NUEVA LEY MARCO DE EDUCACION SUPERIOR, La visión de los socialistas

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NUEVA LEY MARCO DE EDUCACION SUPERIOR

La visión de los socialistas

Bancada de Senadores Partido Socialista

Colaboraron: Ernesto Águila, Luis Díaz, Flavio Quezada

Julio, 2016

 

PRESENTACIÓN

La reforma educacional, llevada a cabo durante la dictadura militar, a partir de la década de los ’80, reconfiguró la educación superior chilena. Se impuso en ella la lógica de mercado, se debilitó la educación estatal, se amparó el lucro obtenido mediante subterfugios y, si bien es cierto se generó una apertura a grupos sociales antes no incorporados a este nivel educativo, ello se hizo en muchos casos, a costa de la calidad de la formación y al sacrificio del “espíritu” de la Universidad, que se fue transformando cada vez más en una mera empresa.

Después de casi cuarenta años, se ha abierto una oportunidad histórica de superar los efectos que dejó la marea neoliberal en materia educacional. Y esto se ha forjado en buena medida, como consecuencia de la potencia de los movimientos sociales del 2006 y del 2011 y de la voluntad política del gobierno de la Nueva Mayoría.

Y es que mientras la “revolución pingüina” de hace diez años posibilitó la transformación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), impuesta en las postrimerías de la dictadura, por la Ley General de Educación (LGE), ello no alteró su esencia subsidiaria y de mercado.

Las masivas manifestaciones ocurridas cinco años después, lograron poner en la agenda, la necesidad de consolidar una “educación pública, gratuita y de calidad”. Y fueron precisamente estas justas demandas, las que el gobierno encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, incorporó en su programa y ha ido materializando desde el 2014 en adelante.

En estas circunstancias, recobra especial vigencia, el planteamiento de uno de los fundadores del Partido Socialista, quien fuera además Senador de la República y Rector de la Universidad de Chile, Eugenio González Rojas. Hace poco más de medio siglo, señalaba que la Universidad tiene un doble imperativo: la acción humanística y la acción social.

La primera hace alusión a que por encima de sus específicas tareas de formación de profesionales, estímulo de la creación intelectual y artística, fomento de la investigación científica y tecnológica y difusión de los bienes culturales “la Universidad, por el hecho de serlo, tiene que preocuparse fundamentalmente de la formación del ser humano en la plenitud de su condición moral”.  Debe ser capaz de “preservar los valores que dan sentido de superior dignidad a la vida humana, individual y colectiva en cada circunstancia histórica”.

En cuanto al imperativo de acción social, González indicaba que otro de los deberes significativos que compete a la Universidad, “es el de tomar como suyos los problemas de nuestro pueblo y proponer soluciones trascendentes”. La Universidad, especialmente las que son instituciones nacionales, en tanto órganos del Estado “deben estar al margen de la política partidista, de las disensiones ideológicas y confesionales; pero por su condición de entidad moral, no pueden estar al margen de los imperativos de la justicia que impulsan el progreso social y que son la resultante del trabajo solidario”.

Eso es desde una visión socialista la Universidad. Una Institución que guiada por la búsqueda del interés general más que de intereses particulares de diverso cuño. De una “Institución Nacional que debe ser colaboradora del Estado en el esclarecimiento científico y técnico de los diversos problemas concretos que se le presentan”, como señalaba el ex rector.

Desde nuestro punto de vista, esa perspectiva puede y debe ser recuperada a través de la reforma de la educación superior.

Las páginas que siguen están inspiradas en estas ideas. Reconocen la participación de distintos actores en el actual sistema, pero por sobre todo, buscan revitalizar y reposicionar a aquéllos con compromiso y responsabilidad pública y, muy especialmente, a las instituciones que pertenecen al Estado y cuya presencia y acción, fomentan el progreso tanto a nivel nacional como en aquellas regiones en que se encuentran insertas.

  1. VALORACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El actual sistema de educación superior ha tenido cambios importantes en las últimas décadas.

Su mayor logro es el incremento significativo de la cobertura, alcanzando en la actualidad a aproximadamente un millón doscientos mil estudiantes.

Sin embargo, se perciben al mismo tiempo graves falencias, tales como:

 

Calidad global. El sistema de educación superior chileno presenta un nivel promedio de baja calidad y densidad. Los aumentos en la cobertura no han sido complementados con un esfuerzo sostenido en la calidad de los planteles.

