El establecimiento de elecciones primarias para la designación de los candidatos más significativos del sistema político institucional significa un paso hacia la relegitimación de la actividad política, por cuanto democratiza una instancia percibida por la opinión pública como una zona gris operada por las élites de los partidos. Asimismo, supone un fortalecimiento en el ejercicio de los derechos fundamentales, toda vez que le reconoce a la decisión popular una influencia mucho mayor en el actuar de sus representantes.
Por sí sola, la dimensión ya referida justifica la Ley de Primarias (Ley N° 20.640) que el Congreso Nacional despachó el 2 de octubre de 2012 y que fuera publicada en diciembre pasado. Esta ley establece un sistema de elecciones para que los partidos políticos, y en su caso los pactos de partidos, designen a sus candidatos a Presidente de la República, a alcaldes y parlamentarios. Grosso modo, este procedimiento de selección es voluntario y vinculante para las colectividades y pactos que decidan realizarlas. Sin embargo, y no obstante que este mecanismo aún no se estrena en sociedad, ya han surgido críticas a sus normas e incluso a carencias evidentes en sus disposiciones que precisamente atentan contra una mayor y mejor participación de la ciudadanía.
En el primer grupo podemos constatar aquellas referidas a la confidencialidad del voto, la cual debe garantizarse, por ejemplo, a través de una cédula única para cada tipo de elección, que contenga a todos los candidatos agrupados por sus pactos, y no en papeletas o cédulas separadas por alianza, como determina la actual ley.
Otro perfeccionamiento es aquel que reafirme la norma que establece que la elección primaria parlamentaria decide sobre los dos cupos a elegir en cada circunscripción o distrito y que excepcionalmente los pactos puedan determinar, en aras de preservar las coaliciones políticas, que se elija solamente un cupo por esta vía.
En relación a las carencias, lamentamos la oposición del Gobierno a incorporar dos materias relevantes. Una primera es disponer de una franja televisiva de propaganda gratuita para que los candidatos a las primarias puedan difundir sus programas y así mejorar la calidad del debate político. La otra se refiere a la necesidad de contar con transporte público gratuito el día de las primarias (lo mismo también debiera ocurrir en las elecciones generales). Ello estimularía una mayor participación y evitaría la práctica del “acarreo”, que tanto daño hace a la democracia.
En fin, estamos en presencia de una Ley de Primarias que, antes de su estreno en democracia, ya acumula un conjunto de críticas que deben urgentemente ser resueltas para que efectivamente cumpla con sus objetivos de profundización democrática.
“Acumula un conjunto de críticas que deben urgentemente ser resueltas”.