DANAE MLYNARZ
Cientista Política y Trabajadora Social
En la agenda de probidad y en la reciente Cuenta Pública al país, la Presidenta Michelle Bachelet volvió a mencionar la necesidad de impulsar el Defensor Ciudadano en Chile. Hoy, donde la sensación de abuso en nuestro país es algo latente, junto a la creciente desconfianza que va horadando las relaciones humanas, la convivencia, el sentido de comunidad e incluso el régimen democrático.
En el programa de gobierno de la Presidenta ya aparecía una institución que existe en más de cien países del mundo para defender a las personas: el Ombudsman o Defensor del Pueblo. La que busca promover, defender y proteger los derechos de las personas ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de aquellos que presten servicios públicos.
Sin embargo, quiero recordar que no es la primera vez que esta institución aparece en un programa de gobierno, o que la institución es mencionada en un discurso de 21 de mayo, sino que ha estado muchas veces presente pero no se ha avanzado con decisión en ella. El recordarlo no es para ser fastidiosa y desconfiada, sino que para que con visión de lo sucedido en el pasado esta vez avancemos realmente en su conquista.
La Reforma que crea el ombudsman en Chile está pendiente desde el año 1991. Cuando su implementación surgió como recomendación de la Comisión Rettig, el gobierno de Patricio Aylwin ingresó un proyecto que creaba el Consejo Nacional de Juristas y Defensor del Pueblo, el cual nunca fue tramitado en el Parlamento; durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle en 1997 se presenta un proyecto que crea la Defensoría Nacional del Usuario, el cual tampoco corrió mejor suerte. En el gobierno del Presidente Lagos en el año 2000 se ingresa un proyecto que crea el Defensor del Pueblo, el cual es reemplazado en el año 2003 por el que crea el Defensor del Ciudadano, este proyecto alcanza a tener urgencia del Ejecutivo pero no prospera su discusión parlamentaria. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, en el año 2007 se le realizan indicaciones al proyecto, se le otorga urgencia y comienza su tramitación legislativa. Siendo rechazado en el año 2008 en la Sala de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario para una reforma constitucional.
El primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet repuso el proyecto el año 2009 cambiándole el nombre, denominándolo el Defensor de las Personas y logrando la aprobación por la Cámara de Diputados del Proyecto de Reforma Constitucional. De esta forma, el proyecto logró por primera vez después de casi 20 años avanzar en su primer trámite legislativo, quedando radicado en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. En la campaña presidencial del año 2009 todos los candidatos se manifestaron de acuerdo con la figura, incluso el ex Presidente Sebastian Piñera lo presentaba como una de las medidas a desarrollar en su primer año de gobierno. Sin embargo, durante todo su mandato nunca tuvo urgencia, a pesar de que Naciones Unidas ha recomendado su existencia en el país para velar por los derechos humanos.
Hoy el Defensor nuevamente está en la agenda, esperemos que esta vez pueda dejar de ser un proyecto y se convierta en una realidad, para ello es necesario que se desempolve el proyecto que ya avanzó alguna vez, o bien, ingresar un nuevo proyecto con urgencia de discusión y contar con los votos parlamentarios.