La producción de conocimiento es relativamente baja, en tanto muchas carreras no tienen estándares de formación de profesionales acorde a lo que el país necesita para su desarrollo.

El sistema de acreditación ha sido creado tardíamente y, si bien presenta en los últimos años mejoramientos significativos, muestra aún importantes falencias que le impiden constituirse en un factor decisivo de mejoramiento.

 

Pérdida de peso específico de las universidades estatales. El incremento en la matrícula que el país ha experimentado especialmente en la última década ha provenido de un incremento en los cupos de la educación superior privada, especialmente en el ámbito técnico profesional.

La matricula de las universidades estatales se mantiene constante, lo que implica una drástica caída en términos relativos, representando menos del 15% del total del sistema de educación superior chileno.

Lo anterior se explica por problemas de financiamiento y gestión, que se demuestran también en una deficiente política de recursos humanos y en rigideces en el control administrativo que afectan severamente el desarrollo de las instituciones.

Ello también se advierte a nivel local. Las universidades regionales, en general, viven una situación precaria y no han logrado desarrollar todo su potencial, para convertirse en un factor de desarrollo plenamente gravitante para los territorios en que tienen su sede.

 

Investigación. Ligado a lo dicho respecto de la calidad general del sistema se aprecian  importantes diferencias en esta área, entre las diferentes instituciones de educación superior.

Mientras algunas tienen resultados notables, tales como publicaciones y referencias, otras presentan desarrollos casi nulos. Ello tiene su origen tanto en falencias propias de las instituciones que han privilegiado la docencia, como en las insuficiencias de la política de desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.

La docencia en el ámbito de las Universidades no es concebible sin el desarrollo de investigación y formación en postgrado.

 

Insuficiente política de desarrollo del sector técnico profesional. Durante las décadas pasadas asistimos a una creciente profesionalización del sistema, desalineándose de las tendencias mundiales.

La creación de diversas becas y créditos impulsó, en los últimos años  el aumento de los cupos en las entidades privadas, revirtiéndose esa tendencia.

Sin embargo, se perciben enormes debilidades basadas en la inexistencia de una política nacional de educación técnica que la fortalezca como un proceso continuo, articulando programas desde la educación escolar hasta la capacitación laboral, pasando por la formación superior técnica.

Del mismo modo, resulta indispensable aumentar la oferta pública que fue sistemáticamente abandonada desde la transformación de la Universidad Técnica del Estado y la anómala situación de INACAP.

 

Vínculo con la sociedad. El crecimiento del sistema de educación superior en las últimas décadas ha tenido en general una orientación hacia la formación de profesionales, perdiéndose o disminuyendo la incidencia de otros ámbitos y funciones tradicionales.

Así, la vinculación de las universidades con la sociedad en su conjunto se ha diluido.

Se aprecia una falta de participación de las instituciones en la discusión y evaluación de las políticas públicas, como asimismo de actividades que den cuenta de una proyección de su quehacer hacia su entorno más inmediato.

 

Debilidad institucional del Ministerio de Educación. En línea con lo que ha ocurrido en otras áreas, el crecimiento del sector no ha sido acompañado por un adecuado desarrollo del sector público.

El Ministerio de Educación ha carecido de las suficientes competencias y medios para hacerse cargo de la regulación, fiscalización y coordinación adecuada de la educación superior, siendo notorias sus limitaciones, particularmente en materia de acreditación y como garante de la fe pública la real capacidad y fortaleza de las instituciones de educación superior.

 

 

 

 

  1. PRINCIPIOS Y DEFINICIONES GENERALES

 

La educación superior como un derecho social

Rechazamos la concepción de la educación como un bien de consumo y la lógica de mercado, basada en el lucro y la competencia, con que se ha desarrollado el sistema educacional chileno, a partir de la década de los ’80.

Ello distorsiona sus fines y genera los incentivos para obtener dicha ganancia por la vía de un alza del costo de las carreras o bien de un abaratamiento de la docencia, desincentivando de paso el desarrollo de la investigación.

Concebimos, en cambio, a la educación, en general, y a la educación superior, en particular, como un derecho social garantizado por el Estado.

Como lo reconoce la doctrina de los Derechos Humanos, los derechos sociales y económicos son de carácter progresivo y deben ir siendo alcanzados de acuerdo al desarrollo económico de las sociedades. Lo importante es que en cada etapa dicha progresividad se vaya expresando hasta alcanzar su universalidad.

