Rodrigo Cárcamo Hun
Centro de Estudios Instituto Igualdad
Innegable resulta la expectación que generó en 2004, en la intrincada y aún inconclusa consolidación democrática de las relaciones civiles – militares y político – militares en lo que va de democracia, el documento “Ejército de Chile: El Fin de Una Visión” dado a conocer al país por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, General (r) Juan Emilio Cheyre. Al año siguiente, se esfumaba el rol tutelar como garantes de gobernabilidad de las Fuerzas Armadas hasta ese entonces. Muchos pensaron, algunos en ingenuidad, otros en lógica transaccional, que dichos hitos daban forma a una suerte de punto aparte; una incipiente base desde la cual bosquejar un nuevo horizonte, de justicia y verdad, en materia de Derechos Humanos.
Transcurrida más de una década, no sorprende que el actual Comandante en Jefe del Ejército haya reconocido ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, la permanencia en calidad de funcionarios de 36 ex agentes de la DINA, a la vez que negaba posibles pactos de silencio. Esto empeorado faa chilepor la toma de conocimiento pública, en 2009, de la condición de activos de suboficiales y oficiales procesados en virtud de su participación directa en el caso Berríos y en el secuestro y desaparición, en 1987, de 5 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, respectivamente.
Dada así las cosas, la acusación reciente del ex Ministro Alejandro Solis, en cuanto el término repentino de su contrato como futuro asesor en materia de Derechos Humanos de la Corte Suprema habría sido efecto de una intervención fáctica de militares en un poder autónomo del Estado, deja a la vista un asidero más que lógico.
Mucho se ha elucubrado respecto de lo impropio que resulta atribuir responsabilidades en materia de complicidad o autoría de violaciones a los Derechos Humanos en el pasado a funcionarios militares de las Fuerzas Armadas aún en servicio activo y sin proceso judicial en curso. La premisa subyacente resulta del pensar la violación de aquellos y, ante todo, su silencio, como acciones de autoría individual y, si es que no, en el marco de una asociación ilícita, una organización criminal, constituida más allá de todo límite que involucre al Ejército, en particular, y al resto de ramas, en general. Responsabilizar a una institución presente de crímenes del pasado es a todas luces impropio, en la medida que a lo largo de su desarrollo y consolidación democrática de años, haya mediado una transformación estructural de peso. Claramente no es el caso más allá de declaraciones públicas contradichas, por lo demás, con acciones u omisiones posteriores. Por otro lado, el valor ético, con su correspondiente legitimación externa, producto de una transformación voluntaria o general en virtud de una sujeción a un agente principal, esto es la autoridad civil, dista mucho de puntos aparte que no han sido más que efectos de iniciativas en la medida de las posibilidades, carentes de toda tensión necesaria cuando se pretende impugnar las dudas razonables. En instituciones totales, tal cual constituyen las Fuerzas Armadas per se, mediante la jerarquía del mando, no hay espacio para medias tintas.
Esta marginación de la otredad civil, esa característica que los transmuta a funcionarios públicos de una gama peculiar, es la conclusión de un proceso de adoctrinamiento iniciado con la admisión a las Escuelas Matrices. Constituye un ethos que trasciende la misma profesión militar para asentarse en la esfera privada, sea tanto en calidad de funcionario como de retiro. La sociología militar, cosa que no es novedad, es clara en determinar que el ser militar trasciende la calidad de profesión, tal cual se considera la del funcionario público de un servicio cualquiera; es una perspectiva, una forma de vida. Un sacerdocio, parafraseando a Janowitz. Por ello no tiene asidero asumir que ex miembros de las ramas castrenses dejan de ser parte de un todo orgánico con sentido de cuerpo. Si bien el contrato que define funciones determinadas en una entidad específica, el Estado, cesa, resta y permanece la cultura institucional.
Con todo, ha podido constatar a través de los años una divergencia doctrinaria entre la autoridad civil y el cuerpo militar en lo que respecta, específicamente, lo que en tanto no excluye a otras áreas, entiéndase, por ejemplo, financiamiento y uso de recursos por concepto de Ley Reservada del Cobre, al respeto de los Derechos Humanos. También, y especialmente, a su promoción y reivindicación como norma en la dimensión ideacional de los institutos armados.
