Por José Díaz Gallardo, Coordinador del Taller de Defensa Instituto Igualdad.
El 25 de marzo pasado, durante el VIII Congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) realizado en Cochabamba, se hicieron presentes los jefes máximos de las fuerzas armadas y de la policía boliviana, entre los que se encontraban el general Tito Gandarillas (Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.) y el Jefe de la Policía, el general Jorge Santiesteban. Su presencia fue criticada por opositores, como Juan del Granado, jefe del Movimiento Sin Miedo (ex aliado del MAS) y por dirigentes de la derecha y ex militares; todos quienes censuraron la participación castrense en el evento partidista. Por esos mismos días, algunos medios bolivianos editorializaron en este mismo sentido.
Las fuerzas opositoras han puesto el acento en que se está vulnerando la Constitución Política del Estado, que establece en su artículo N° 245, que las FF.AA. no pueden deliberar ni participar en actos partidistas, y lo mismo respecto a la Policía en el artículo N° 251. Otros han destacado que la violación de la norma legal no se trataría ni de descuido ni confusión alguna, y que tampoco sería una ingenua demostración de agradecimiento de las FF.AA. a la preocupación gubernamental; sino una maniobra para demostrar que el gobierno tiene el respaldo del estamento militar, y el control de estas instituciones.
Por su parte, los militares explicaron su concurrencia al acto en una Declaración del Comando Conjunto que sostiene que él, “mando militar asistió a dicho evento, como símbolo no sólo de agradecimiento sino también como respaldo a las actuales políticas del proceso de cambio inmersas en la nueva Constitución Política del Estado, en la cual se establece que las FFAA cumplen un rol totalmente distinto, puesto que hoy las FFAA participan activamente en distintas actividades como: seguridad ciudadana, salud, educación, pago de bonos sociales y otros”. El texto también sostiene que “asistir a los congresos sociales que se han llevado a cabo no es una vergüenza sino un orgullo porque las FFAA son parte del pueblo y ahora están al servicio del mismo en los distintos confines del país”. Finalmente precisa que “desde que (Evo Morales) asumió la presidencia ha brindado bastante apoyo que ha permitido la repotenciación y modernización de la institución fundamental de la Patria”.
En esta declaración, queda claro que uno de los principales motivos que explican la concurrencia al acto partidista de los mandos castrenses bolivianos, es el agradecimiento corporativo por la preocupación demostrada por el gobierno del MAS, por la situación de postergación en que se encontraban las instituciones de la defensa, así como por la ampliación de sus roles corporativos. Desde el inicio del profundo proceso de cambio que vive Bolivia, en enero del 2006, las autoridades políticas se han preocupado tanto de mejorar la deteriorada situación del equipamiento militar (en particular de los sistemas de armas obsoletos) como de incluir a los militares en los diversos programas sociales que vienen impulsando.
Este mayor protagonismo de las instituciones armadas se debe, en parte al menos, a que representan un activo estatal más eficiente y eficaz que gran parte de la administración pública civil del país. Caso emblemático lo representa la distribución y entrega de bonos creados para favorecer a segmentos postergados de la población; como por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que es un aporte directo, de carácter anual, a la permanencia de escolares en el nivel de educación primaria. Para su entrega, especialmente en las zonas rurales, el personal de las FF.AA. cumple un rol destacado.
Pero todo indica que el esfuerzo de tener buenas relaciones con las FF.AA. forma parte de un diseño de carácter estratégico del gobierno masista; que dice relación al rol que deben cumplir las instituciones de la defensa en la “revolución democrática” que vive el país. Lo anterior es más evidente si se tiene en consideración la historia reciente de los movimientos sociales que conforman la base principal de apoyo social y político del MAS. Estas organizaciones, justificadamente tenían muchas reticencias con el actor castrense, debido a la participación de los militares en los procesos de erradicación de la hoja de coca, y en las dictaduras de las décadas de los 70 y 80.
En la historia contemporánea boliviana, un período de fuerte partidización de las FF.AA. se produjo con posterioridad a la “revolución nacional” de 1952, cuando se inician una serie de gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). La revolución del 52, supuso la derrota del Ejército a manos de una alianza entre milicias populares y la Policía. El Ejército fue castigado por medio del pase a retiro decena de oficiales, y con el cierre, por algún tiempo, de sus escuelas de formación.
La politización activa se expresó subordinando a las FF.AA. al partido, ante el cual debían jurar vistiendo uniforme y en forma colectiva. También se constituyó un “núcleo político” del partido gobernante al interior de las instituciones castrenses. La experiencia no terminó bien para el partido de gobierno: en noviembre de 1964 el general René Barrientos, jefe de la “célula militar”, puso fin al reinado del MNR. Este golpe de estado inauguró un largo período de gobiernos militares, de distinto signo, que culminó con la vuelta a la democracia en 1982.
En la actualidad este esfuerzo de involucramiento, de politización de las instituciones de la defensa, parece constituir un enfoque compartido por un sector de la izquierda latinoamericana. En términos generales, consiste en un diseño de las FF.AA. directamente involucradas en programas de desarrollo (en planes de salud, educación y vivienda) formando parte de instancias decisorias de desarrollo regional y de otras oficinas gubernamentales. Sus miembros deben hacer gestos de pleitesía a las autoridades políticas del momento. Junto a lo anterior, se impulsa un plan generoso de equipamiento, de compra de sistemas de armas, cuestión que con frecuencia había sido postergada en el pasado.
Modelo de relaciones cívico-militares cuyos ejes de preocupación son diametralmente opuestos a los que se esfuerzan en transitar la mayoría de los gobiernos de la región. Proceso que autores como Narcis Serra (ex ministro de Defensa español 1982-1991) denominan reforma democrática de las fuerzas armadas, y que en síntesis, tiene como objetivo avanzar a la consolidación democrática a través de un liderazgo civil del sector de la defensa, la reducción de las prerrogativas militares y un profesionalismo militar a político. Esfuerzo inconcluso en la región, incluso con signos de estancamiento en algunos países, pero que parece la única vía para construir democracias maduras, legitimadas.
El debate que hoy se produce en Bolivia es particularmente complejo, política e históricamente; escapa a la pretensión de este artículo abordarlo en detalle. Se trata de temas especialmente sensibles para las relaciones cívico militares en una sociedad democrática. También se plantean cuestiones tan o más importantes que las anteriores, como la consecuencia democrática de autoridades elegidas en las urnas, cuestión que se debiera expresar, entre otras cosas, en el respeto al ordenamiento constitucional que rige la convivencia nacional.