Este derecho a la educación debe realizarse en instituciones que, en el caso de las universidades, acrediten efectivamente la condición de instituciones complejas. La gratuidad debe ser un objetivo a alcanzar plenamente en las instituciones públicas, y extenderse a instituciones privadas que efectivamente realicen docencia e investigación; muestren un efectivo compromiso y responsabilidad pública; estén dispuestas a organizarse de manera inclusiva y participativa de sus tres estamentos; y en las cuales se respete la diversidad de visiones y la libertad de expresión y de cátedra.

Es relevante, asimismo, que se aseguren condiciones de trabajo estable y digno a quienes realizan docencia y labor administrativa en ellas y que se cuente con políticas de recursos humanos que contribuyan a su bienestar y desarrollo.

 

Una educación superior para el Chile del siglo XXI

Entendemos el sistema de educación superior -Universitario y Técnico Superior- indisolublemente vinculado al desarrollo político, económico, social y cultural del país en general y de cada una de sus regiones en particular.

En este sistema no solo se forman sus profesionales, científicos, artistas y técnicos, sino que sus instituciones están llamadas a generar el conocimiento avanzado e ir abriendo paso al desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas para alcanzar un desarrollo inclusivo y sustentable.

También es misión del sistema de educación superior contribuir al enraizamiento cultural de la democracia y de los derechos humanos; integrar y cohesionar socialmente a nuestra sociedad; desarrollar nuestra identidad en un mundo globalizado; acoger y promover nuestra diversidad cultural y étnica; y desarrollar el pluralismo moral y del conocimiento.

 

Educación superior, desarrollo regional y equidad territorial

Consideramos de enorme relevancia el desarrollo de las universidades e instituciones técnicas regionales, posibilitando con ello una pertinencia en las ofertas educativas, articulando el desarrollo de la educación superior con la realidad productiva, tecnológica y cultural de las regiones.

Para cumplir con los objetivos anteriores se deben considerar las condiciones y necesidades específicas de cada región, dar apoyo especial y diferenciado a estas instituciones, y establecer las flexibilidades del caso para la captación y retención de los estudiantes, y para el desarrollo de investigación asociada al desarrollo e identidad de cada región.

 

 

  • UN NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 

Sistema mixto de Educación Superior y su financiamiento

Nuestro país desarrolló en el curso de su historia un sistema de provisión mixta en la educación, que combinó establecimientos públicos e instituciones privadas colaboradoras de la función del Estado.

Lo anterior permitió ir aumentando sistemáticamente la cobertura, manteniendo grados importantes de calidad, a la vez que se aseguraban diversas opciones de proyectos educativos disponibles para las familias, de acuerdo a sus propios intereses y objetivos, pero enmarcados en las directrices y objetivos generales.

Este sistema mixto se encuentra hoy en riesgo por la sistemática caída de la matrícula pública estatal. Ésta se ha mantenido casi inalterable en la última década, mientras el total de alumnos más que se duplicaba. Las universidades estatales representan hoy apenas un 14.8% de la matrícula de pregrado.

Lo anterior resulta grave para la existencia de un proyecto común de país, que resguarde la identidad nacional. Éste debe acoger los proyectos particulares, pero sin caer en la desintegración ni en la primacía de las visiones parciales.

Creemos, en ese sentido, en la necesidad de mantener y fortalecer un sistema de provisión mixta en la educación superior donde coexistan tres subsectores, sujetos a regulaciones y condiciones de financiamiento diversas, a saber:

 

  1. Instituciones de educación superior del Estado

Éstas son parte constitutiva del Estado, y existen para el logro de los objetivos generales y compartidos de la Nación y de la comunidad política democrática. Todas las instituciones -públicas y privadas- están convocadas a participar de las tareas nacionales, pero las instituciones públicas tienen la obligación de hacerlo, mientras para las instituciones privadas, dada su naturaleza, ello es opcional y referencial.

Deben disponer de un trato preferente, financiándose mediante aportes directos estables vinculados a sus proyectos de desarrollo institucional y, secundariamente, según su matrícula.

Estarán vinculadas con el Estado, a través de sus directorios y de instancias institucionales de interrelación, como el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), al que debe otorgársele reconocimiento legal.

Deberán articularse además en una red o sistema de educación superior estatal, que otorgue coherencia y coordinación a sus programas y que les permita mejorar conjuntamente sus estándares de acreditación.

