SALUD Y NUEVA CONSTITUCIÓN

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Vivienne Bachelet y Fernando Atria: “El proceso constituyente es una oportunidad privilegiada para que discutamos y decidamos si nuestras necesidades de salud han de ser primariamente oportunidades de negocio, o si lo importante es reflejar que la salud es un derecho que nos pertenece a todos por igual como ciudadanos…”.

¿Qué tienen en común el déficit de especialistas en los hospitales públicos de Chile, el lucro en la salud y la necesidad de una nueva Constitución para el país? La respuesta es simple: es el efecto natural y esperable de organizar la provisión de prestaciones de salud como un mercado, transformando así la salud en una mercancía. Los problemas que tiene Chile para asegurar que todos sus habitantes tengan un acceso igualitario y equitativo a la salud (acceso universal, recomendación de la OMS para todos los países) no son misteriosos en cuanto a su origen. Son el resultado del dispositivo constitucional, legal e institucional existente. Esto no puede seguir. Es hora de que Chile retome el camino interrumpido por la retroexcavadora neoliberal de los 80, camino que llevaba hacia la realización progresiva de la salud como derecho social.

No hay grandes desacuerdos en el diagnóstico de los problemas que afectan a la salud en Chile. Sabemos que el sistema público está haciendo agua. Si bien la salud pública goza de buenos indicadores, la gente no está satisfecha con la forma y la oportunidad en que se le están atendiendo sus problemas. Por otra parte, el sistema privado enfrenta graves problemas en los tribunales de justicia que han declarado reiterada y unánimemente la ilegalidad de sus alzas. Sin embargo, las isapres siguen subiendo los precios de los planes sin que esto genere una reacción legislativa eficaz.

Las bases del arreglo en la salud están constitucionalmente configuradas. La Constitución trata del mismo modo a los ejemplos centrales de derechos sociales: la salud, la educación y la seguridad social. Ese tratamiento los des-socializa y los convierte en pseudoderechos. Escondida tras el lenguaje de los derechos, la Constitución en realidad protege al mercado: en salud, asegurando que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”; en educación, por la vía de desligar al Estado de la responsabilidad de asegurar el derecho a la educación, imponiéndole el deber de “financiar”, “fomentar” y “estimular”; en seguridad social, atribuyendo al Estado un rol de supervigilancia de las instituciones privadas, cuya existencia queda protegida constitucionalmente. Así, aunque la Constitución usa palabras como “derecho a la educación”, “derecho a la seguridad social” y “derecho a la salud”, en todos los casos se trata de asegurar el mercado y restringir al Estado.

El sistema de salud en Chile está marcado por la competencia y no la colaboración. Lo que antes se conocía como los subsistemas público y privado, acoplados estructuralmente, pasaron a ser dos sistemas que solo se hablan entre sí para efectos de compras y transacciones de mercado. Esto explica el insuficiente gasto en el sistema público respecto de las necesidades poblacionales, los altos costos administrativos y el destierro de cualquier forma de solidaridad social frente al riesgo de enfermar, redundando en una desigualdad evitable instalada en un ámbito profundamente sentido por la población. Como es contraria al mercado, la solidaridad propia de los derechos sociales es inconstitucional.

Pasó el tiempo y el negocio de la salud se expandió. Con la construcción de más y más clínicas privadas, de la mano vino la necesidad de contratar mano de obra calificada. Como el país no cuenta con una política de planificación de los recursos humanos ni con una coordinación institucional real entre las universidades y el Ministerio de Salud respecto de las necesidades de especialistas, ni tampoco una proyección de su distribución geográfica, el resultado ha sido que han primado las reglas del mercado. Así, las clínicas privadas han ido progresivamente captando a especialistas, pauperizando aún más la dotación de los hospitales públicos.

La única respuesta posible es que la salud sea un derecho social, lo que implica la transformación del sistema. Necesitamos movernos hacia un sistema universal de salud. En el mundo existen diversos modelos de organización del sector, unos más estatales, otros con más componente privado sin fines de lucro. Lo decisivo es excluir la lógica de mercado. Para eso es necesario comenzar con la afirmación en la Constitución de la salud como un derecho social. El sentido primario de una declaración de este tipo no es propiciar la judicialización, sino dar cobertura constitucional a las iniciativas transformadoras que, con mayor o menor gradualidad, según el caso, vayan produciendo esa transformación. Es evitar que ocurra otra vez lo que ocurrió con el fondo solidario del AUGE: que sea rechazado alegando que es contrario al derecho de propiedad.

Un sistema de salud regido por el mandato del interés colectivo y no por el lucro sentará las bases para la reorganización del sector. Con esas nuevas bases se podrá cumplir con una exigencia civilizatoria: dar la mejor salud posible a todos los habitantes, sin importar su condición socioeconómica o capacidad de pago. El proceso constituyente es una oportunidad privilegiada para que entre todos discutamos y decidamos si nuestras necesidades de salud han de ser primariamente oportunidades de negocio, o si lo importante es reflejar que la salud es un derecho que nos pertenece a todos por igual como ciudadanos. Un derecho social.

Vivienne Bachelet
Fernando Atria
Miembros del Partido Socialista de Chile

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Instituto Igualdad

Instituto Igualdad

INSTITUTO IGUALDAD es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, creada por el Partido Socialista de Chile. Sus objetivos básicos son la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile, y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad.
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