La Bancada PS presentó este miércoles un proyecto de ley que sanciona a los parlamentarios que ignoran su deber de inhabilidad ante votaciones en las que tienen conflictos de interés. A nombre de los 17 integrantes de la bancada, los diputados Manuel Monsalve, Leonardo Soto y Daniel Melo dijeron que uno de los pilares que captará la atención de los chilenos este 21 de mayo será la llamada agenda de probidad, que la Bancada Socialista busca fortalecer a través de este proyecto. «Hoy ingresamos un proyecto de ley que busca garantizar a los chilenos que cuando en la Cámara de Diputados se vota un proyecto de ley, se vote garantizando los intereses de los ciudadanos y el interés general del país, y no protegiendo intereses particulares», explicó Monsalve, como jefe de la bancada PS.
La propuesta socialista establece un cambio constitucional permitiendo que -de manera inédita – los ciudadanos tengan la facultad de acudir al Tribunal Constitucional para denunciar cuando un parlamentario ha votado teniendo un conflicto de interés.
La iniciativa modifica el artículo 93 de la Constitución, estableciendo sanciones a los parlamentarios que van desde la suspensión hasta la destitución en caso de reincidencia.
«En el caso del numeral 17 habrá acción pública para requerir que el tribunal (TC) se pronuncie acerca de las infracciones denunciadas. En este caso se podrá sancionar al parlamentario con la suspensión de su cargo hasta por sesenta días. El reincidente será sancionado con la suspensión de sus funciones hasta por 180 días e incluso con la pérdida del escaño», dice el texto ingresado a trámite hoy.
Monsalve explicó que es pertinente establecer un proyecto de esta naturaleza pues hoy la norma no establece sanciones a los parlamentarios que incumplen su deber de abstención, y en la práctica el deber de inhabilidad queda a voluntariedad de los congresistas.
A su turno, el diputado Daniel Melo destacó el esfuerzo que se está haciendo por dotar a la ciudadanía de más elementos de fiscalización. «Los socialistas creemos que es necesario avanzar en la agenda de transparencia y esta iniciativa va en esa línea», sostuvo.
Por su parte, el diputado Leonardo Soto, presidente de la comisión de Constitución comprometió un trámite rápido. «Se le estrega la facultad de iniciar este proceso a los ciudadanos y serán ellos quienes podrán reclamar ante el TC que sus parlamentarios están legislando con conflictos de interés. Es una medida que busca aumentar el control social», explicó.