Aspiramos a que en un plazo razonable alcancen un porcentaje significativo de la matricula total de las Instituciones de Educación Superior chilenas, manteniendo niveles adecuados de calidad. Para ello, el Estado debe reconstruir un sistema de educación superior público, aportando recursos adicionales para expandir su cobertura regional y de matrícula en los próximos años.

Ello es necesario para poder realizar sus objetivos de desarrollo nacional, en el marco de instituciones de alta complejidad y calidad, reconociendo la educación como un derecho, y otorgando plena libertad de cátedra y de búsqueda del conocimiento.

Su gobernanza será definida por cada plantel, dentro de un marco de opciones, que resguarde la participación de la comunidad de académicos, funcionarios y estudiantes que la constituyen.

Deberá perfeccionarse la regulación y fiscalización administrativa de los planteles públicos de modo de compatibilizar adecuadamente el resguardo y transparencia en el uso de los recursos públicos con la adecuada flexibilidad en la gestión de éstos.

  1. Instituciones de educación superior privadas con compromiso y responsabilidad pública

En esta categoría se encuentran aquéllas entidades formadas por corporaciones y fundaciones (Concepción, Austral y Federico Santa María) y las vinculadas a la Iglesia Católica del CRUCH, que han realizado por décadas un significativo aporte al desarrollo del país.

Dichas universidades dispondrán de financiamiento público para asegurar la gratuidad de los estudios de sus estudiantes, el que se determinará considerando su matrícula y un arancel promedio. Deberán fijarse reglas respecto del aumento de cupos.

Podrán, asimismo, recibir otros aportes estatales orientados a fines específicos, como infraestructura, investigación básica y extensión y acceder a franquicias e incentivos tributarios, sujetos a la regulación y condiciones que en cada caso se determine. Con este objeto se establecerán líneas especiales de financiamiento diferenciadas de las existentes para las universidades públicas.

Tratándose de instituciones de educación superior históricas con impacto gravitante en una región, tales como la Universidad Austral y la Universidad de Concepción, debiera instaurarse un estatuto específico que reconozca y potencie dicho aporte.

 

  1. Instituciones de educación superior privadas

Un tercer subsector estará formado por aquéllas instituciones de educación superior privadas creadas con posterioridad a 1981, cuyos proyectos no tengan sustantivamente un carácter vinculado a objetivos públicos.

Deberán satisfacer estándares básicos de seriedad y solvencia, destinados a asegurar su continuidad y sustentabilidad. Con dicho objeto podrán requerirse normas básicas de transparencia contable y financiera y la justificación y respaldo de sus iniciativas de inversión.

No recibirán aporte público alguno, ni directo ni indirecto, ni beneficios tributarios de ninguna clase.

En este sentido, se debe terminar con el sistema CAE, reemplazándolo por recursos destinados a cubrir la gratuidad o vía becas en los casos que corresponda. Se debe poner fin al impropio traspaso de cuantiosos recursos públicos a instituciones privadas de baja calidad y concebidos como un mero negocio.

 

Comprensión de la Universidad como una institución compleja: docencia de pre y postgrado, investigación y vinculación con el medio.

La primera gran desregulación que el nuevo marco de educación superior debe revertir es la definición de la Universidad como una educación terciaria que puede desarrollarse con distintos grados de complejidad.

Si entendemos la Universidad como aquella institución especializada en la formación de los científicos y profesionales; la generación del conocimiento avanzado y de frontera del conocimiento; y de una docencia en permanente actualización; no se puede concebir la Universidad sin exigir acreditación en investigación y postgrado.

Podrán existir distintos grados de complejidad y calidad, pero una Universidad para ser tal debe desarrollar y articular docencia e investigación. La idea de “universidades docentes” es una contradicción en sus términos, pues no se puede ejercer docencia de nivel superior sin investigación avanzada, o a lo menos una investigación asociada a la docencia.

Por último, una Universidad para ser tal no solo debe generar docencia e investigación avanzada, sino que debe volcar ese conocimiento a la sociedad y recoger de estas sus demandas y expresiones, a través de actividades de extensión y vinculación con el medio.

 

Sistema de Educación Técnico Superior

Nuestro país vive la anomalía que genera más profesionales que técnicos de nivel superior. En los países desarrollados la relación entre técnicos y profesionales es de tres a uno, en nuestro caso la relación está invertida.

