Álvaro Gallegos, Taller económico de Igualdad, y Grupo Nueva Economía.
Inmediatamente después de su resonante triunfo en las elecciones primarias del 30 de junio, Michelle Bachelet reiteró que entre sus prioridades programáticas se encuentra la reforma tributaria. Esa reforma incluye la desaparición gradual del Fondo de Utilidades Tributarias, más conocido como FUT.
Como señala su slogan de campaña, el propósito del próximo gobierno de la Nueva Mayoría es mayor igualdad y basta de abusos. ¿De qué manera contribuye la eliminación del FUT a ese objetivo?
La respuesta se encuentra en las bases del actual sistema tributario. La primera de ellas es que las rentas que generan las empresas no son gravadas en forma independiente, como en todos los países, sino integradas con las de sus socios o accionistas. La segunda es que los socios o accionistas sólo pagan impuestos por las utilidades distribuidas, es decir, retiros o dividendos, y no por las que son reinvertidas.
En consecuencia, como el Fisco no cobra esos tributos y permite que estos contribuyentes posterguen su pago, lo que en realidad está haciendo es otorgarles un préstamo. Las condiciones de este préstamo presentan varios problemas económicos que se describen en seguida:
• En primer término, el Fisco no aplica intereses sobre este préstamo, es decir, es un crédito a una tasa de UF+0. Un costo de financiamiento tan bajo puede contribuir a crear burbujas de precios de activos, como bienes raíces y títulos accionarios, amenazando la estabilidad financiera.
• En segundo lugar, el bajo costo del financiamiento alienta la ineficiencia económica en el uso de los recursos, pues proyectos muy poco rentables resultan atractivos. No sólo es inversión lo que se financia, también activos improductivos como los vehículos 4×4 facturados a sociedades de inversión o los bienes raíces de sociedades inmobiliarias que se arriendan como oficina o vivienda a los propios contribuyentes.
• Tercero, la limitada capacidad de fiscalización del uso de los recursos alienta una conducta de gasto improductivo que no conduce a generar rentas. Así, los supermercados ofrecen cajas exclusivas para facturas y en los restaurantes, al momento de pagar, preguntan ¿boleta o factura? Tales gastos se imputan al FUT y, paradojalmente, reducen la obligación tributaria pendiente.
• Por último, como no existen plazos para este crédito, una sagaz planificación tributaria permite al contribuyente imputar gastos contra el FUT, de modo que el pago de los impuestos puede ser postergado indefinidamente a su voluntad.
En suma, parafraseando a Kundera, las condiciones de este financiamiento fiscal adolecen de una insoportable levedad.
Por otra parte, la evaluación en términos sociales no es mejor.
El sistema contribuye sensiblemente a la inequidad horizontal pues sus beneficios sólo son accesibles a socios y accionistas de empresas. Un trabajador no puede postergar el impuesto que se le descuenta por planilla cada mes, tampoco el trabajador contratado a honorarios. Menos lo puede hacer el consumidor con el IVA que se le cobra en la boleta de compras.
Bajo este sistema, quienes obtienen sus ingresos de las rentas del capital pagan impuestos inferiores a los de los chilenos que viven de su trabajo. Los socios y accionistas pueden eludir por la vía del FUT el pago del IVA y del global complementario. En cambio, los trabajadores deben pagar una tasa progresiva que culmina en un 40 % y todos ellos, incluso el trabajador que gana el salario mínimo, deben pagar el 19 % de IVA.
No es de extrañarse que, al contrario de lo que ocurre en los países civilizados en materia tributaria, la desigualdad en Chile aumente después de la aplicación de impuestos.
En resumen, tanto desde la perspectiva de la eficiencia económica como de la equidad social, el sistema integrado del FUT presenta serios inconvenientes y su reforma es un imperativo político.
Si se reconoce la esencia financiera del FUT y el Fisco actúa como un acreedor medianamente responsable, se reunirían recursos suficientes para llevar adelante el programa de la Nueva Mayoría.
En efecto, el monto acumulado de impuestos pendientes en el FUT se estima como máximo en el orden de 50.000 millones de dólares. Bajo ese supuesto, aplicar intereses a este financiamiento tendría un alto rendimiento fiscal. Una tasa de 3 % recaudaría US$ 1.500 millones anuales y una amortización de 10 % prometería ingresar otros US$ 5 mil millones por año a las arcas fiscales.