El sociólogo americano planteaba que para una efectiva subordinación del poder militar a la autoridad civil, el control subjetivo resultaba fundamental. A diferencia de su contracara objetiva, asumía el riesgo que para el equilibrio y supremacía de lo civil, y a fin de cuentas para la estabilidad democrática, significaba la articulación orgánica de un pensamiento estratégico en y desde la Fuerzas Armadas disociada de lo exterior. Similar situación a la descrita por Varas y Agüero para las relaciones entre autoridad política, sociedad y Fuerzas Armadas en el período del TIAR, de la DSN y del enclaustramiento “al garete” en los cuarteles, disociado de toda conducción política – militar.
Con esto, el objetivo fundamental debiese ser la diminución de la brecha entre estos dos protagonistas, tanto en su dimensión ideacional – asimilación de roles propios de la carrera militar – como conductual – comportamiento relativo a los marcos definidos por la autoridad civil -, sin exclusión de la línea burocrática y legal. Un breve paneo a la realidad nacional da cuenta de las deficiencias en alguna de estas dimensiones, especialmente en lo que respecta al tema en cuestión, Derechos Humamos; a la aún restante reforma a la Justicia Militar; a la línea formativa con presencia marginal de contenidos en Derechos Humanos, ampliamente entendidos, en la formación de base de la suboficialidad y oficialidad de las ramas armadas; y a la calidad laboral de militares aún en servicio activo, otrora cuadros de la DINA y CNI, que aunque factor lícito, si reñido con la ética y proyección a la vez de un ser disfuncional con la democracia.
Junto a toda coyuntura crítica y a las reacciones de los actores involucrados y relevantes, sea esta negativa o positiva de acuerdo a preferencias e intereses determinados, viene una ventana de oportunidad para maniobrar una pretensión estratégica. En cuanto política pública, para transformar, avanzar o mantener el statu quo. No solo el llamado caso “Quemados” ha constituido una coyuntura de este tipo, a la vez que ventana de oportunidad para una acción estratégica desde la autoridad civil en la Moneda y Ministerio de Defensa, en vista de reformular y sujetar la autonomía relativa de los aparatos castrenses. Sino que también, la misma intencionalidad del mando militar, en palabras del actual Comandante en Jefe del Ejército en su alocución ante la Comisión arriba mencionada, de no cuestionar, y de paso legitimar, la permanencia de símbolos de la dictadura cívico – militar en espacios de significancia institucionales, constata una desventaja coyuntural relativa en relación a la ganada preeminencia civil.
Dicha plataforma de ventaja relativa debiese proyectarse y cristalizarse en los dos ámbitos principales que, a la luz de los acontecimientos presentes, se han develado como cotos permanentes de apropiación de los mandos militares: la administración de lo militar – institucional y lo cultural. En términos prácticos, esta correlación de fuerzas positiva de la cual es titular la autoridad civil, es el escenario propicio para introducir reformas en lo que se refiere a la malla de contenidos de las Escuelas de formación. Como también para implementar un protocolo de monitoreo, control, sanción en lo respectivo a Derechos Humanos, corrupción y asociaciones ilícitas. La designación del ex Ministro Solis en la cartera de Defensa va en esta línea.
El horizonte debiese ser, en adelante, mermar la brecha civil – militar aún prevaleciente en determinadas y expresas parcelas, entendiendo que a mayor dilatación de esta, aumentan las probabilidades de conflictos – demostraciones de fuerza, entre otras, aunque ya no contubernios de siglo pasado – a causa de acciones unilaterales de las Fuerzas Armadas. Los actores civiles, en especial el Congreso, y dentro de este, la bancada Socialista, debiesen retomar el interés del siglo pasado por lo militar, las relaciones civiles – militares, así como por el análisis de la misma gestión de los riesgos y amenazas de la autoridad civil en materia de instituciones castrenses y gobernabilidad democrática.