En este ámbito se requiere una estricta regulación, actuando el Estado como garante de la fe pública, y generando los incentivos adecuados para el desarrollo de un sector técnico asociado a las necesidades estratégicas del país.

En este camino es necesario crear un poderoso subsistema de instituciones técnicas superiores estatales, cuyo primer paso lo constituye la creación de quince centros de formación técnico públicos.

Debe, asimismo, clarificarse la situación jurídica de INACAP, entidad creada por el Estado de Chile en 1966 y que no ha sido privatizada, sino que alterándose la composición de instancias superiores es controlada hoy por entes privados, aún cuando permanece una mínima presencia pública en su directorio.

Se requiere crear un sistema técnico superior flexible e integrado, articulado con la educación técnica secundaria, y que genere itinerarios curriculares vinculados a la educación universitaria, posibilitando el permanente perfeccionamiento de nuestros técnicos.

Si bien no se debe exigir a estas instituciones investigación avanzada, si debe estimularse la investigación aplicada y asociada a la docencia, así como su articulación con proyectos de perfeccionamiento continuo con las Universidades.

Se debe revalorizar socialmente el trabajo técnico superior y asegurar una adecuada retribución económica, generando incentivos para hacer de estos oficios y carreras técnicas una opción laboral atractiva y pertinente a las necesidades productivas y de servicios del país.

 

Autonomía universitaria

La autonomía universitaria permite que la producción de conocimiento se haga al margen de intereses económicos privados o de gobiernos que quieran coartar esta libertad u orientar la generación de conocimiento a intereses subalternos.

En el debate actual este principio ha sido invocado generalmente con el propósito de minimizar la acción del Estado en materia de regulación de las instituciones privadas.

Los socialistas hemos defendido históricamente la autonomía universitaria como un principio fundamental que involucra dos aspectos sustantivos.

Por una parte, la necesidad de una adecuada relación entre las instituciones de educación superior y el Estado, que debe ejercer facultades reguladoras y fiscalizadoras, sin amagar las esferas de decisión de las instituciones.

Por otro lado, sostenemos que las universidades en su búsqueda del conocimiento deben ser pluralistas y libres, conviviendo en su interior diversos enfoques y sistemas de pensamiento. Debe garantizarse, en este sentido, la libertad académica, evitando que las orientaciones del controlador o dueño se transformen en obstáculos a la reflexión y expresión de la comunidad universitaria.

Para asegurar dicha autonomía deben ser las propias comunidades universitarias las que desarrollen sus órganos de gobierno. En todo caso, los procesos mediante los cuales las comunidades adopten formas participativas deberán sujetarse a normas y procedimientos que garanticen pluralismo y diversidad, así como  la consecución de los fines propios de la institución universitaria.

En el caso de las instituciones de educación superior del Estado, esa autonomía debe ser compatible con el rol orientador del Estado para la consecución de bienes públicos ligados a los objetivos permanentes de la nación y con la entrega de los recursos económicos y el apoyo indispensable para ello.

Para tal efecto la ley debe establecer un régimen de gobierno universitario que distribuya las competencias normativas, de administración y de control interno en órganos diferenciados e independientes. La participación de los diversos estamentos, que podrá considerar a académicos, funcionarios, estudiantes y egresados, deberá estar regulada mediante procedimientos institucionalizados, quórum mínimo de participación y representación ponderada para cada uno de los estamentos, reservando un voto ponderado claramente preponderante para el estamento académico.

El estado en sus instituciones no debe intervenir en los órganos colegiados de carácter normativo, ni en los de control interno pues lo hace o lo hará mediante la Superintendencia y el control ex post que se atributa a la Contraloría General de la República, pero deberá integrar los órganos de administración superior con una representación que permita articular las políticas de la institución con el rol orientador del Estado.

 

Sistema de educación superior y nueva Constitución Política.

No obstante que la construcción de una nueva Constitución Política excede el marco de la futura Ley de Educación superior, y la precede en el tiempo, para los socialistas la plena transformación del sistema de educación superior solo será posible en el contexto de una nueva Constitución Política.

Al respecto, proponemos en el nuevo marco constitucional dejar atrás el carácter subsidiario del Estado, y con ello la subordinación de lo público y del bien común, al desarrollo de emprendimientos privados guiados por la lógica del mercado y de la competencia entre las instituciones.

