El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo reconoce en su mensaje que el sistema actual de acreditación es débil y por ello se hace necesaria una regulación que asegure estándares mínimos de calidad en las Instituciones de Educación Superior. Estamos frente a un mal proyecto, que debe ser completamente sustituido para que tenga sentido y se logre hacer cargo de un sistema que requiere urgentemente una mayor presencia del Estado en la fiscalización de las instituciones que imparten la educación superior en Chile.
