de 800 kilómetros. desde Copiapó al sur. El gobierno ha decretado correctamente Estado de catástrofe en las regiones de Maule y Bío-Bío, para de esta manera poder contar con los instrumentos jurídicos, organizativos y presupuestarios necesarios para hacer más efectiva la entrega de ayuda, el restablecimiento de los servicios, y la mantención de un orden público básico para poder ir reconstruyendo un estado de normalidad en un tiempo razonable.
Superada la condición de emergencia y de solución de las situaciones más críticas actuales, deberá venir una etapa de reconstrucción de viviendas, edificios e infraestructura que ha quedado dañada con este terremoto. Será la hora también de evaluar y exigir explicaciones a aquellas inmobiliarias y constructoras, que han edificado bajo los estándares sísmicos exigidos, como se evidencia en edificios nuevos caídos, con la pérdida material correspondiente o incluso de vidas humanas, y de aquellos servicios públicos que no han fiscalizado con la rigurosidad y celo correspondiente.
También cabe comentar y repudiar acciones violentas o vandálicas ocurridas en el marco de esta tragedia. Las medidas para resguardar el orden público en este sentido han ido en la dirección correcta. De lo que se trata es de poder reestablecer las condiciones de normalidad en materia de orden público para facilitar la entrega de ayuda a la población. Sin embargo, es igualmente condenable el énfasis colocado por ciertos medios de comunicación y por dirigentes de derecha en materia de orden público y de resguardo de la propiedad, como si éste fuera el único problema hoy existente, cuando lo que ha sucedido en una catastrofe que ha implicado la pérdida de cientos de vidas humanas y daños materiales para mucha gente pobre y de clases media. También los desastres naturaales y la manera como impactan a las personas reproducen las desigualdades sociales de nuestro país.
Sin duda, no es la hora de polemizar con nadie. Es el momento de unirse y de respaldar la acción del gobierno y de las instituciones del estado en este difícil trance-. La ciudadanía sabrá juzgar a quienes busquen e intenten obtener menguadas ventajas políticas en circunstancias tan extremas y dramáticas para el país.
Esta es la hora de la solidaridad con las personas y familias afectadas. Es el minuto del despliegue de una política de Estado, buscando cubrir todas las necesidades de la población más directamente afectadas, y de la normalización de los servicios básicos en todas las regiones del país, así como iniciar un proceso de reconstrucción y de políticas de protección social hacia todas las personas y familias que se han visto afectadas por esta catástrofe natural de tan inusual y desproporcionada fuerza e intensidad.
Situaciones como éstas muestran, una vez más, la necesidad de contar con un Estado capaz de mirar el largo plazo, con instituciones sólidas. Un aparato estatal con fortalezas y capacidades para enfrentar hechos imprevistos y tan graves como el que ha ocurrrido. Contar con universidades públicas, y líneas de investigación y desarrollo tecnológico, capaces de generar el conocimiento necesario para enfrentar estos fenómenos. Lo que más requieren hoy las personas es un Estado eficiente, con capacidad de protección social y con una fuerte inversión social, para enfrentar la difícil situación de hoy y la tareas de reconstrucción de mediano y largo plazo que el país va a necesitar.