Abogamos porque en la nueva Constitución Política se reconozca -como en las Constituciones de 1833 y de 1925- el deber preferente del Estado con el desarrollo de la educación pública. Lo anterior en el marco de un sistema de provisión mixta de educación como históricamente fue en Chile.

 

 

  1. ESTRATEGIA DE REFORMA ESTRUCTURAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 

Ejes orientadores:

Estamos convencidos que ha llegado el momento de terminar con el modelo neoliberal en la educación superior.

Desde nuestro punto de vista el eje principal de una reforma estructural al sistema está ligado al fortalecimiento de las universidades del Estado y de la capacidad reguladora del Ministerio de Educación.

El desafío del país es articular un sistema de educación superior que resguarde un proyecto de país y contribuya a su desarrollo y que, al mismo tiempo, asegure iguales oportunidades de acceso a todos los jóvenes.

Aspiramos a una reforma estructural que se permita que las instituciones del Estado recuperen su dinamismo y una participación significativa en la matrícula.

El resultado de las políticas públicas para favorecer el acceso a la educación superior no será satisfactorio consolidando un sistema con universidades del Estado reducidas a un mínimo porcentaje de la matrícula como hasta ahora.

 

Otro eje orientador de la reforma está dado por la forma de avanzar en materia de gratuidad, con el objeto de ir cubriendo sectores crecientes del alumnado de la educación superior.

Los avances en la gratuidad y el cambio de forma jurídica de las instituciones de educación superior deben estar articulados con el fortalecimiento de la educación superior pública estatal.

 

Medidas específicas en diversos ámbitos:

 

Referidas a la institucionalidad

El Estado debe contar con las suficientes herramientas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior, velando por los intereses de la nación y la fe pública comprometida en la preparación de profesionales y técnicos.

Para ello estimamos indispensable:

  1. La creación de una Subsecretaria de Educación Superior a cargo del diseño e implementación de las políticas referidas a este ámbito. En ella debería incorporarse una División de Educación Superior Estatal, que propenda a la materialización del sistema de Instituciones de Educación Superior del Estado, focalizado en red a la implementación de políticas públicas regionales, macro-regionales y nacionales.
  2. La creación de una Superintendencia de Educación Superior destinada a la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente por parte de las instituciones que conforman el sistema y, especialmente, del resguardo de los recursos públicos involucrados.
  3. El establecimiento de un nuevo sistema de acreditación que reúna las siguientes características:
    1. Acreditación obligatoria de todas las áreas.
    2. Parámetros de evaluación exigentes y claros.
    3. Acreditación obligatoria a lo menos de las carreras de medicina y pedagogía.

 

Medidas urgentes para fortalecer el subsistema de educación pública estatal:

Creemos indispensable iniciar un plan urgente tendiente a recuperar el subsector de la educación superior estatal que ha venido sistemáticamente perdiendo influencia en el contexto nacional.

Estimamos sustancial avanzar en un horizonte breve a aumentar su matrícula y a mejorar su calidad, a través de un fortalecimiento de sus recursos humanos y materiales.

Con este objeto, en forma adicional al financiamiento por alumno y arancel promedio vinculado a la gratuidad universitaria, éstas deberán contar, en el programa específico del presupuesto de la nación, recursos adicionales destinados a los siguientes objetivos:

 

  • Aportes para infraestructura. Destinados a la recuperación, mantención y modernización de instalaciones y equipamiento.

 

  • Aportes para crecimiento de la matrícula. Destinados a apoyar la creación de nuevos programas o la ampliación de los existentes, previa justificación de su pertinencia con las necesidad del país y del territorio.

En esta materia, una vía significativa de crecimiento de la matrícula debiera estar ligada a la generación, en las instituciones de educación superior del Estado, de programas de bachillerato propedéutico que permitan al tiempo de superar las debilidades en la formación base, favorecer el ingreso de sectores más vulnerables de la sociedad, minimizando las barreras que presenta el actual sistema de selección.

 

  • Aportes para investigación. Destinados a potenciar la investigación. Para ello se diseñarán dos líneas:

 

    • Investigación estratégica orientada a un número acotado de áreas identificadas como prioritarias para el desarrollo nacional y regional, tales como: energía; sustentabilidad; industrialización y encadenamientos productivos; minería; recursos hídricos y sismología; desastres naturales y emergencias.

 

    • Investigación complementaria a los planes y programas de las respectivas instituciones.

 

  • Aportes para vinculación con la sociedad. Destinados a la creación y difusión de manifestaciones culturales y artísticas; a la promoción de iniciativas de interés local o nacional y a participar activamente en la discusión de políticas pública en todos los niveles.

 

Asimismo, es indispensable facilitar e incentivar la construcción de redes y consorcios entre las instituciones de educación superior estatal en la perspectiva de conformar un sistema nacional e integrado de universidades e instituciones técnicas superiores estatales. Ello debe significar la generación de una estructura legal para el CUECH y la creación de un equipo de alto nivel destinado a apoyar su trabajo en la articulación de políticas para la red estatal.

 

Consideramos también urgente flexibilizar el control administrativo preventivo que efectúa la Contraloría General de la República y que afecta severamente el desarrollo de estas instituciones.

Por último, deben favorecerse políticas de recursos humanos más adecuadas que contemplen planes de incentivo al retiro y de contratación de nuevos cuadros académicos, especialmente emanados de los programas de postgrado y perfeccionamiento y que, en general, se garanticen condiciones de trabajo estables y dignas para docentes y funcionarios, con oportunidades de promoción y perfeccionamiento.

 

Medidas urgentes respecto del subsistema de educación privada con compromiso y responsabilidad pública

 

Nos parece que estas entidades deben tener un estatuto diferenciado que resguarde sus particularidades. Éste debe surgir de un acuerdo con dichas instituciones y contener elementos de autorregulación y de regulación normativa.

 

Su contenido requiere precisar los bienes públicos y aportes al interés general que estas instituciones realizan; asegurar su calidad, a través de los mecanismos de acreditación; reconocer la participación de la comunidad universitaria y respeto a su pluralismo y desarrollar las acciones de fiscalización y control que permitan compatibilizar su autonomía con el uso de recursos públicos, respecto de cuyo uso deberá existir plena transparencia.

 

Medidas urgentes respecto del subsistema de educación superior privada:

 

Deben adoptarse medidas destinadas a que este subsistema adquiera el carácter adecuado a sus objetivos y propósitos.

 

Ello implica que su estatuto regulatorio debe tener los elementos de transparencia y control indispensables para asegurar su solidez institucional. Con este objeto deben existir resguardos para su crecimiento y expansión.

 

Respecto de su calidad, debe existir una acreditación básica que garantice la fe pública comprometida en su funcionamiento y actividades docentes.

 

Paulatinamente, deberá eliminarse el financiamiento público, sea directo o indirecto, a través de aportes o de franquicias tributarias.

 

Un tema a analizar son las modalidades de ingreso de estas instituciones, esto es si estarán adscritas a algún sistema único nacional, dispondrán de uno alternativo o alguno mixto.

 

Financiamiento

Un desafío fundamental de la reforma estructural del sistema de educación superior es establecer los conceptos, criterios y factores, así como los montos de recursos que se destinen.

En el presupuesto 2016 se destinan US$ 2.705 millones a educación superior. El año 2014 las universidades estatales recibían el 38% del total.

El financiamiento público a la educación superior, por definición, está orientado al cumplimiento de fines públicos, que tienen que ver con el interés general del país.

La asignación de recursos debe contar con criterios comunes, pero también con las diferencias propias entre el sector estatal y el sector privado con compromiso y responsabilidad pública.

Los factores que debería considerar el financiamiento de las universidades estatales son:

  • Financiamiento a la docencia, proporcional a los alumnos y a las características específicas de las áreas.
  • Aporte basal para infraestructura:
  • Mantención y modernización.
  • Compra de inmuebles.
  • Aporte basal para proyectos de investigación priorizados con interés nacional:
    • Fondos concursables.
    • Proyectos específicos.
  • Aporte basal para la relación con la sociedad:
    • Para potenciar su presencia en las regiones.
    • Para participar en la discusión de políticas públicas.

 

Otras acciones

Creemos que las instituciones de educación superior deben realizar el estudio de medidas tendientes a posibilitar, en un plazo razonable, la reformulación de sus programas de pregrado, revisando la duración de las carreras con el objeto de favorecer la retención y titulación oportuna. Las entidades públicas deben iniciar este proceso.

Paralelamente al avance de la gratuidad universitaria, deben continuar impulsándose acciones destinadas a perfeccionar el sistema de acceso a la educación superior, con el objeto de propender a favorecer el ingreso de alumnos de los sectores más vulnerables.

 

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Instituto Igualdad

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